El Gobierno extendió la concesión de Aeropuertos Argentina 2000, controlada por el grupo de Eduardo Eurnekian, hasta 2049 y habilitó otros siete años si la empresa cumple determinadas inversiones. La decisión llega doce años antes del vencimiento que ya había sido prorrogado por Alberto Fernández y después de que la Auditoría General cuestionara la rigurosidad con que se gestionó aquella extensión. Javier Milei, antiguo empleado de Corporación América, debió excusarse formalmente de intervenir en el expediente “por razones de decoro y delicadeza”.
Buenos Aires – 29 Septiembre 2026 – Total News Agency – TNA – El Gobierno nacional volvió a extender el horizonte de Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000) sobre algunos de los activos de infraestructura más estratégicos del país. Mediante la Decisión Administrativa 27/2026, la administración de Javier Milei aprobó una readecuación contractual que garantiza a la compañía la explotación del Grupo A del Sistema Nacional de Aeropuertos hasta el 13 de febrero de 2049 y abre la posibilidad de prolongarla hasta el mismo día de 2056 si cumple una serie de compromisos financieros y de inversión.
La dimensión de la decisión aparece con mayor claridad cuando se reconstruye la historia del contrato. AA2000 obtuvo la concesión en 1998 por treinta años, con vencimiento previsto inicialmente para 2028. En diciembre de 2020, durante la presidencia de Alberto Fernández, el Gobierno otorgó una prórroga adicional de diez años mediante el Decreto 1009/2020, llevando el vencimiento hasta 2038. Ahora, cuando todavía faltaban aproximadamente doce años para llegar a aquella fecha, la administración Milei extendió nuevamente el vínculo por otros once años como piso y hasta dieciocho años adicionales en caso de cumplirse las condiciones pactadas.
El acuerdo establece que la extensión hasta 2056 dependerá de que la concesionaria acredite antes del 30 de junio de 2027 la disponibilidad de fondos, créditos o compromisos financieros por US$600 millones, IVA incluido, destinados principalmente a una inversión adicional en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, y que alcance determinados niveles de ejecución antes del 31 de diciembre de 2031. Si esas condiciones no se cumplen, la concesión finalizará en 2049. El esquema fija además una Tasa Interna de Retorno de referencia del 14,30%, mientras que el Gobierno rechazó incorporar las inversiones al RIGI, beneficio que había sido solicitado por la empresa.
La particularidad política del acuerdo es imposible de separar de la relación previa entre el Presidente y el grupo empresario beneficiario. Milei trabajó durante años para Corporación América, el holding fundado por Eduardo Eurnekian, y él mismo recordó públicamente ese vínculo en agosto de 2025, cuando participó de la inauguración de las nuevas oficinas de la compañía y agradeció especialmente al empresario por aquella etapa de su trayectoria profesional. La relación es suficientemente directa como para que, antes de aprobarse la nueva readecuación, el Presidente firmara el Decreto 1074/2026, mediante el cual se excusó de intervenir en todos los expedientes vinculados con AA2000, su grupo controlante, accionistas y sociedades relacionadas “por razones de decoro y delicadeza”.
La aprobación final quedó entonces en manos del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del ministro de Economía, Luis Caputo. El procedimiento había comenzado formalmente el 27 de diciembre de 2024 y atravesó distintas etapas de negociación. Incluso existió un acuerdo anterior, firmado el 26 de septiembre de 2025, que fue dejado sin efecto por el directorio del ORSNA el 10 de junio de 2026 para reiniciar las conversaciones sobre nuevas bases.
Ese antecedente adquiere una dimensión adicional porque quien presidía entonces el ORSNA, Facundo Leal, quedó posteriormente involucrado en distintas investigaciones judiciales. Leal fue detenido en mayo de 2026 después de que durante allanamientos realizados en investigaciones por presuntas irregularidades se encontraran más de US$2,4 millones en distintas propiedades y estupefacientes. Posteriormente fue indagado en una causa por presuntas coimas y quedó además alcanzado por una investigación por supuesto enriquecimiento ilícito. El acuerdo de septiembre de 2025 firmado durante su presidencia fue posteriormente descartado y no es el instrumento finalmente aprobado por el Gobierno.
La historia contractual de AA2000, además, está lejos de carecer de controversias. La Auditoría General de la Nación (AGN) examinó específicamente la prórroga otorgada en 2020 por Alberto Fernández y aprobó en marzo de 2025 un informe destinado a determinar si el ORSNA había gestionado aquel proceso de manera eficaz, incluyendo el análisis del cumplimiento contractual, las obligaciones pendientes, los procedimientos administrativos utilizados y las condiciones requeridas para recomendar la extensión.
La auditoría cuestionó la rigurosidad técnica y administrativa con la que se llevó adelante aquella prórroga hasta 2038. El señalamiento resulta particularmente significativo ahora porque la administración Milei decidió volver a ampliar el horizonte contractual sin esperar siquiera a que se aproximara el vencimiento que había sido otorgado apenas seis años atrás.
El nuevo acuerdo encuentra su fundamento jurídico en el régimen de renegociación de contratos establecido por la Ley Bases 27.742 y su reglamentación. El ORSNA justificó la revisión sosteniendo que la pandemia de Covid-19 produjo una alteración extraordinaria de la ecuación económico-financiera de la concesión, debido al desplome del tráfico aéreo, la reducción de ingresos y las consecuencias posteriores sobre costos y recuperación de la actividad. El organismo concluyó que la recomposición no podía lograrse modificando una sola variable y recomendó combinar plazo, inversiones, estructura tarifaria y rentabilidad.
Como contrapartida, AA2000 deberá desistir de la demanda judicial que había iniciado en 2023 por la supuesta distorsión económico-financiera del contrato, mientras ambas partes renuncian a determinados reclamos recíprocos incluidos en el acuerdo. La empresa continuará además afectando una porción de sus ingresos al sistema aeroportuario y deberá cumplir el nuevo programa de inversiones comprometido.
La discusión política, sin embargo, difícilmente termine en las cifras de inversión. El interrogante central es por qué resulta conveniente para el Estado definir hoy quién administrará durante casi tres décadas más una red de 35 aeropuertos, cuando la concesión ya estaba garantizada hasta 2038 y existía tiempo suficiente para analizar alternativas, revisar el desempeño contractual o incluso evaluar en el futuro un nuevo proceso competitivo.
La administración Milei sostiene que la extensión permite recomponer la ecuación financiera afectada por la pandemia, asegurar inversiones por US$600 millones y brindar previsibilidad de largo plazo. Frente a ese argumento queda un hecho institucional difícil de soslayar: la magnitud de la relación previa entre el Presidente y el grupo de Eurnekian llevó al propio Milei a apartarse formalmente del expediente. Esa excusación evita su intervención administrativa directa, pero no elimina el debate público sobre una decisión que prolonga hasta 2049 —y potencialmente hasta 2056— una de las mayores concesiones de infraestructura del país, tomada doce años antes de que venciera el contrato que estaba vigente.
Fuentes consultadas: Boletín Oficial de la República Argentina; Auditoría General de la Nación; ORSNA; Presidencia de la Nación; Decreto 1009/2020; Decreto 1074/2026; Decisión Administrativa 27/2026; documentación oficial del contrato de concesión; TN
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