Por Darío Rosatti
La decisión de Estados Unidos de proponer la eliminación del Comité de Descolonización de Naciones Unidas representa una amenaza para uno de los principales instrumentos diplomáticos de la Argentina. Después de décadas sin resultados definitivos, la respuesta debería ser fortalecer su funcionamiento, no desmantelarlo. La relación privilegiada entre Milei y Trump enfrenta una prueba concreta: demostrar que la amistad política puede convivir con la defensa de los intereses nacionales.
Buenos Aires – 19 de octubre de 2026 – Total News Agency – TNA.- Hay una diferencia fundamental entre tener aliados internacionales y confundir los intereses de esos aliados con los intereses propios. La política exterior argentina parece encontrarse nuevamente frente a esa disyuntiva, esta vez por una cuestión que trasciende cualquier gobierno, ideología o circunstancia electoral: la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
La administración de Donald Trump acaba de solicitar ante Naciones Unidas la eliminación del Comité Especial de Descolonización (C-24), uno de los instrumentos multilaterales más importantes con que cuenta la Argentina para mantener vigente su reclamo frente al Reino Unido. La propuesta fue formulada el 15 de octubre ante la Cuarta Comisión de la Asamblea General, bajo el argumento de que el organismo perdió su finalidad original y consume recursos que podrían destinarse a otras actividades.
Es posible discutir la eficiencia de ese Comité. Incluso resulta necesario hacerlo. Lo que no parece razonable es concluir que, porque una institución no consiguió resolver definitivamente un problema, corresponde eliminarla y privar a quienes todavía necesitan sus servicios de uno de los pocos mecanismos internacionales disponibles.
Malvinas no necesita menos diplomacia. Necesita una diplomacia más eficaz.
La paradoja de Trump: primero las expectativas, después el silencio
La iniciativa estadounidense aparece después de una sucesión de acontecimientos que merece ser examinada con atención.
A fines de agosto, Trump sorprendió al señalar que estaba revisando la posición de Washington sobre Malvinas. Sus declaraciones abrieron expectativas en la Casa Rosada, donde la estrecha relación personal y política entre el mandatario estadounidense y Javier Milei parecía ofrecer una oportunidad para modificar el tradicional equilibrio diplomático norteamericano respecto del Atlántico Sur.
Sin embargo, el 22 de septiembre, Trump se reunió en Nueva York con el primer ministro británico Andy Burnham, quien confirmó públicamente que había planteado la cuestión de Malvinas y reiterado la posición de Londres. Según explicó el jefe del Gobierno británico, el presidente estadounidense comprendió su mensaje.
Desde aquel encuentro no se registraron nuevas declaraciones públicas de Trump anunciando una revisión favorable a la Argentina.
No sería serio afirmar que existe un pacto secreto sin contar con pruebas. Pero tampoco sería prudente ignorar que, después de aquella conversación, la discusión perdió visibilidad en Washington y posteriormente apareció una iniciativa estadounidense para eliminar un organismo que resulta especialmente útil al reclamo argentino.
La diplomacia no puede depender de entusiasmos circunstanciales ni de interpretaciones optimistas sobre la amistad entre presidentes. Debe analizar los hechos, identificar los intereses en juego y actuar antes de que una decisión ajena produzca consecuencias difíciles de revertir.
El Comité que no resolvió Malvinas, pero mantiene abierto el reclamo
Conviene reconocer una realidad que muchas veces se evita mencionar: después de décadas de resoluciones, discursos y pronunciamientos, el Comité de Descolonización no consiguió modificar el control británico sobre Malvinas ni obligar a Londres a negociar su soberanía.
Es una limitación evidente y constituye una razón legítima para revisar sus procedimientos y evaluar sus resultados.
Pero precisamente porque el Reino Unido se niega a discutir la cuestión de fondo, el Comité conserva una importancia estratégica.
