Argentina
España
USA
Israel
La jueza nacional Karina Mariana Zucconi quedó en el ojo de la tormenta después de un fallo polémico: procesó por abuso sexual con acceso carnal a Irineo Garzón Martínez (33), el comerciante acusado de drogar y someter sexualmente a una joven venezolana de 18 años en el barrio porteño de Balvanera, pero lo dejó en libertad al entender que no existe “riesgo procesal” ni “peligro de fuga”.
La decisión adoptada por la titular del Juzgado Nacional en lo Correccional Nº 15 de la Ciudad de Buenos Aires no solo despertó una fuerte indignación en la familia de la víctima, sino que además provocó un fuerte repudio en redes sociales, al punto que llegó a convertirse en una de las principales tendencias de twitter del día.
Zucconi tiene 48 años. Estudió la carrera de abogacía en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Se recibió en noviembre de 1996 y ya en abril del año siguiente estaba trabajando como auxiliar escribiente del Juzgado Nacional en lo Criminal de Sentencia “A”.
Entre 1997 y 2011 fue secretaria de los juzgados nacionales en lo Criminal de Instrucción 42 y 23 y, desde noviembre de 2011, está a cargo del juzgado que actualmente ocupa, en el que adoptó algunas decisiones que despertaron polémica.
Por ejemplo, sobreseyó cinco veces a Francisco Amador (33), el ex novio de Marianela Rago y principal sospechoso de su asesinato, ocurrido en el barrio de Balvanera, en junio de 2010.
Zucconi alegó en su momento que “no existían pruebas” para incriminarlo porque, entre otros elementos, los rastros de ADN hallados en el departamento de la víctima no coincidían con su patrón genético.
Sin embargo, la fiscal Marcela Sánchez apeló todas sus decisiones y el 23 de octubre de 2018, la Sala VI de la Cámara del Crimen procesó a Amador en base a una nueva data de muerte, su pasado violento y las lesiones que presentaba y que podrían haber sido provocadas por Marianela, en medio de un desesperado intento por salvar su vida.
“Callate, no grites, va a ser rápido”, la amenaza del empresario acusado de abusar de su empleada
Hace unos años, Isabel Yaconis, mamá de Lucila , la joven de 16 años abusada y asesinada en el barrio porteño de Núñez, en abril de 2003, le pidió que le realizaran una contra prueba de ADN a un abusador condenado, pero la jueza le negó el pedido porque entendió que el estudio que era “nocivo”.
“Yo necesitaba cerrar esa parte de la investigación y no pude. Después se creó el Registro Nacional de Huellas Genéticas de Condenados por Delitos sexuales y tampoco se llegó a concretar”, dice Isabel a Perfil.
La jueza que excarceló al supuesto abusador de la joven venezolana también ejerce como docente en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, en la cátedra Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal, y dictó clases en la cárcel de Devoto, donde incluso llegó a recibir un diploma, de parte de sus alumnos, “por su labor y perseverancia a nuestro lado”.
Cristina, Claudia y el empresario vaciador
Entre otras causas mediáticas, Zucconi intervino en la investigación por las cartas con amenazas que recibió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el año 2016, y en la denuncia contra Claudia Villafañe por el supuesto robo de 458 objetos de Diego Maradona. En este último caso, citó a indagatoria a la ex mujer del Diez, pero finalmente terminó dictando su sobreseimiento.
Además, participó en una de las tantas causas contra el falso empresario Mariano Martínez Rojas, condenado a cinco años de prisión en la causa de “la mafia de los contenedores” y líder de la patota que destruyó la redacción del Diario Tiempo Argentino y Radio América, en julio de 2016.
En el reciente fallo que benefició a Garzón Martínez, la jueza entendió que “no hay de momento elemento alguno que lleve a presumir que el acusado intentará eludir el accionar de la justicia, ni que su detención se erija como necesaria para neutralizar el entorpecimiento del trámite del proceso”.
No obstante, le impuso algunas condiciones, como no poder salir del país y el embargo de sus bienes por 90.000 pesos.
El comerciante está acusado por “abuso sexual con acceso carnal”, que prevé penas que van de los 6 a los 15 años de prisión y es de cumplimiento efectivo, pero solo estuvo detenido dos días: lo demoraron el sábado 23 de enero y recuperó la libertad el lunes 25.
El ataque contra la joven de 18 años ocurrió en el interior de su comercio “Garzón Uniformes”, ubicado en la calle Paso 693. La víctima se presentó allí por una oferta laboral que el dueño había publicado en Facebook.
Según fuentes judiciales, la joven llegó cerca de las 9 de la mañana y ese mismo día comenzó a trabajar. Sin embargo, el encargado le anunció que a las 13 cerraba las puertas, pero que ella debía quedarse trabajando.
De acuerdo a la versión de la chica, en un momento tomó un vaso de agua que el acusado le ofreció y poco después comenzó a sentirse mal. Como sospechó que podría pasarle algo malo le avisó por WhatsApp a su mamá y a su hermana, quienes llamaron al 911 para alertar el caso a la policía. Cuando los efectivos encontraron a la chica tirada en el fondo del local, cerca de una escalera y con el torso desnudo.
Los voceros señalaron que el acusado intentó escapar del lugar por lo que la fiscal Silvana Russi, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 41, entendió ese comportamiento como una manera clara de intentar eludir la acción de la Justicia.
Russi, que se opuso a la decisión de la jueza, presentó un escrito para que intervenga la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional porque entiende que las medidas de coerción impuestas por la jueza no resultan, a su criterio, “suficientes para prevenir el peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación que se vislumbran en el caso”.
