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Luis Barrionuevo estuvo cerca de retirar a sus gremios de la central obrera, pero recalculó tras el mensaje de Cristina Kirchner; el fallo judicial que obliga a pagar el salario total abrió otra pelea en el oficialismo. Por Nicolás Balinotti
“Esto no va para más, se cae”, argumentó Luis Barrionuevo ante la cúpula de la CGT sobre su rechazo de hacer del Día de la Lealtad peronista un acto de respaldo al Gobierno. Un día antes al 17 de octubre, el jefe de los gastronómicos montó su propio homenaje con el expresidente Eduardo Duhalde, otra voz apocalíptica en medio de la crisis, y con Carlos Acuña, el alfil que ubicó en la conducción tripartita de la central obrera cuando en 2016 anudó un acuerdo con Hugo Moyano y el influyente sector de “los Gordos”. Esa alianza ya se rompió y no volverá a ser, más allá del espejismo de Alberto Fernández de promover la unidad sindical.
Acuña sembró más discordia en la celebración peronista cuando acusó de “alcahuetes de turno” a sus colegas de la CGT, a quienes les recriminó en un Zoom cederle la organización del acto a La Cámpora. Hace tres meses había tenido otro rapto de furia, pero contra Máximo Kirchner, el referente de la agrupación. “Este muchacho no laburó nunca en su vida y viene a decirnos cómo manejarnos”, dijo en un auditorio sindical, molesto por las críticas del hijo de la vicepresidenta al encuentro corporativo entre la CGT y los empresarios de AEA. Tras la filtración, tuvo que interceder Sergio Massa, otro de sus jefes políticos, para explicar que se había tratado de un exabrupto.
El inevitable paso del tiempo no calmó las aguas. El vínculo entre Acuña y el kirchnerismo continúa tenso. Blanca Cantero, su esposa, es intendenta del municipio de Presidente Perón, donde se expandió una de las mayores tomas de tierras, en un predio de Guernica, que fue finalmente desalojado tras un violento enfrentamiento con los ocupantes. Cantero, surgida del massismo, no logró articular jamás con los enviados de Axel Kicillof para buscar otra salida que no fuera el desalojo a la fuerza y por orden judicial. “Hubiera sido tal vez más sencillo tratar con un intendente de la oposición”, ironizaron en la gobernación bonaerense.IFE 4 de Anses: qué dijo Alberto Fernández sobre la continuidad del Ingreso Familiar de Emergencia
Después del amago de retirar a los gremios propios de la central obrera, Barrionuevo envió otra vez a su tropa a participar de la vida interna de la CGT. Se acordó con Héctor Daer y el sector de los autodenominados “independientes” una suerte de tregua hasta el recambio de autoridades, previsto para abril del año que viene, si la pandemia por el coronavirus lo permite. Eso sí, Acuña debió soportar algunos reproches, como el que le enrostró uno de los gestores del encuentro con la misión del Fondo Monetario Internacional: “El país está en crisis, sos el secretario general de la CGT y no venís a la reunión con el Fondo porque te fuiste de vacaciones a Mar del Plata por estrés”.
Durante su fugaz rebeldía de vaciar de poder a la CGT, Barrionuevo y Acuña recibieron dos golpes cuyo impulsor, sospechan, fue el Gobierno. Al gastronómico un fallo judicial le complicó sus deseos de influir en el manejo de la obra social del gremio de seguridad privada, mientras que al jefe del personal de estaciones de servicios le habilitaron competencia gremial en tres provincias, por lo que podría perder cientos de afiliados. Digerido el mal trago, Barrionuevo y Acuña definieron estratégicamente que era mejor quedarse en la central obrera. La carta de Cristina Kirchner d el lunes pasado los terminó de convencer. “Ahora más que nunca Alberto va a necesitar a la CGT y a los gobernadores”, barruntaron en su intento de forzar un giro del Presidente hacia un peronismo no kirchnerizado.
Barrionuevo no está dispuesto a confrontar con Alberto Fernández, mucho menos cuando el sector gastronómico es uno de los más auxiliados por el Estado para afrontar el pago de los sueldos. Está fresca aún la foto de Graciela Camaño, su esposa, habilitando al oficialismo el trámite en el Consejo de la Magistratura para desplazar a los tres jueces que investigaron a Cristina Kirchner y cuyo desenlace se demora en la Corte. “Graciela no tiene jefe ni patrón, se conduce sola”, busca despejar cualquier pacto su hermano Dante, el hombre fuerte de los gastronómicos en la ciudad de Buenos Aires.
El moyanismo, con Cristina
Con la CGT cruzada por las internas, el moyanismo, desde afuera, reagrupa sus fuerzas y se muestra como el interlocutor sindical privilegiado por el Presidente, pero sobre todo por Cristina Kirchner. La vicepresidenta no le perdona a la actual conducción cegetista la pasividad que tuvo durante la gestión de Macri. Les achaca en privado a algunos dirigentes haber habilitado una reforma laboral que finalmente no prosperó en el Congreso, según dirigentes que la frecuentaron en el último mes. Es quizás la razón principal para que el kirchnerismo duro apoye a Pablo Moyano o al bancario Sergio Palazzo para destronar a “los Gordos” de la cima de la CGT. Ellos son hoy los interlocutores sindicales de la vicepresidenta. También Walter Correa, el impulsor del homenaje a Néstor Kirchner en la sede de Azopardo.Etchevehere: cómo encontró la casa del campo usurpado, la sorpresa por un altar y lo que falta
El alterado rompecabezas sindical se sacudió aún más con el fallo de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que obligó a una empresa a pagarle el 100% del sueldo a una empleada que había sido suspendida de acuerdo con los términos del trato firmado entre la Unión Industrial y la CGT, que establece el pago del 75% del salario neto. Tanto en los gremios como en las cámaras empresarias aventuran “una avalancha de cautelares” con reclamos similares. El empresario Daniel Funes de Rioja advirtió ayer que recurrirá a la Corte por este fallo. “Es una mala señal y generará más despidos, por más que rija la doble indemnización”, dijo.
Los jueces que avalaron el reclamo salarial son Luis Raffaeghelli y Graciela Craig. El primero estuvo en la mira del macrismo por haber determinado la reincorporación del personal despedido en el Enacom. Craig es la esposa de Héctor Recalde, un incondicional de Cristina Kirchner que ocupa ahora un cargo en el tribunal que juzga el desempeño de los fiscales y que cuestionó públicamente el pacto de recorte salarial sellado por la CGT y la UIA.
“Antes de ser jueza, es esposa”, ironizó un avezado abogado laboralista para asegurar que detrás del fallo de Craig estuvo la mano de Recalde. ¿Y también de Máximo Kirchner? El jefe del bloque de Diputados del Frente de Todos caminó con pies de plomo cuando la CGT avanzó en el trato con la UIA y hasta le pidió al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, revisar un acuerdo particular por recortes salariales. “Mondelez, fábrica de alimentos, los puso a los trabajadores a producir golosinas bajo el paraguas de ‘industria alimenticia y servicio esencial’, se stockeó todo lo que pudo bajo el valor actual para venderlo vaya a saber cuándo y les baja el sueldo a los trabajadores suspendiendo la actividad. Equivocadamente, el Gobierno le homologó ese acuerdo”, dijo Máximo en una sesión. Desde entonces, Moroni siempre estuvo en la mira del kirchnerismo, a pesar de haber levantado el perfil con actividades y la firma de algunas paritarias. Es para Cristina uno de “los funcionarios que no funcionan”.
Fuente La Nación
