Por Lucho Ávila
Buenos Aires 18 de Octubre de 2026-Total News Agency-TNA-.CAMMESA nació para administrar un mercado eléctrico que prometía competencia y libertad, pero terminó concentrando decisiones sobre precios, inversiones y reglas de juego. El autor cuestiona un sistema en el que la burocracia impone condiciones, desalienta inversiones y limita la competencia, mientras los costos de sus decisiones terminan recayendo sobre los argentinos.
Si hay una institución autoritaria dentro de un organismo descentralizado con participación del sector privado, esa es CAMMESA.
Veamos por qué. La mayoría de sus integrantes, en sus comienzos, eran agentes de Agua y Energía Eléctrica y, en menor medida, de Hidronor, y provenían de la frustración que significó el naufragio de la Empresa Federal de Energía Eléctrica, promovida por el peronismo, hasta que este último, de la mano de Carlos Menem, decidió privatizar el sector.
Así nació la compañía administradora y el organismo encargado del despacho. Como todo converso, no hicieron más que proclamarse abanderados del libre mercado, sosteniendo que los generadores competían entre sí para ser despachados sobre la base del costo marginal de generación, mediante la declaración del CVP (costo variable de producción). De esta manera, se fijaba el costo horario con el que se pagaba a todos los generadores, apropiándose de los excedentes del consumidor.
El primer escollo que tuvo que enfrentar fue la declaración de CVP igual a cero por parte de algunos generadores, en especial aquellos que tenían eficiencia tecnológica o estaban montados sobre yacimientos de gas, pues, en la teoría marginalista, si el costo del combustible está sujeto a cláusulas take or pay al 100%, no hay costo variable porque se convierte en fijo.
La protesta de otros generadores hizo que se estableciera un mínimo de CVP fijado en 6 USD/MWh, constituyéndose en la primera arbitrariedad. A partir de ese instante, los generadores debían presentar los contratos de gas asociados y CAMMESA estableció los costos de referencia de combustibles.
Los CVP pasaron entonces a ser calculados sobre la base de los contratos de combustibles, sin considerar las cláusulas comerciales. Asimismo, para los generadores que estaban dentro de áreas de las licenciatarias de gas, CAMMESA tomó los precios de la tarifa de distribución interrumpible para no permitir precios mayores en los contratos de gas subyacentes de los generadores.
Así nació el primer oxímoron cammesiano: proclamarse abanderados del libre mercado cuando sus fundamentos se basaban en un mercado regulado y con una tarifa fija determinada por el ENARGAS. De esa manera, se buscaba mitigar la volatilidad del mercado de gas para que no se trasladara al mercado eléctrico, constituyéndose en la segunda arbitrariedad.
O sea, un mercado libre con precios que de libres no tenían nada, ya que eran fijos, calculados mediante ecuaciones de eficiencia térmica, un valor del agua similar al de una central térmica y todo ello asentado sobre un mercado regulado del gas. Único en el mundo: un mercado supuestamente libre basado en un mercado regulado.
Producida la devaluación del peso, comenzó otro capítulo. La primera medida fue anular los precios de nodo, motivo por el cual disminuyó la ventaja competitiva de los nodos exportadores, que tenían un precio inferior al del baricentro, y se eliminó el incentivo de los nodos demandantes para realizar obras de abastecimiento. A partir de allí, CAMMESA, en su rol de operador, empezó a violar sus propias normas de calidad de operación al permitir apartamientos de las bandas de tensión y de reactivos.
Por ende, a partir de allí, CAMMESA fue consolidando un rol cada vez más concentrado en la administración del mercado, no solo como responsable del despacho técnico, sino también como árbitro de hecho de variables económicas esenciales. Bajo la apariencia de un sistema competitivo, el organismo terminó definiendo precios, costos de referencia, criterios de reconocimiento y hasta condiciones de acceso a los ingresos del sector, convirtiéndose en un verdadero centro de poder. En la práctica, la supuesta libertad de mercado quedó subordinada a decisiones administrativas que muchas veces respondían más a la necesidad de preservar el equilibrio del sistema que a reflejar una competencia genuina.
Esa centralización tuvo efectos profundos. Por un lado, permitió ordenar un mercado eléctrico complejo y evitar desbalances mayores en momentos críticos. Pero, por otro, instaló una lógica de intervención permanente en la que los agentes privados dependían de reglas cambiantes, interpretaciones discrecionales y criterios de reconocimiento que no siempre respetaban la inversión, el riesgo asumido ni las condiciones contractuales originales. De este modo, la transparencia que debía aportar el despacho centralizado se vio opacada por una creciente percepción de arbitrariedad.
El resultado fue un esquema híbrido: ni plenamente estatal ni verdaderamente libre, sino una estructura donde la regulación, la planificación y la administración de precios convivieron con un discurso de competencia que, en los hechos, nunca se verificó del todo. Así, CAMMESA se transformó en una pieza central del funcionamiento eléctrico argentino, pero también en el símbolo de las tensiones entre eficiencia, control, inversión y discrecionalidad.
Cabe destacar que, a pesar de los esfuerzos del actual Gobierno por disminuir su rol y promover una mayor competencia, en el caso de CAMMESA se presenta una resistencia al cambio y no ha dejado de intervenir en un rol reservado a la Subsecretaría de Energía Eléctrica, promoviendo, como siempre, cambios regulatorios e interviniendo en las nuevas normas, donde se sienten árbitros y actores principales. Así, por ejemplo, determinan las obras necesarias en transporte eléctrico sobre la base de criterios operativos y no de criterios de aprovechamiento óptimo de los recursos energéticos.
Por ejemplo, las necesidades de generación de cualquier tipo se prevén en función de las necesidades operativas de la red, dejando de lado los recursos energéticos óptimos para minimizar el costo de la energía eléctrica. Así, promueven energía térmica, solar o eólica en nodos donde no se sabe si esas fuentes están disponibles o no. Solo ven la zona de confort del operador, independientemente del costo futuro del abastecimiento. Solo importa el aquí y ahora; los incentivos a la competencia están vedados y solo impera el afán de manejar todas las variables de control.
La Resolución 400/2025, mediante la cual el riesgo de abastecimiento fue trasladado a los demandantes y oferentes, está siendo minimizada porque ello obliga a convivir con situaciones de volatilidad, muy comunes en el comercio mundial. El aislamiento ya sabemos adónde conduce: a una ficción irreal de costos administrados por fuera de las externalidades comunes.
A CAMMESA no le gusta volver a la administración consorcial; quiere ser partícipe de un rol para el cual no fue diseñada por ley.
Veremos qué resulta en la práctica: la oferta genuina y contractual entre la oferta y la demanda, o la discrecionalidad imperante, promoviendo regulaciones burocráticas que conducen a un encorsetamiento mediante trabas que lo único que hacen es confiscar y generar extracostos a quienes quieren invertir en la Argentina.
No son como Robin Hood; son más bien el perro del hortelano y, en esa situación, siempre pierde la comunidad argentina.
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