El senador fujimorista Juan Carlos del Águila respaldó la restitución del sistema suspendido en 1999 y pidió que el Congreso examine la iniciativa. La propuesta recupera antecedentes legislativos de 2024 y un anuncio del Gobierno de Dina Boluarte en 2025. La formación militar, la disciplina, la capacitación laboral y la prevención del reclutamiento juvenil por organizaciones criminales vuelven al centro de la discusión.
Lima – 14 Octubre 2026 – Total News Agency – TNA. El regreso del servicio militar obligatorio volvió a instalarse en el debate político peruano después de que el senador Juan Carlos del Águila, integrante de Fuerza Popular, expresara públicamente su respaldo a una eventual restitución del sistema que dejó de ser obligatorio a fines de la década de 1990. La iniciativa reabre una discusión vinculada con la formación de los jóvenes, la seguridad nacional y las herramientas del Estado para enfrentar el avance de la delincuencia organizada, el narcotráfico y las organizaciones dedicadas a la extorsión y el sicariato.
Durante una entrevista radial concedida este miércoles, el legislador manifestó que considera conveniente examinar el retorno de la conscripción, recordando su propia experiencia con la instrucción militar durante su juventud.
“Particularmente, yo estaría de acuerdo. En mis tiempos había servicio militar y muchos hemos participado de ello, no solamente en el colegio, sino inclusive después del colegio. Creo que es una materia que debe evaluarse para que retorne”, sostuvo Del Águila, quien representa a la región de Loreto e integra la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Senado.
Consultado sobre la posibilidad de avanzar con una iniciativa legislativa, el parlamentario respondió “sin duda” y destacó que las propuestas relacionadas con la defensa nacional deben atravesar un proceso de evaluación en las cámaras del Congreso.
“Yo creo que todos los debates son bienvenidos. Los temas que se plantean, primero a nivel del Poder Ejecutivo o de diputados, finalmente en la Cámara de Senadores tienen que ser debidamente evaluados”, agregó.
Las declaraciones adquieren especial relevancia porque Perú recuperó en julio de 2026 el sistema legislativo bicameral. El nuevo Senado está integrado por 60 representantes, de los cuales 22 pertenecen a Fuerza Popular, convirtiendo al espacio político vinculado con Keiko Fujimori en la bancada más numerosa de la Cámara alta.
El pronunciamiento de Del Águila no constituye todavía la aprobación de un proyecto ni implica que el servicio militar obligatorio haya sido restablecido. Sin embargo, incorpora nuevamente la cuestión a la agenda parlamentaria y recupera iniciativas que diferentes sectores políticos impulsaron durante los últimos años ante el deterioro de la seguridad ciudadana.
Perú abandonó el sistema de reclutamiento obligatorio mediante la legislación sancionada en 1999, que comenzó a regir en enero de 2000. Posteriormente, la Ley 29.248, aprobada en 2008, consolidó un régimen de servicio militar voluntario y prohibió expresamente el reclutamiento forzoso como procedimiento de incorporación a las Fuerzas Armadas.
Actualmente, los jóvenes peruanos de entre 18 y 30 años pueden incorporarse voluntariamente al Ejército, la Marina de Guerra o la Fuerza Aérea, mediante un sistema que ofrece asignaciones económicas, alimentación, asistencia sanitaria, capacitación técnica y oportunidades de desarrollo educativo.
La inscripción en el Registro Militar, en cambio, continúa siendo obligatoria al cumplir los 17 años, una distinción importante porque registrarse no significa necesariamente incorporarse a una unidad militar.
La eventual restitución de la obligatoriedad exigiría una reforma de la legislación vigente y una definición precisa sobre los ciudadanos alcanzados, los períodos de instrucción, las excepciones, los mecanismos de selección y las garantías destinadas a evitar prácticas discriminatorias.
La discusión no es nueva. En diciembre de 2024, la entonces congresista María Acuña, de Alianza para el Progreso, promovió una iniciativa para recuperar la incorporación obligatoria de determinados jóvenes, vinculando la propuesta con la necesidad de reducir la participación juvenil en actividades delictivas.
Acuña sostuvo que el servicio militar podía convertirse en una alternativa de formación para personas expuestas a las organizaciones criminales, particularmente aquellas involucradas en delitos de extorsión, secuestro, robo y sicariato.
En aquel momento, la Municipalidad de Los Olivos, uno de los distritos limeños afectados por problemas de inseguridad, también planteó la conveniencia de analizar mecanismos similares para ofrecer capacitación y orientación a jóvenes sin empleo ni estudios.
El debate alcanzó una dimensión gubernamental en marzo de 2025, cuando la administración de Dina Boluarte anunció, después de una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), que impulsaría ante el Congreso un proyecto para restablecer el servicio militar y policial obligatorio.
