Que Moyano y el Central paguen los recortes a Larreta

Por Ignacio Zuleta

Que nadie se entere. A pesar de las hostilidades abiertas por la quita de fondos a la CABA, hay reuniones a media luz. El impacto de los recortes porteños. Las consecuencias financieras del impuesto a las Leliq preocupan a Martín Guzmán y a la propia ciudad. Córdoba, bisagra política.

La clausura de las relaciones entre el oficialismo y la oposición los llevó de nuevo a comunicarse en la clandestinidad. Cuando más distantes parecen, más cerca están de lograr algún entendimiento. La agresión presupuestaria de la Nación al gobierno de la CABA – el proyecto madre del oficialismo desde que asumió – buscó herir a la oposición donde cree que más le duele, el bolsillo. Pero produjo víctimas en el espacio del oficialismo con daños y heridas que en realidad van a movilizar acercamientos. El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta respondió con medidas que hieren al oficialista Hugo Moyano – el supremo waste manager de la CABA y de buena parte del país – y que le interceptan la política monetaria a Miguel Pesce en el Central.

El mensaje de la administración porteña a la Nación es: lo que me quitás me lo voy a cobrar con la plata de los contratos de la basura y el impuesto a las Leliq. Olivos y Parque Patricios (sedes de los dos gobiernos) están tan lejos que ya no se saludan. Pero negocian en otros recintos, más discretos. Una prueba es la conversación que mantienen funcionarios de la CABA con los responsables del servicio de recolección de la basura.

Contratos de la basura, casi la mitad de los que le sacan

El mega corte de fondos a la ciudad, en un decreto y con una ley (para el pago de la policía porteña) afecta los contratos con los responsables de ese servicio. El ajuste que hizo la administración de Larreta busca compensar las quitas que sufrió su presupuesto, que pueden llegar a los $65.000 millones. Ese esfuerzo incluye la reducción del gasto, en su mayoría de obras públicas y del pago de los servicios, hasta llegar a la mitad del recorte, unos $35.000 millones. Uno de los más gastos más onerosos es la recolección de la basura. Los contratos montan $30.000 millones y buscan reducirlo un 10%, o sea un ahorro de $3.000 millones.

Esta actividad tiene un mediador estratégico permanente entre las administraciones, que es la familia Moyano. El gremio de los camioneros tiene un compromiso con las concesionarias, que lo convierte en un socio de todas. Pero es además el gobierno nacional. Hugo apadrina, Pablo pone la firma y Marcelo Aparicio – secretario gremial – se sienta frente a los funcionarios de Larreta, encabezados por la ministra de Espacio Público, Clara Muzzio, y los operadores políticos que responden a Diego Santilli. Los camioneros se resisten a la reducción de los planteles que les quiere imponer la ciudad. El argumento es que la tecnología en uso permite menos personal en cada camión. También rechazan la reducción de un día en la recolección. Del otro lado esperan el momento para la estocada: si escalan en la protesta, los vamos a mandar a que el gobierno nacional ponga plata para pagarles a ustedes. Vayan y expliquen que lo barato sale caro. Que les pague Alberto con lo que nos saca a nosotros.

El límite: herir al electorado de tu distrito

La CABA aspira a reponer la otra mitad del recorte mediante las reformas fiscales. Son aumentos de impuestos y tasas a los vecinos. Una compensación importante, unos $12/15.000 millones vienen del impuesto que se le impuso a las Leliq, que el Banco Central ha apelado ante la Corte. Otros $7.000 millones vienen del aumento del impuesto a los sellos y de Ingresos Brutos a actividades financieras y a los resúmenes de las tarjetas de crédito. El gravamen a las Leliq es una piedra en el zapato que va a forzar a la negociación, porque encarece las operaciones de la Nación en la emisión de títulos, que se colocan para esterilizar la emisión de pesos.

Es la pieza más ingeniosa del contraataque de la CABA a la Nación, el que más le duele, y por donde se habilitará un segundo canal, de donde vendrá la renegociación de alguna cohabitación más conveniente a las dos partes. El motivo de la pelea es la jibarización de Larreta y de Juntos por el Cambio con el sitio a la plaza fuerte de la Capital, el único gobierno en manos del Pro. El límite es el costo que le produce a Olivos el desprestigio en el electorado más fiel a la oposición, que es el de la CABA.

El peronismo que hoy ocupa los principales cargos nacionales tiene raíces en el mismo distrito: el gobierno del Frente de Todos es un gobierno porteño. Porteño es Alberto, como Cristina, que vive en La Recoleta, casi porteño es Sergio Massa, antaño una estrella del corredor conurbano Norte, que se referencia con la Capital, aunque hoy alquile un tiempo compartido en el Patria. En la medida en que agredan al electorado porteño, se perjudican ellos.

