El juez federal Ariel Lijo amplió el procesamiento del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad y avanzó contra otros 19 exfuncionarios y empresarios por presuntas compras direccionadas, sobreprecios y pagos ilegales. La investigación apunta a una estructura que habría utilizado fondos destinados a personas con discapacidad para beneficiar a proveedores y distribuir retornos económicos. Los auditores identificaron diferencias de precios superiores a $7.833 millones, una cifra provisional que podría ampliarse.
Buenos Aires – 16 Octubre 2026 – Total News Agency – TNA. La investigación judicial sobre presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó este viernes un nuevo capítulo que compromete al exdirector del organismo Diego Spagnuolo, luego de que el juez federal Ariel Lijo ampliara su procesamiento y avanzara contra otros 19 imputados por un esquema de contrataciones presuntamente direccionadas, sobreprecios y pagos de sobornos vinculados con la adquisición de medicamentos e insumos médicos destinados a personas con discapacidad.
La decisión judicial profundiza el alcance de una causa que investiga el manejo de fondos públicos destinados a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. Según las auditorías incorporadas al expediente, las diferencias detectadas entre los precios abonados y los valores de referencia ascienden provisionalmente a $7.833.872.357, aunque el relevamiento todavía no comprende la totalidad de las operaciones realizadas durante el período investigado.
El magistrado, que interviene como subrogante del Juzgado Federal N.º 11, dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de 19 personas y amplió las acusaciones contra otros cinco imputados que ya habían sido procesados en febrero de este año, decisión posteriormente confirmada por la Cámara Federal porteña.
Entre los principales acusados aparecen Spagnuolo, su exsegundo en el organismo Daniel Garbellini y el empresario Miguel Ángel Calvete, a quienes la resolución atribuye, con el grado de sospecha exigido en esta etapa procesal, funciones de conducción dentro de una presunta asociación ilícita. También se amplió el procesamiento de Andrés Arnaudo y Federico Santich, señalados como integrantes de la organización investigada.
La pesquisa, impulsada por el fiscal federal Franco Picardi, reconstruyó una estructura que habría operado entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, coincidiendo con la conducción de Spagnuolo al frente de la agencia. El mecanismo bajo investigación habría permitido seleccionar proveedores, anticipar información privilegiada, simular competencia entre empresas y orientar adjudicaciones a determinadas firmas a cambio de beneficios económicos ilegales.
El eje de esta nueva etapa se encuentra en el Programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura sanitaria a beneficiarios de pensiones no contributivas que no disponen de otra cobertura médica. Entre los productos alcanzados por las operaciones investigadas aparecen prótesis, implantes cocleares, audífonos, elementos de traumatología, materiales quirúrgicos, sillas de ruedas y dispositivos de asistencia para personas con movilidad reducida.
La dimensión económica de las irregularidades detectadas resulta particularmente significativa. Un relevamiento técnico del Ministerio de Salud identificó diferencias de precios por $1.849.277.963 en seis categorías de insumos médicos y ortopédicos. Esa cifra se suma a los $5.984.594.394 que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) había establecido de manera provisoria en compras de medicamentos.
La suma de ambos rubros supera los $7.833 millones, aunque el juzgado aclaró que se trata de una estimación parcial construida sobre aquellas operaciones que pudieron compararse con valores de referencia. Por lo tanto, la investigación deberá establecer qué proporción de esas diferencias corresponde efectivamente a pagos injustificados y cuál fue el eventual perjuicio definitivo sufrido por el Estado.
Otra de las líneas examinadas comprende operaciones por aproximadamente $75,5 millones, vinculadas con un circuito específico de compras de insumos de alto costo y presuntos retornos económicos. Esa cifra corresponde a un conjunto particular de operaciones y no debe confundirse con el monto global de diferencias de precios detectadas por las auditorías.
La resolución judicial también compromete a empresarios y representantes de distintas proveedoras, entre ellas Expo Trauma, Artrobone Ortopedia, Cirugía Alemana Insumos Médicos, Farma Salud, Med-El Latino América, Neurosalud, Ortopedia Bernat y otras firmas que participaron en contrataciones con el organismo.