A través de ese ámbito, la Argentina obtiene pronunciamientos periódicos que mantienen la controversia en la agenda internacional, permite articular respaldos latinoamericanos y de otros países, denuncia la explotación unilateral de recursos naturales y recuerda que Naciones Unidas reconoce la existencia de una disputa de soberanía pendiente de solución.
La Resolución 2065 (XX), aprobada en 1965, estableció el fundamento diplomático de esa controversia al invitar a la Argentina y al Reino Unido a negociar una solución pacífica. Posteriormente, la Resolución 31/49 pidió evitar decisiones unilaterales que modificaran la situación mientras continuaran los esfuerzos internacionales destinados a resolverla.
Ninguno de esos instrumentos consiguió que Londres abandonara su negativa a negociar. Sin embargo, continúan proporcionando respaldo jurídico y político a una reivindicación que, sin esos antecedentes, debería enfrentar dificultades todavía mayores.
Es importante distinguir que el C-24 y la Cuarta Comisión no son el mismo órgano. El primero es el Comité Especial encargado del seguimiento de la descolonización; la segunda forma parte de la estructura de la Asamblea General. Eliminar el C-24 no significaría suprimir automáticamente la Cuarta Comisión ni las resoluciones vigentes sobre Malvinas.
Pero sí desaparecería uno de los principales mecanismos especializados que permiten mantener el asunto bajo examen periódico.
Y esa pérdida tendría consecuencias concretas.
Reformar lo que no funciona, en lugar de destruirlo
Aquí reside, a mi juicio, el verdadero debate que Naciones Unidas debería afrontar.
Si el Comité de Descolonización no ha logrado avances suficientes, corresponde preguntarse cómo mejorar su funcionamiento, qué atribuciones adicionales podría recibir y de qué manera sus recomendaciones podrían generar consecuencias diplomáticas más significativas.
Sería razonable impulsar mecanismos de seguimiento permanente, informes periódicos sobre el cumplimiento de las resoluciones, evaluaciones públicas de los obstáculos que impiden las negociaciones y procedimientos que eleven el costo diplomático de desatender sistemáticamente los llamados de Naciones Unidas.
También podría analizarse una mayor intervención institucional del secretario general, aprovechando el mandato de buenos oficios contemplado en la Resolución 37/9, y una articulación más efectiva con los organismos internacionales relacionados con los recursos naturales y el derecho del mar.
Esas reformas deberían respetar las competencias de cada órgano y requerirían los acuerdos correspondientes dentro del sistema de Naciones Unidas.
Pero representan una dirección más razonable que la supresión de un mecanismo de descolonización cuando todavía existen 17 territorios no autónomos reconocidos por la organización.
La cuestión puede resumirse con una pregunta: ¿debe desaparecer un instrumento porque no alcanzó sus objetivos o debe fortalecerse precisamente para que pueda cumplirlos?
Para la Argentina, la respuesta tiene una importancia que excede cualquier controversia administrativa.
El petróleo y el costo de perder presencia internacional
La propuesta estadounidense tampoco aparece en un momento cualquiera.
El Reino Unido mantiene su respaldo al desarrollo petrolero Sea Lion, impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en aguas cuya soberanía reclama la Argentina.
El Gobierno argentino intensificó sus acciones diplomáticas y judiciales contra ese emprendimiento, incluyendo procedimientos vinculados con el derecho internacional del mar. Londres respondió defendiendo las actividades autorizadas por las autoridades de las islas y cuestionando las iniciativas argentinas.
En semejante contexto, reducir la visibilidad de Malvinas dentro de Naciones Unidas podría facilitar la consolidación de intereses económicos y estratégicos británicos en el Atlántico Sur.
No se trata únicamente de una disputa por territorios. También están comprometidos recursos energéticos, espacios marítimos, intereses pesqueros y la proyección estratégica sobre una región de creciente importancia internacional.
La Argentina necesita, por lo tanto, preservar cada ámbito donde pueda exponer sus argumentos y reunir apoyos, sin confundir la existencia de una herramienta diplomática con la garantía de obtener resultados.
