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El exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas fue indagado una vez más por hechos de presunto espionaje ilegal, esta vez relacionados con las escuchas telefónicas a exfuncionarios kirchneristas mientras estaban detenidos en el penal de Ezeiza. Arribas, que estuvo al frente de la AFI durante la gestión de Mauricio Macri, no respondió hoy preguntas y se desligó de las acusaciones.
En una audiencia vía Zoom, Arribas, quien apuesta a que la instrucción del caso pase a los tribunales de Comodoro Py, no respondió preguntas del juez Juan Pablo Augé ni de la fiscal Cecilia Incardona, y dijo que solo lo haría ante el juez natural de la causa. Dijo que su gestión quiere ser “empañada” por un conjunto de conjeturas “falsas y maliciosas”.
Para mañana está programada la indagatoria de la exsubdirectora de la AFI, Silvia Majdalani.
La hipótesis de la Justicia es que, en connivencia con el Servicio Penitenciario Federal (SPF), la AFI escuchó las conversaciones de exfuncionarios kirchneristas presos. Las escuchas y sus transcripciones llegaron a manos de la prensa, e incluso fueron materia de denuncia por su contenido.
Según reconstruyó LA NACION de fuentes judiciales, Arribas se desligó de las responsabilidades que se le atribuyen en la causa y responsabilizó a la dirección de contrainteligencia, en ese entonces a cargo de Martín Coste.
“Quiero comenzar negando terminantemente haber cometido un delito en contra la ley de inteligencia. Nunca ordené, promoví ni convalidé actividades de inteligencia ilegal durante mi gestión”, dijo Arribas.
Y convalidó la suscripción de un convenio entre la AFI y el SPF que, entre las imputaciones de la Justicia, fue el marco en el que se realizaron las escuchas. “El convenio no motivó ni originó tales actividades”, dijo Arribas, y consideró que es “falsa y maliciosa” la acusación que vincula ese convenio con el origen de las actividades ilegales.
“La AFI no ordena ni materializa simplemente transcribe y analiza el material que recibe de una orden judicial”, dijo.
“Yo no tenía relación directa con Alan Ruiz y su grupo de agentes, todos ellos pertenecían a la dirección de contrainteligencia que era quien asignaba y controlaba y realizaba sus tareas. Nunca recibí una información o un reporte de inteligencia vinculado a las personas que aparecen aquí como damnificadas”, agregó. Y dijo que los hechos debieran haber sido denunciados por los agentes.
Coste no está imputado en este expediente, pero sí en el que se investigan hechos de espionaje ilegal contra el Instituto Patria, por haber falsificado documentos para encubrir esa inteligencia ilegal.
Arribas, de todas formas, dijo que la AFI reunía información desde adentro de las cárceles “para luchar contra el crimen organizado y las mafias”, pero que el organismo no fue responsable por las filtraciones de escuchas telefónicas.
Por este tramo de la causa ya declararon el exdirector del Servicio Penitenciario Federal Emiliano Blanco y otros exintegrantes de ese órgano. Blanco reconoció haber tenido reuniones en la sede de la AFI, pero negó que tuvieran que ver con los hechos que se le imputan.
Están imputados, también, el exdirector de Asuntos Jurídicos de la AFI Juan Destéfano, y los exagentes Bernardo Miguens, Mariano Ruda Bart y Jimena Honor.
Sigue vigente la disputa por la competencia de la causa. Mientras la Cámara Federal de La Plata afirma que el caso debe seguir tramitándose en Lomas de Zamora, la Cámara de Casación Penal insiste con que la causa debe pasar a Comodoro Py.
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