La propuesta formaba parte de un conjunto de decisiones destinadas a fortalecer las capacidades de las instituciones de seguridad frente al crimen organizado. Entre las medidas examinadas figuraban el mejoramiento de la inteligencia policial, la incorporación de personal licenciado de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional y el fortalecimiento de los mecanismos de control migratorio.
El Gobierno también había anunciado una mayor coordinación entre organismos estatales para combatir las bandas criminales, que durante los últimos años extendieron sus operaciones hacia actividades comerciales, transporte, construcción y otros sectores económicos.
La inseguridad se convirtió así en uno de los principales argumentos utilizados por quienes promueven recuperar alguna modalidad de servicio militar obligatorio. Sus defensores consideran que una experiencia de formación organizada podría proporcionar hábitos de disciplina, conocimientos técnicos, preparación física y herramientas de inserción laboral a jóvenes que encuentran dificultades para acceder a oportunidades educativas y profesionales.
Sin embargo, la discusión legislativa también deberá determinar si la incorporación obligatoria a las Fuerzas Armadas constituye un instrumento adecuado para alcanzar objetivos vinculados con la prevención del delito, una tarea que corresponde principalmente a las instituciones policiales, judiciales y educativas.
Desde una perspectiva de defensa nacional, la preparación militar posee finalidades específicas: formar personal capaz de incorporarse a las fuerzas, fortalecer las reservas y proporcionar conocimientos necesarios para participar en la protección del territorio y de los intereses estratégicos del Estado.
En el caso peruano, esas funciones adquieren especial importancia por la extensión de sus fronteras, la presencia de regiones selváticas de difícil acceso, las actividades vinculadas con la minería ilegal y el narcotráfico, y la necesidad de mantener capacidades militares adaptadas a distintos escenarios geográficos.
Precisamente, durante septiembre, Del Águila participó en reuniones con autoridades militares y policiales en Iquitos, donde se analizaron problemas de seguridad en Loreto, particularmente en las zonas fronterizas afectadas por actividades delictivas y economías ilegales.
La formación de ciudadanos mediante un eventual servicio obligatorio también requeriría inversiones significativas en instalaciones, instructores, equipamiento, alimentación, asistencia médica y programas educativos. Un sistema de incorporación masiva no podría funcionar exclusivamente mediante la aprobación de una ley, sino que necesitaría planificación presupuestaria y capacidad operativa de las instituciones militares.
Otro elemento relevante apareció en abril de 2026, cuando el Ministerio de Defensa publicó un proyecto normativo destinado a actualizar la legislación sobre inscripción militar, prestación del servicio y organización de las reservas para la movilización de recursos humanos.
La propuesta, difundida mediante la Resolución Ministerial 00389-2026-DE, abrió una instancia de evaluación sobre la adecuación de los procedimientos militares a las necesidades actuales de defensa, aunque su publicación no significó la restitución de la conscripción obligatoria.
El debate peruano también registra antecedentes políticos dentro del propio fujimorismo. Durante la campaña presidencial de 2011, la entonces candidata Keiko Fujimori descartó que su programa contemplara el regreso del servicio militar obligatorio, después de que la legisladora Luisa María Cuculiza defendiera públicamente la posibilidad de recuperar el reclutamiento.
En aquella oportunidad, Fujimori aclaró que se trataba de una posición individual de la congresista. El nuevo pronunciamiento de Del Águila vuelve a colocar el tema dentro de un espacio político con considerable representación parlamentaria, aunque será necesario establecer si la bancada decide convertirlo en una iniciativa institucional.
La discusión también se produce en un contexto internacional en el que varios países revisan sus sistemas de incorporación militar ante el deterioro de la seguridad global, las necesidades de movilización y el incremento de las exigencias tecnológicas de las Fuerzas Armadas.
Para Perú, el interrogante principal consiste en determinar qué modelo permitiría fortalecer la preparación nacional sin descuidar las necesidades educativas, laborales y sociales de la población joven. Una eventual reforma debería establecer si el objetivo es aumentar el número de efectivos, desarrollar reservas instruidas, ampliar la formación técnica o combinar esas funciones mediante mecanismos diferenciados.
Las declaraciones del senador Del Águila representan, por ahora, una manifestación política favorable a reabrir una cuestión que permanece sin resolución desde hace años. Su tratamiento en el nuevo Congreso bicameral permitirá conocer si existe respaldo suficiente para transformar las iniciativas anteriores en una reforma legislativa, en un momento en que la seguridad ciudadana, la formación de los jóvenes y el fortalecimiento de las instituciones militares ocupan un lugar destacado en la agenda peruana.
Fuentes consultadas: Exitosa Noticias, declaraciones de Juan Carlos del Águila del 14 de octubre de 2026; Congreso de la República del Perú; Senado de la República; Ministerio de Defensa; Ley 29.248 del Servicio Militar; Resolución Ministerial 00389-2026-DE; Presidencia del Perú, comunicado del CONASEC del 18 de marzo de 2025; RPP Noticias.
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