Milei y la responsabilidad de hablar con Trump
Es justamente aquí donde aparece la responsabilidad política del presidente Javier Milei.
Su alineamiento con Estados Unidos constituye una decisión central de su política exterior. Ese vínculo puede ofrecer oportunidades económicas, financieras y estratégicas, pero también supone un desafío: demostrar que la cercanía con Washington no significa aceptar decisiones que contradigan intereses permanentes de nuestro país.
Se espera que Milei utilice su relación personal con Trump para explicarle la trascendencia del Comité de Descolonización para la Argentina y el perjuicio que ocasionaría su eliminación.
No sería necesario convertir esa conversación en un enfrentamiento diplomático. Bastaría con plantear que nuestro país puede acompañar reformas destinadas a mejorar la eficiencia de Naciones Unidas sin aceptar la desaparición de una institución que contribuye a sostener su reivindicación de soberanía.
El Presidente cuenta con una oportunidad concreta para demostrar que una alianza internacional debe permitir también expresar desacuerdos cuando existen razones de Estado.
Porque los gobiernos pasan, los presidentes cambian y las afinidades ideológicas son transitorias. Los intereses territoriales de una nación, en cambio, permanecen.
Una política de Estado no puede quedar subordinada a una amistad
La causa Malvinas no pertenece al peronismo, al radicalismo, al liberalismo ni a ninguna otra corriente política. Es una reivindicación nacional incorporada expresamente a la Constitución argentina como objetivo permanente e irrenunciable.
Su defensa exige continuidad, profesionalismo diplomático, respaldo jurídico y capacidad para construir acuerdos internacionales, incluso con gobiernos que mantienen posiciones ideológicas alejadas de las autoridades argentinas.
La propuesta estadounidense todavía no implica la desaparición del C-24. Para ello sería necesaria una decisión formal de la Asamblea General de Naciones Unidas. Tampoco supondría, por sí misma, la extinción de los derechos argentinos ni la derogación de las resoluciones que reconocen la controversia.
Pero esperar a que una iniciativa semejante avance para comenzar a reaccionar sería desperdiciar una oportunidad diplomática.
La Argentina debería promover una propuesta de fortalecimiento institucional del Comité de Descolonización, convocar a los países latinoamericanos que históricamente respaldan su posición y establecer contactos con otras delegaciones interesadas en preservar ese mecanismo.
Al mismo tiempo, la Cancillería tendría que procurar una explicación directa de Washington sobre los efectos concretos de su iniciativa y la posibilidad de introducir modificaciones que permitan corregir las deficiencias administrativas sin desarticular el sistema especializado de seguimiento.
La Argentina lleva más de seis décadas reclamando negociaciones que el Reino Unido se niega a aceptar. Esa realidad demuestra las limitaciones del sistema multilateral, pero de ninguna manera justifica deshacerse de uno de los principales instrumentos disponibles. Sería como pretender mejorar la justicia cerrando los tribunales porque existen causas que nunca llegan a resolverse.
Si Naciones Unidas necesita modernizarse, que lo haga. Si sus comités consumen recursos innecesarios, que los controle. Si sus resoluciones carecen de mecanismos efectivos de seguimiento, que estudie cómo fortalecerlos.
Lo que no debería hacer es confundir la falta de resultados definitivos con la inutilidad de una institución.
Para Milei, el desafío consiste en demostrar que su cercanía con Trump puede traducirse en una defensa concreta de los intereses argentinos. No se le pide que abandone sus alianzas internacionales, sino que las ejerza sin perder de vista que, en materia de soberanía, la lealtad fundamental de un presidente debe estar dirigida a su propio país.
Fuentes consultadas: Naciones Unidas, Cuarta Comisión de la Asamblea General; Comité Especial de Descolonización; resoluciones 2065 (XX), 31/49 y 37/9; Reuters; The Guardian; La Nación; TN; Agencia Noticias Argentinas; Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina.
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