La bisagra cordobesa

La Corte va a analizar, apenas termine la feria judicial, las demandas de la CABA contra el sablazo policial y la que presentó el BCRA contra el impuesto a las Leliq, que Miguel Pesce, el titular del BCRA, considera que es una traba a la política monetaria que excede los fueros de la autonomía del distrito. Confía en ese argumento para conmover a una Corte que se caracteriza por la defensa del federalismo, y que va a agotar las mediaciones que les permitan eludir pronunciamientos estrictamente jurídicos. Para la Corte es un asunto político.

Los cinco jueces han acordado que durante enero no se mueve un solo papel porque son causas delicadas, de largo aliento y que conviene descremar de política. Esa percepción asume que la conveniencia de las dos partes es encontrar un punto de acuerdo. Eso sólo lo habilita la política. Ha tomado nota, además, de la agresividad del gobierno hacia ellos, y ha dado varios fallos que confirman que están dispuestos a enfrentarlo. Larreta, del otro lado, confía en esa tradición de la Corte de defender intereses de las provincias agredidos por la Nación. En la demanda contra el corte de los fondos policiales, la ciudad le reprocha a la ley aprobada en el Congreso que pida a las partes que se pongan de acuerdo, algo que había ocurrido en los dos consensos fiscales firmados en la era Macri, y en los presupuestos sucesivos desde 2017.

La CABA dice que la Nación rompió ese acuerdo ya vigente y en ejecución, de manera unilateral. La ley cuestionada se aprobó tras el pacto entre la Nación y los diputados que representan a Córdoba, y que responden a Juan Schiaretti. Estos legisladores pusieron condiciones y una de ella redundó en la inclusión del Consejo Federal de Impuestos como organismo sede de la mediación. El CFI es un organismo multilateral de las provincias, con mayoría peronista, que nunca actuó como perito de parte.

Administra acuerdos entre jurisdicciones cuyo equilibro les conviene a todos. El gobierno nacional les impuso a las provincias peronistas una declaración pública en apoyo del recorte. Pero cuando en el CFI se discutió si aceptaba o no el rol de mediador, el representante de Córdoba se abstuvo. El cordobesismo juega siempre con posiciones bisagra. Ocurrió esta semana cuando Juan Schiaretti se sumó a Rodolfo Suárez (Mendoza) y Larreta, en el rechazo a poner al país de nuevo en modo Covid con restricciones totales. Hay que ponerle un ojo a ese mapa, que no es sólo sanitario, expresa un concierto político de enorme importancia hacia octubre. Este lunes el CFI invitará a las partes a sentarse a conversar, pero Larreta y su negociador, el ministro de Hacienda Martín Mura, responderán lo mismo que a Wado de Pedro: es una ley inconstitucional que no vamos a avalar. Nos veremos en la Corte.

¿Cuándo? Va a pasar tiempo. Las demandas por recortes a la coparticipación (San Luis, Santa Fe, Córdoba) que la Corte falló en 2015 estuvieron en el tribunal entre 7 y 8 años. En Parque Patricios creen que hay ahí una brecha para explotar en beneficio de su posición, cuando se trate en la Corte. No porque sus abogados crean que habrá una solución rápida sino por los efectos que la confrontación tiene en la calificación a la que aspiran la ciudad y la Nación en los mercados. Para el Central, y para la administración financiera de Martín Guzmán, que un gobierno local te intervenga la política monetaria con el tributo a los pases y las Leliq es una afectación que les baja la nota.

Es otra muestra de debilidad de un gobierno que no puede concertar ni en los niveles técnicos con la oposición. Un gobierno condenado, hasta nuevo aviso, a gobernar leyes con 129 votos, el número justo del quórum en Diputados. Es como manejar con las cubiertas desinfladas. No vas a llegar nunca muy lejos.

Para el gobierno de Larreta también es un demérito que lo aíslen y le impidan proyección política cuando es el abanderado de la oposición y el protocandidato presidencial de su fuerza. Esa debilidad también la paga él. Las presiones que hacen las dos partes ante la Corte no es porque esperen, con ingenuidad, una intervención rápida del tribunal. Son para adelantar que, en el momento menos esperado, y más pronto que tarde, se van a sentar a acordar una convivencia menos áspera. Larreta es acuerdista y eso le cuesta hacia adentro de Cambiemos las críticas del ala dura.

En el gobierno también hay dos alas. La de Guzmán querría acuerdos como los que impulso al asumir hace un año, que le reportaron las leyes de emergencia y de endeudamiento con gran apoyo opositor. La de Wado de Pedro busca cumplir el plan de acoso a la oposición con cualquier recurso disponible. Eso hace confrontar a Raúl Rigo, secretario de Guzmán, con Silvina Batakis, secretaria de provincias del Ministerio del Interior. Larreta busca explotar esa brecha. La Corte fomentará ese aire negociador desde febrero con llamado a audiencias y mediaciones, como hizo en otros casos, pero no precipitará ninguna sentencia. Ahí radica su poder.

