Una obra de apenas 9,7 kilómetros, adjudicada en 2021 por $1.773 millones para terminarse en un año, ya acumula compromisos contractuales cercanos a $7.000 millones y tiene una nueva fecha de finalización en octubre de 2027. La contratista Fontana Nicastro está vinculada a un empresario imputado en la Causa Cuadernos. El caso reabre los interrogantes que TNA planteó sobre el manejo multimillonario de fondos públicos mediante renegociaciones, ampliaciones y redeterminaciones autorizadas por funcionarios provinciales, cuya fiscalización efectiva exige explicaciones.
La Plata – 16 Octubre 2026 – Total News Agency – TNA. La administración del gobernador Axel Kicillof vuelve a quedar bajo cuestionamiento por una obra vial cuyos costos y plazos de ejecución se multiplicaron a lo largo de sucesivas decisiones administrativas. Se trata de la repavimentación y puesta en valor de la Ruta Provincial 49, entre Lomas de Zamora y Quilmes, un tramo de apenas 9.773 metros que debía completarse en 365 días y cuya finalización fue postergada hasta el 11 de octubre de 2027, casi seis años después de la firma del contrato original.
La obra fue adjudicada a Fontana Nicastro SAC, empresa relacionada con Pablo José Gutiérrez, uno de los empresarios imputados en la investigación judicial sobre la presunta cartelización de la obra pública conocida como Causa Cuadernos. Su vinculación con ese expediente agrega especial interés sobre los controles de contratación y seguimiento de las obras que la compañía continúa ejecutando para el Estado provincial.
El contrato fue firmado el 10 de noviembre de 2021, por $1.773.662.012, y el acta de replanteo se suscribió el 9 de diciembre de aquel año. La fecha inicial de finalización debía ubicarse en diciembre de 2022. Sin embargo, el proyecto comenzó a acumular modificaciones, paralizaciones y ampliaciones de plazo que alteraron sustancialmente aquellas condiciones.
El 25 de julio de 2023, la provincia renegoció el contrato por $6.390.751.170, un monto equivalente a 3,6 veces el presupuesto original, acompañado de una extensión de 420 días. Posteriormente, la Dirección de Vialidad aprobó nuevas neutralizaciones y ampliaciones que trasladaron sucesivamente la terminación al 27 de septiembre de 2024, al 4 de marzo de 2025, al 2 de julio y luego al 5 de octubre de ese mismo año.
Pero tampoco entonces concluyeron las obras. En diciembre de 2025 se formalizó otra neutralización de los plazos y durante 2026 se aprobó una modificación contractual adicional por $592.858.383, junto con otros 420 días de ejecución. El 30 de julio se firmó una nueva acta de reinicio y la culminación quedó proyectada para octubre de 2027.
De esta manera, la renegociación de $6.390 millones y la modificación posterior por $592,8 millones representan, consideradas conjuntamente, aproximadamente $6.983 millones, casi cuatro veces el importe inicial, sin incluir el eventual efecto adicional de nuevas redeterminaciones que deban computarse separadamente.
La última resolución, identificada como 1499/2026 de la Dirección de Vialidad bonaerense, publicada el 9 de octubre, también contempla actualizaciones provisorias correspondientes a certificados de julio y agosto de este año, lo que confirma que el expediente continúa generando obligaciones y actuaciones económicas.
El problema de fondo ya no es solamente cuánto cuesta repavimentar una ruta, sino quién decide cuánto más debe pagar el Estado, quién controla esas decisiones y qué responsabilidades existen cuando una obra prevista para doce meses necesita casi seis años para completarse.
El expediente involucra a la Dirección de Vialidad provincial, encabezada por Roberto Caggiano, bajo la órbita del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos que conduce Gabriel Katopodis, dentro de la administración de Kicillof.
Se trata de una estructura que administra contratos de miles de millones de pesos y dispone de facultades para tramitar modificaciones de obra, reconocer mayores costos, aprobar certificados y establecer nuevos cronogramas mediante procedimientos administrativos.
La concentración de esas decisiones en organismos técnicos y autoridades ejecutivas exige controles efectivos, públicos y verificables. Las resoluciones publicadas permiten reconstruir determinados movimientos contractuales, pero no bastan para conocer la totalidad de las mediciones de avance físico, la correspondencia entre costos reconocidos y trabajos ejecutados, las responsabilidades por las demoras ni la intervención de los órganos de fiscalización.
Total News Agency ya había advertido sobre este mecanismo el pasado 10 de octubre, al investigar las demoras y el incremento contractual de otra obra bonaerense: la Ruta Provincial 205, entre Ezeiza y Cañuelas.
En aquel caso, la repavimentación de 15,4 kilómetros, contratada por $3.747 millones, terminó con un monto actualizado de $12.781 millones, mientras continuaban las actuaciones administrativas después de la fecha originalmente prevista para su conclusión, el 31 de julio de 2024.
