Por Darío Rosatti
La reunión entre Sergio Massa y Cristina Kirchner, y los esfuerzos por sumar a Axel Kicillof a un frente común, reabrieron el debate sobre el regreso del kirchnerismo al poder. Detrás de las negociaciones por las PASO asoman también los recuerdos de la inflación, los subsidios, los escándalos de corrupción y las controvertidas alianzas internacionales que marcaron sus anteriores gobiernos, como Irán, Cuba, Nicaragua y otras delicias.
Buenos Aires – 18 de octubre de 2026 – Total News Agency – TNA. El tren fantasma de la política argentina parece haber comenzado a calentar sus motores. Todavía no tiene locomotora definida, sus principales pasajeros mantienen diferencias profundas y nadie sabe quién ocupará el asiento del conductor. Pero Cristina Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof vuelven a aparecer en las conversaciones sobre una posible unidad electoral para 2027, mientras el peronismo intenta resolver sus disputas internas y acordar un mecanismo para seleccionar candidatos.
La visita de Sergio Massa a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, en el departamento de San José 1111 donde cumple prisión domiciliaria por su condena en la causa Vialidad, fue una señal política significativa. El encuentro tuvo lugar en vísperas del Día de la Lealtad, una celebración que encontró nuevamente al peronismo dividido, con Kicillof encabezando su propio acto en La Matanza y Máximo Kirchner desplegando actividades en Chaco.
La aparente paradoja es que quienes no consiguen compartir un escenario comienzan a coincidir en algo fundamental: la necesidad de conservar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como instrumento para ordenar sus diferencias y evitar una dispersión electoral.
El Gobierno de Javier Milei, por su parte, impulsa la eliminación o suspensión de las primarias y negocia apoyos parlamentarios con gobernadores. El ministro del Interior, Diego Santilli, trabaja sobre esa estrategia, mientras dirigentes del kirchnerismo y del massismo advierten a los mandatarios provinciales que acompañar al oficialismo podría tener consecuencias en sus respectivos territorios.
Pero detrás de esta discusión institucional existe una cuestión mucho más importante: ¿qué proyecto político y económico representaría una eventual reunificación de quienes condujeron la Argentina durante buena parte de las últimas dos décadas?
Porque si el tren fantasma finalmente consigue ponerse en movimiento, sus pasajeros no llegarían solos. También regresarían al debate público las siete plagas de una experiencia política que dejó consecuencias económicas, institucionales y diplomáticas difíciles de ignorar.
La primera sería el recuerdo de la inflación descontrolada. La Argentina terminó 2023 con un aumento de precios del 211,4% anual, después de una gestión económica compartida por Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa, este último responsable del Ministerio de Economía durante el tramo final del Gobierno. Es cierto que la inflación tuvo causas acumuladas durante décadas y que la devaluación dispuesta en diciembre de aquel año también incidió en el resultado, pero el deterioro monetario, el déficit fiscal y el financiamiento del gasto mediante emisión fueron problemas centrales de aquella administración.
La segunda plaga sería el regreso de la discusión sobre los subsidios generalizados, especialmente en energía y transporte. Durante años, el congelamiento de tarifas y la expansión del gasto público buscaron contener el impacto sobre los consumidores, pero también contribuyeron a desequilibrios fiscales, distorsiones de precios y una creciente dependencia de transferencias estatales. Sus defensores argumentan que esas políticas protegieron ingresos y sostuvieron la actividad; sus críticos recuerdan el costo económico de mantener servicios artificialmente baratos sin resolver sus problemas estructurales.
La tercera estaría representada por la corrupción y los escándalos judiciales. La condena firme de Cristina Kirchner en la causa Vialidad constituye un antecedente político y judicial ineludible. A ella se suman investigaciones y controversias que atravesaron distintas administraciones peronistas, desde contrataciones públicas hasta presuntas irregularidades en el manejo de recursos estatales. No todos esos expedientes terminaron en condenas, pero sus efectos sobre la confianza institucional permanecen en la discusión pública.