Enredarse con la peste, trae prestigio

Por debajo de esas marejadas el mundo sigue rodando. La peste no deja en paz a la política por más vacunas que se inventen. Arrolla cualquier intención de encarrilar el proceso preelectoral, el único que le interesa a la dirigencia. Allí se jugará el futuro del poder que tienen o que pretenden. Pero es más que difícil convertir el recuento de muertos y contagiados en un éxito en las urnas. Una peste global, como una guerra, destruye a cualquier gobierno.

Winston Churchill, héroe civil y militar, había gobernado Gran Bretaña desde 1940, y había ganado la Segunda Guerra. Pero perdió las elecciones apenas dos meses después de la caída del Berlín, ante el Laborismo y por una diferencia casi humillante. Como si hubiera perdido la guerra. Acá no se trata ya de quién tiene la lapicera sino de quién tiene la jeringa. La sobreactuación tiene sentido, es el único consuelo de hoy y echa sombras sobre el futuro de los héroes del momento. La encuesta de D’Alessio IROL / Berensztein pone al ministro de salud porteño Fernán Quirós como el segundo mejor rankeado en la lista de figuras más prestigiosas, después de Horacio Rodríguez Larreta. Otra muestra de opinión, de la Universidad Di Tella, muestra a la cabeza de las preferencias del público a la política científica y de salud del gobierno nacional -por encima de la política social, de obras públicas o de energía.

Esto prueba que paga mostrarse enredado en la trama sanitaria que arrasa al mundo. Hasta justifica que Larreta haya aparecido como contagiado por el bicho, algo que les ha pasado a muchos políticos y que antes prefirieron ocultar. También que Alberto agote los días conectado con los gobernadores o las reuniones diarias del interbloque opositor que conduce Mario Negri para responder a los actos del gobierno. Tema dominante, la peste.

Nadie se anima a parar las PASO

Indecisos sobre si avalar o no las PASO, el gobierno tuvo un gesto poco usual para el peronismo pretoriano. Llamó con un aviso en el Boletín Oficial a que los interesados opinen sobre el proyecto de licitación del escrutinio provisorio de las elecciones primarias y generales. Una novedad en este tipo de trámite, porque el gobierno tenía la idea de realizar estos emprendimientos con personal y tecnología propia. No licitar con ninguna empresa, y en vez aplicar ciencia propia. Un riesgo para un país en donde si hay algo funciona es el sistema electoral.

Lleva 104 años de ley Sáenz Peña y siempre, salvo los lapsos dictatoriales, los resultados se han respetado. Hay una alta concurrencia al voto y el público acepta el resultado. Las denuncias de fraude nunca prosperan porque hay controles cruzados. Con todos los gobiernos aparecen aprendices de brujos que proponen reformas, pero se recae en el mismo sistema. El pliego actual es analizado por los partidos y los funcionarios judiciales, que tienen 10 días para opinar. La cámara Electoral trabaja ya, pese a la feria, para presentar sus demandas.

Históricamente han sido, en otros años, para reclamar el acceso a los códigos fuente del sistema electrónico usado por las empresas que ganaron la licitación. Desde la era Gurdulich en los años ’90, el ganador fue la empresa española Indra. Liliana Gurdulich fue secretaria de Asuntos Institucionales de Carlos Corach y la responsable de las elecciones en la segunda mitad de aquella década.

Pero si las suspenden, nadie las va a llorar

Con el gobierno de Macri llegó otra empresa, Smartmatic, de la mano del empresario Jorge Born (h). Era más barata que Indra, dijo el gobierno, pero tampoco dejó contentos a todos. Smartmatic tuvo dificultades para cobrar y sufrió el hostigamiento del peronismo, entonces en la oposición, por patinazos en los ensayos previos a las elecciones.

Le reclamaron a la Cámara Nacional Electoral controles que ahora este tribunal les pedirá a los mismos peronistas que están en el gobierno. El pliego le pone nuevas fechas al cronograma electoral, porque prevé varias pruebas funcionales: del software y test de estrés y ciberseguridad el 07/06/2021; y dos integrales. Una para las PASO del 8 de agosto, que será un simulacro el 19/06/2021 y otro de las generales de 25 de octubre, que ocurrirá el 18/09/2021.

Tanta minucia parece confirmar que habrá PASO, pero el gobierno ha hecho ya una política de estado decir una cosa y hacer otra. El aviso dispara el cronograma, y eso hará más difícil que se suspenda, como pide Olivos, en contradicción con el Instituto Patria. El argumento para la suspensión es que son caras e inútiles, porque al final no se eligen candidatos, por la manía criolla de la lista única. También se apoyan en el bajo crédito que tienen las PASO en el público. La encuesta de IROL suma rechazos al sistema: un 38% respondió que deben eliminarse definitivamente, y un 20% que deben suspenderse este año. El rechazo suma un 58% en total. En el gobierno creen que, si no se hacen, nadie las llorará.