La reiteración del fenómeno merece una investigación que vaya más allá de cada expediente individual. Dos obras, ambas bajo responsabilidad de Vialidad bonaerense, muestran incrementos contractuales superiores al 240% y demoras significativas. Estos aumentos nominales no demuestran por sí mismos sobreprecios, especialmente en un período de elevada inflación, pero obligan a examinar cuánto corresponde a actualizaciones justificadas, cuánto a modificaciones del proyecto y cuánto a costos derivados de una ejecución que se prolonga durante años.
Cada ampliación de plazo, neutralización o redeterminación coloca en manos de funcionarios públicos decisiones de enorme trascendencia económica. La acumulación de esas facultades, cuando los controles externos no son suficientemente transparentes, abre espacios de discrecionalidad que pueden favorecer intereses particulares y dificultar la identificación de responsabilidades.
En ese sentido, el antecedente judicial de la contratista tampoco puede pasar inadvertido. Pablo José Gutiérrez, representante de Fontana Nicastro, figura entre los empresarios acusados en el expediente derivado de la Causa Cuadernos que investiga el presunto reparto de licitaciones y pagos ilegales relacionados con contratos viales.
La acusación fiscal vinculó a la firma con el esquema conocido como “La Camarita”, en el que empresarios y funcionarios habrían intervenido en mecanismos de adjudicación de obras y pagos de sobornos. En mayo de 2026, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó una presentación de Gutiérrez y otro empresario que procuraban evitar la continuidad del juicio mediante una reparación económica.
Esos antecedentes corresponden a hechos investigados en contratos nacionales anteriores y no prueban irregularidades en la adjudicación o ejecución de la Ruta 49. Sin embargo, justifican examinar qué evaluaciones de integridad y antecedentes contractuales efectuó la provincia al adjudicar y mantener la relación con la empresa.
Mientras tanto, el Gobierno bonaerense ha difundido reiterados anuncios sobre los avances de la Ruta 49. En noviembre de 2024, Caggiano destacó la importancia de la intervención para la conectividad regional. En abril y junio de 2025, el ministerio conducido por Katopodis volvió a informar que los trabajos continuaban, detallando tareas de bacheo de hormigón, ampliación de calzada, obras hidráulicas, instalación de iluminación LED, semáforos y señalización.
Durante mayo de 2025 quedó habilitado el paso bajo nivel Manuel Belgrano, una intervención comprendida en el proyecto. No obstante, informaciones locales de octubre de 2026 indicaron que los trabajos generales todavía no habían alcanzado el sector de Quilmes previsto en el contrato.
Para los aproximadamente 22.000 vehículos diarios que utilizan ese corredor, los cambios de fecha no constituyen una simple cuestión burocrática: representan años de espera para acceder a condiciones adecuadas de circulación y seguridad vial.
La administración provincial debería publicar el detalle completo de las redeterminaciones, los informes de inspección, las razones técnicas de cada neutralización, el porcentaje de ejecución física y financiera, las eventuales penalidades aplicadas y los dictámenes que respaldaron las nuevas obligaciones económicas.
También corresponde conocer qué controles ejercieron la Contaduría General, la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas bonaerense, según las competencias de cada organismo, y cuáles fueron las decisiones concretas de los funcionarios intervinientes.
La cuestión política alcanza directamente al gobernador Kicillof, responsable de una administración que presenta la continuidad de la obra pública como una de sus principales políticas de gestión. Esa prioridad exige demostrar no solamente que las obras se anuncian o reinician, sino que se terminan dentro de plazos razonables y que los recursos adicionales reconocidos tienen una justificación técnica verificable.
Cuando contratos inicialmente millonarios terminan comprometiendo miles de millones adicionales mediante expedientes que se extienden durante años, el problema de administración se convierte también en un asunto de transparencia institucional. La fiscalización no puede agotarse en que los mismos circuitos administrativos que tramitan los mayores costos produzcan las justificaciones para autorizarlos; requiere documentación accesible, revisión independiente y responsabilidades identificables, especialmente cuando los antecedentes de la obra y de su contratista aconsejan extremar la vigilancia sobre el dinero público.
Fuentes consultadas: Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, Resolución 1499/2026 de la Dirección de Vialidad; Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, comunicaciones del 27 de noviembre de 2024 y del 25 de junio de 2025; Dirección de Vialidad bonaerense, comunicado del 27 de mayo de 2025; Realpolitik, investigación del 15 de octubre de 2026; Diario 5 Días, 9 de octubre de 2026; Infobae, antecedentes judiciales de Pablo José Gutiérrez y Fontana Nicastro; Total News Agency, investigación del 10 de octubre de 2026 sobre la Ruta Provincial 205.
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