La jueza Loretta Preska dejó sin efecto la condena de US$ 16.100 millones contra la Argentina y cerró formalmente la primera instancia del juicio por la estatización de YPF. El resultado favorable fue precedido por una estrategia jurídica del gobierno de Javier Milei y por reiteradas intervenciones del Departamento de Justicia estadounidense en respaldo de posiciones argentinas, en el marco del acercamiento político entre Buenos Aires y Washington. Burford Capital todavía intenta llevar el caso ante la Corte Suprema.
Buenos Aires – 20 de octubre de 2026 – Total News Agency – TNA. La Argentina obtuvo una victoria judicial de extraordinaria importancia en Estados Unidos luego de que la jueza federal de Nueva York Loretta Preska formalizara la anulación de su sentencia de 2023, que había condenado al país a pagar US$ 16.100 millones por la expropiación de YPF. La decisión, adoptada en cumplimiento de un fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, pone fin a la intervención del tribunal de primera instancia y consolida, por el momento, el resultado favorable alcanzado por la defensa del Estado argentino.
La resolución adquiere una dimensión económica considerable: con intereses acumulados, la obligación originalmente impuesta superaba los US$ 18.000 millones, una cifra capaz de comprometer gravemente las cuentas públicas y las posibilidades de financiamiento internacional del país.
Pero el episodio también tiene una lectura diplomática que merece destacarse. Durante la gestión del presidente Javier Milei, la Argentina consiguió que el propio Gobierno de Estados Unidos interviniera formalmente en distintas instancias del litigio para respaldar posiciones de la defensa nacional, en un contexto de fortalecimiento de la relación bilateral con la administración de Donald Trump.
La intervención estadounidense no se limitó a declaraciones políticas. El Departamento de Justicia presentó escritos ante los tribunales de Nueva York cuestionando medidas solicitadas por los demandantes y respaldando argumentos relacionados con la inmunidad soberana, el respeto entre Estados y los límites que corresponde imponer a procedimientos judiciales sobre bienes y documentación de gobiernos extranjeros.
Ese acompañamiento constituyó un respaldo institucional concreto para la posición argentina, independientemente de que la decisión de fondo correspondiera exclusivamente a los magistrados.
El 27 de marzo de 2026, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito revocó, por dos votos contra uno, la condena dictada por Preska. Los jueces Denny Chin y Beth Robinson, con la disidencia de José Cabranes, concluyeron que la sentencia original se había apoyado en una interpretación incorrecta del derecho argentino.
La mayoría sostuvo que las disposiciones de la legislación argentina sobre expropiaciones impedían admitir, en las circunstancias del caso, los reclamos contractuales promovidos por los antiguos accionistas minoritarios de la petrolera. También consideró que el estatuto societario de YPF no otorgaba a los demandantes el derecho a la indemnización que había reconocido la primera instancia.
La cuestión es central porque el juicio no discutía solamente la facultad del Estado argentino de expropiar acciones por razones de utilidad pública, sino las consecuencias jurídicas de no haber realizado una oferta pública de adquisición al resto de los accionistas cuando se tomó el control de la empresa en 2012.
Aquella pésima decisión fue adoptada durante el gobierno de la ex presidente Cristina Kirchner y Kicillof como ministro de economía, cuando el Estado argentino recuperó el control del 51% de YPF, hasta entonces en manos de la petrolera española Repsol.
Las sociedades Petersen Energía, Petersen Energía Inversora y Eton Park promovieron demandas por los perjuicios que consideraban derivados de la operación. Posteriormente, Burford Capital, firma especializada en financiar litigios, adquirió derechos económicos vinculados con esas reclamaciones y sostuvo la prolongada ofensiva judicial contra la Argentina.
En septiembre de 2023, Preska aceptó los argumentos de los demandantes y fijó una indemnización multimillonaria que colocó al Estado argentino ante una amenaza financiera de magnitud excepcional.
La estrategia de defensa sostenida durante la administración Milei buscó revertir esa sentencia, discutir la interpretación de la legislación nacional y limitar las medidas destinadas a identificar activos susceptibles de ejecución.
Precisamente en esa etapa adquirió relevancia el acercamiento diplomático con Washington propuesto por Milei.
En julio de 2025, el Gobierno estadounidense respaldó la posición argentina frente a la orden que pretendía obligar al país a entregar acciones de YPF como mecanismo de cumplimiento de la condena. La presentación invocó principios vinculados con la inmunidad soberana de los Estados y con la política exterior estadounidense.
En marzo de 2026 se produjo un nuevo gesto institucional. El Departamento de Justicia presentó un memorándum en respaldo de una moción argentina destinada a suspender procedimientos de obtención de documentación y otras medidas posteriores a la sentencia.
