Supuestos implícitos.

Por Vicente Massot

A punto de finalizar un año plagado de dificultades, el gobierno topó con una de esas opciones frente a las cuales resulta imposible jugar a las escondidas. Debía escoger, sin más dilaciones, qué camino seguir de ahora en adelante. Desde marzo y hasta comienzos del mes en curso había tratado de hacer, de la necesidad, virtud, con suerte adversa.

Ni bien se desató en el mundo la pandemia, y en estas playas se creyó imprescindible establecer una de las cuarentenas más duras —de todas las ensayadas a escala planetaria— el manejo de la cosa pública tuvo una prioridad excluyente: combatir la peste. Más allá del pésimo resultado que cosechó —40.000 muertos y más de 1.500.000 infectados—, a la hora de fijar el rumbo y tratar de encontrar su norte, el kirchnerismo no tuvo dudas. Pero el panorama cambió.

Con las elecciones a la vuelta de la esquina y una situación económica y social calamitosa, delante del oficialismo se abrían dos distintos caminos. Podía tomar hacia la derecha y privilegiar la receta del ajuste —aunque la sola mención del término erizase su piel— o bien podía hacerlo hacia la izquierda, y abrazar el viejo libreto populista. Es posible que, si en el horizonte no se hubiese recortado —de manera cada vez más nítida— la imagen de unas urnas a punto de ser desempolvadas y puestas a punto para el próximo mes de octubre —o acaso de agosto, si finalmente se substanciaran las PASO—, el dilema de la administración que preside Alberto Fernández no habría existido. En tal caso, y aunque la propaganda oficial lo hubiera negado, se habría inclinado por el equilibrio fiscal y las medidas de austeridad. Sin embargo, con la obligación de ganarle la pulseada a sus contrincantes en las legislativas del próximo año, la definición acerca de qué dirección tomar fue adoptada por la vicepresidente.

Como en estos casos los zigzagueos no sólo no sirven para nada sino que el recurso de navegar a dos aguas y meter en un cajón —a la espera de una época mejor— el problema que se tiene entre manos empeoraría las cosas, Cristina Fernández cortó por lo sano. Optar en la bifurcación de rutas por la derecha significaba clausurar la posibilidad de dar marcha atrás y dirigirse luego a la izquierda, y viceversa. A ocho meses de las internas abiertas y a solo diez de las elecciones generales —en donde se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de la de senadores— la jefa del Frente de Todos no lo pensó demasiado. Los tiempos apremiaban y la economía —en estado crítico— requería precisiones. Por lo tanto, la Señora hizo a un lado cualquier política de ajuste y redobló la apuesta populista.

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Dudas semejantes no solamente se le han cruzado en su andar al kirchnerismo. Cuando Mauricio Macri, tras vencer a Daniel Scioli, ingresó a la Casa Rosada, debió escoger entre la puesta en marcha de un plan de shock —algo que sólo unos pocos le aconsejaban hacer suyo y llevar adelante— o, en su defecto, inclinarse por un programa gradualista, que apoyaban con vehemencia sus colaboradores más estrechos. A todos los gobiernos con serios problemas económicos y en vísperas electorales les sucede lo mismo. Por el contrario, con recursos abundantes, el precio de la soja en alza continua y los índices de consumo popular volando, Néstor Kirchner nunca tuvo pesadillas de tamaña naturaleza.

Los últimos anuncios que ha hecho la actual administración —aguijoneada por la vicepresidente— son concluyentes: pensando en el cuarto oscuro y en la intención de voto de su núcleo duro, prefieren sus estrategas llegar a octubre con base en un esquema distribucionista. Los incrementos de tarifas que en un principio se habían fijado para comienzos de año, se postergaron y todo hace suponer que cuando se efectivicen serán mínimos. El aumento a las jubilaciones de diciembre, que se tomaría a cuenta del de marzo, fue descartado y, en cambio, uno y otro se acumularán. La doble indemnización se prorrogó seis meses más y el control de precios sigue su curso. Crecen los subsidios sociales a los sectores de menores ingresos y, lejos de disminuir, el número de empleados públicos que han pasado a planta permanente se cuenta por miles.

No está claro si semejante deriva es del agrado del equipo económico. En atención a lo que se había planeado y dicho en ese ministerio, razones no faltaban para suponer que Martín Guzmán pensaba tomar otro camino. Claro que poco importa lo que deseaba hacer el Palacio de Hacienda. Quien manda no está en Balcarce 50 y —al momento de fijarle derrotero al Frente de Todos— la viuda de Kirchner no se anduvo con vueltas. Dijo lo que piensa e hizo lo que quiso. Si a alguien le quedaban dudas al respecto, su discurso en el estadio de la ciudad de La Plata las despejó por completo.

Está claro que el gobierno no quiere devaluar, ni aumentar las tarifas energéticas ni las del transporte. Tampoco se le cruza por la cabeza apelar a la austeridad fiscal. La pregunta obvia es cómo imagina que podrá financiar ese gasto público sin tener acceso a los mercados de crédito internacionales. Porque más allá de cuál convenga más, si un programa de corte ortodoxo o de raíz populista, lo cierto es que la vieja sentencia de Keynes sigue teniendo vigencia, a pesar del paso de los años: en economía se puede hacer cualquier cosa; después hay que asumir las consecuencias.

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La prioridad del kirchnerismo es alzarse con la victoria en octubre, lo cual lo pone en la obligación de consolidar la fidelidad de las distintas tribus electorales que respaldaron al binomio de los Fernández el año pasado. Cuando a instancias de la vicepresidente, elige la senda distribucionista, lo hace pensando pura y exclusivamente en los efectos que podría tener sobre los sectores marginales, o más carenciados de la sociedad, un ajuste tarifario o una devaluación. Entre poseer cuentas en orden u otorgar subsidios al por mayor, se inclina por la segunda de las alternativas enunciadas y actúa en correspondencia con su adn.

No requiere de mayores explicaciones porqué, en el cruce de rutas, el gobierno siguió la dirección que indicaba el cartel distribucionista. Estaba cantado que el kirchnerismo obraría de esa forma. Pero conviene tener presente sobre cuales suposiciones descansa la apuesta gubernamental. A saber: 1) que el dólar no se disparará en el verano y la brecha cambiaria no sufrirá modificaciones de bulto; 2) que en abril las liquidaciones de la cosecha de soja y maíz le darán —vía retenciones— el oxígeno fiscal imprescindible para llegar a octubre; 3) que en el segundo trimestre del 2021 se cerrará un acuerdo con el Fondo Monetario para postergar los vencimientos de la deuda, y 4) que la vacuna le ganará de mano a la previsible segunda ola del COVID-19.

Lo que se dice, una serie pesada de supuestos implícitos. No son de cumplimiento imposible, aunque la probabilidad de que se den en conjunto para así cumplir con las optimistas expectativas gubernamentales es en extremo relativa. Lo expresado antes no significa que vaya a producirse un estallido cambiario en los meses de enero o febrero. Apunta tan solo a mostrar que el plan kirchnerista de cara a los comicios venideros depende de algunos factores que son por completo ajenos a la voluntad de la Casa Rosada y el Instituto Patria. Ello sin contar la manifiesta incompetencia de un elenco dirigencial que no deja error por cometer.

Fuente Prensa Republicana