Entre los procesados figuran Emilio César Olguín, Evangelina Ileana García, Martín Goncalo Armella, Claudio Alejandro Kahn, Osmar Mariano Caballi, Humberto Gabriel Maone y Fabián César Piedimonte, junto con otros empresarios y operadores vinculados con las sociedades examinadas.
En paralelo, la Justicia avanzó sobre Alan Pocovi y Sergio Mastropietro, acusados de integrar circuitos financieros y comerciales presuntamente utilizados para movilizar fondos provenientes de las maniobras investigadas. En sus casos, las imputaciones incluyen asociación ilícita y lavado de activos agravado.
Los investigadores procuran determinar si existió una distribución sistemática de funciones entre funcionarios públicos, intermediarios y empresarios, destinada a manipular procesos de contratación y facilitar la circulación de dinero fuera de los mecanismos regulares de control.
El expediente también examina la intervención de personal administrativo de la agencia en la preparación de invitaciones a proveedores, el seguimiento de expedientes y la gestión de pagos. Estas actividades resultan centrales para establecer si las supuestas irregularidades respondieron a decisiones aisladas o a un sistema organizado de contrataciones.
La investigación abre además un interrogante institucional sobre los controles internos y externos de la ANDIS durante casi dos años de funcionamiento bajo la conducción de Spagnuolo. La existencia de diferencias multimillonarias entre precios abonados y valores de referencia exige conocer quiénes autorizaron las compras, qué procedimientos competitivos se utilizaron, qué funcionarios certificaron las prestaciones y qué mecanismos de auditoría estaban vigentes.
El caso adquiere una gravedad particular por el destino de los recursos comprometidos. No se trata de adquisiciones administrativas de carácter general, sino de medicamentos y dispositivos indispensables para tratamientos médicos, rehabilitación, audición, movilidad y atención de personas con enfermedades graves.
Mientras el Estado destinaba fondos multimillonarios a esas prestaciones, la Justicia investiga si parte del presupuesto terminó beneficiando irregularmente a proveedores e intermediarios mediante precios superiores a los valores de referencia y adjudicaciones condicionadas por acuerdos ilegales.
El procesamiento constituye una resolución judicial que permite avanzar con la causa, pero no equivale a una condena definitiva. La responsabilidad penal de cada involucrado deberá determinarse conforme avance el expediente y, eventualmente, durante el juicio oral.
Lijo también dictó falta de mérito para otras 11 personas, al considerar que todavía no existen elementos suficientes para procesarlas o desvincularlas definitivamente, y ordenó profundizar las medidas probatorias.
El avance judicial vuelve a colocar bajo examen la administración de fondos destinados a discapacidad durante el Gobierno de Javier Milei, en una causa que ya superó las denuncias iniciales para incorporar auditorías, documentación comercial, movimientos financieros y una estructura de imputaciones que alcanza tanto a antiguos responsables del organismo como a representantes del sector privado.
La nueva resolución deja planteada una tarea de considerable alcance para la Justicia: reconstruir el destino de los fondos, identificar a quienes autorizaron y ejecutaron las operaciones investigadas y establecer si los presuntos sobreprecios y retornos constituyeron un mecanismo sostenido de apropiación irregular de recursos públicos. El resultado de esa investigación será determinante para conocer no solamente las responsabilidades penales individuales, sino también por qué los controles de un organismo encargado de financiar prestaciones esenciales no detectaron oportunamente las diferencias económicas que ahora examinan los tribunales.
Fuentes consultadas: Resolución judicial del 16 de octubre de 2026, difundida por fuentes judiciales; Fiscalía Federal de Franco Picardi; Procuraduría de Investigaciones Administrativas; auditorías del Ministerio de Salud; TN; Tiempo Judicial; antecedentes de la causa ANDIS y decisiones de la Cámara Federal porteña.
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