La administración estadounidense consideró que determinados requerimientos podían resultar excesivamente intrusivos y afectar principios de respeto y reciprocidad entre países.
La participación del Gobierno de Trump aportó así una voz institucional importante a favor de argumentos sostenidos por la Argentina dentro del propio sistema judicial estadounidense.
El procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, destacó públicamente ese acompañamiento después del fallo de marzo y explicó que Estados Unidos había respaldado reiteradamente posiciones argentinas a lo largo del expediente. También subrayó el trabajo coordinado entre la Procuración del Tesoro, la Cancillería, la Secretaría Legal y Técnica y otras áreas del Gobierno nacional.
El dato permite comprender una de las diferencias fundamentales del caso: la administración Milei no limitó su estrategia a la defensa procesal, sino que también procuró obtener acompañamiento internacional para sostener principios jurídicos favorables a la posición argentina.
La buena relación política inaugurada entre Milei y Trump proporcionó un contexto diplomático propicio para esos contactos y presentaciones. No obstante, la sentencia favorable de la Cámara se fundó en razones jurídicas específicas sobre la aplicación de la legislación argentina, y las intervenciones estadounidenses conocidas estuvieron dirigidas particularmente a cuestiones de inmunidad soberana y ejecución de sentencia.
La resolución actual de Preska completa precisamente la consecuencia procesal del pronunciamiento de marzo. La magistrada dejó sin efecto su condena y cerró formalmente la primera instancia, aunque ese trámite no constituye una segunda decisión independiente sobre el fondo del asunto.
La controversia, además, todavía conserva una instancia posible de revisión.
El 30 de septiembre, Burford Capital presentó ante la Corte Suprema de Estados Unidos una petición de certiorari para que examine la sentencia favorable a la Argentina.
En su presentación, los demandantes cuestionaron severamente la interpretación jurídica realizada por la Cámara de Apelaciones y solicitaron que el máximo tribunal intervenga para revisar sus conclusiones.
La Corte Suprema no está obligada a aceptar el caso. Sus integrantes deberán decidir si existen razones suficientes para revisar el fallo del tribunal de alzada. En caso de rechazar la petición, la sentencia favorable al Estado argentino quedaría firme dentro de esa vía judicial.
A la vez, permanece abierto otro frente internacional. Las sociedades Petersen iniciaron un procedimiento arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo vinculado con el Banco Mundial, invocando el tratado bilateral de inversiones entre la Argentina y España.
El arbitraje fue registrado el 15 de septiembre de 2026, bajo el expediente ARB/26/38, y se encuentra pendiente. Se trata de una controversia jurídicamente diferenciada, que deberá seguir su propio procedimiento.
De esta manera, la anulación de la condena en Nueva York representa una victoria decisiva para la defensa argentina, aunque no equivale todavía a la desaparición absoluta de todos los reclamos internacionales relacionados con la estatización de YPF.
Las consecuencias económicas del pronunciamiento resultan igualmente importantes. La caída de una sentencia superior a US$ 18.000 millones con intereses reduce de manera significativa la exposición judicial inmediata del Estado, elimina por ahora una amenaza financiera extraordinaria y mejora el panorama de contingencias soberanas que observan los inversores internacionales.
También demuestra la importancia de sostener defensas jurídicas especializadas, coordinadas con la diplomacia y respaldadas por argumentos capaces de prosperar ante tribunales extranjeros.
El gobierno de Milei puede señalar como resultado concreto la reversión de una condena que había colocado a la Argentina ante uno de los mayores riesgos judiciales de su historia. En ese proceso, la cooperación del Departamento de Justicia estadounidense fue un antecedente verificable y especialmente relevante, que muestra cómo el fortalecimiento de los vínculos bilaterales puede acompañar la defensa de intereses nacionales en controversias internacionales.
Ahora, mientras Burford procura obtener una última revisión ante la Corte Suprema y el arbitraje del CIADI comienza su recorrido, la Argentina llega a esta etapa con una posición procesal sustancialmente más favorable que la que tenía cuando se dictó la condena de 2023, después de que una Cámara federal estadounidense reconociera que la legislación nacional había sido interpretada de manera equivocada.
Fuentes consultadas: sentencia de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito del 27 de marzo de 2026; resolución de Loretta Preska de octubre de 2026; Corte Suprema de Estados Unidos, petición de certiorari presentada por los demandantes; Reuters; Infobae; La Nación; Clarín; Procuración del Tesoro de la Nación; Departamento de Justicia de Estados Unidos; CIADI, expediente ARB/26/38.
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