La cuarta plaga sería la intervención discrecional de la economía, simbolizada por controles cambiarios, restricciones a las importaciones, regulaciones comerciales y decisiones administrativas que condicionaron durante años el funcionamiento de empresas y mercados. Sus promotores las presentaron como mecanismos de protección productiva y administración de divisas; sus adversarios sostienen que contribuyeron a desalentar inversiones y profundizar la incertidumbre.
La quinta sería la fragilidad de las cuentas públicas, alimentada por déficits persistentes, dificultades para acceder al financiamiento internacional y desequilibrios que limitaron la capacidad de crecimiento sostenido del país. La experiencia argentina demuestra, además, que esos problemas no pertenecen exclusivamente a un partido político y que su resolución exige algo más que cambiar nombres en el Ministerio de Economía.
La sexta plaga remitiría a las controvertidas alianzas internacionales de anteriores gobiernos kirchneristas. Los vínculos políticos con Venezuela, Cuba e Irán provocaron críticas por sus implicancias democráticas y estratégicas. Particularmente sensible fue el memorándum de entendimiento firmado con Teherán en 2013, en relación con la investigación del atentado contra la AMIA, posteriormente declarado inconstitucional por la Justicia argentina. Aquel acuerdo continúa siendo uno de los episodios más cuestionados de la política exterior de Cristina Kirchner.
Y la séptima sería la reaparición de una cultura política basada en la confrontación permanente, donde la disputa por el poder, la distribución de cargos y las tensiones entre facciones pueden terminar desplazando la discusión sobre los problemas concretos de la ciudadanía. Desde luego en “asuntito” de la confrontación permanete, el gobierno de Miei, la abona pertinazmente.
La metáfora del tren fantasma no debe ocultar, sin embargo, un dato de la actualidad: el peronismo todavía no tiene una fórmula presidencial acordada ni un programa económico común para 2027. Massa, Kicillof y Cristina Kirchner representan trayectorias, intereses y sectores distintos, y la coincidencia en defender las PASO no equivale a una reconciliación política definitiva. En realidad, jamás tuvieron plan económico.
Kicillof busca construir una conducción propia desde la provincia de Buenos Aires; Massa conserva su estructura territorial y su red de interlocutores políticos; Cristina mantiene influencia sobre el kirchnerismo y una parte importante del electorado peronista. Cada uno deberá resolver cuánto está dispuesto a ceder para alcanzar una candidatura compartida o un acuerdo electoral.
Tampoco puede desconocerse que el oficialismo enfrenta dificultades económicas propias. La debilidad del consumo, los problemas de actividad y el deterioro de distintos sectores productivos alimentan las críticas opositoras y forman parte del contexto en el que el peronismo intenta reorganizarse. Las promesas incumplidas o las dificultades actuales del Gobierno no borran los antecedentes de sus adversarios, del mismo modo que los errores de administraciones anteriores no resuelven las responsabilidades del presente.
Tal vez allí resida la verdadera cuestión que plantea el posible regreso del tren fantasma. No solo debemos saber si Cristina, Massa y Kicillof conseguirán viajar juntos, sino de conocer qué propuestas ofrecerían para evitar los problemas que caracterizaron sus gestiones anteriores. La unidad electoral puede resolver una disputa por candidaturas, pero no demuestra por sí misma que exista una respuesta diferente para la inflación, la pobreza, la inversión, las instituciones y la inserción internacional de la Argentina.
Mientras tanto, el peronismo continúa discutiendo quién conducirá la formación, cómo se distribuirán los vagones y qué mecanismo electoral permitirá mantenerla sobre las vías. Antes de que llegue a la estación de 2027, sus protagonistas deberán explicar si pretenden recuperar el poder para reeditar políticas conocidas o si están dispuestos a revisar críticamente una experiencia de gobierno de la que todos, en mayor o menor medida, formaron parte.
Fuentes consultadas: INDEC; antecedentes judiciales de la causa Vialidad; información parlamentaria sobre las PASO.
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