La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) extendió hasta el próximo 31 de marzo la suspensión de la iniciación de los juicios de ejecución fiscal y la traba de medidas cautelares contra las micro y pequeñas empresas.
La oficialización de la medida llegó este lunes, a través de la Resolución General 4936/2021, que fue firmada por la titular de la AFIP, Mercedes Marcó Del Pont, y que fue publicada en el Boletín Oficial.
De esa manera, el Gobierno busca no poner trabas en la actividad de los contribuyentes que cargan con deudas, con el objetivo de estimular así la reactivación de la economía nacional, gravemente afectada por la pandemia de coronavirus.
Tal como indica el documento, los beneficios alcanzan a “los sujetos que revistan la condición de Micro o Pequeñas Empresas inscriptas en el ‘Registro de Empresas MiPyMES” o que “desarrollen como actividad principal declarada según el ‘Clasificador de Actividades económicas’, alguna de las actividades económicas afectadas en forma crítica”.
Además, se aclara que, hasta el 31 de marzo de 2021, inclusiva, se suspende “la traba de embargos sobre fondos y/o valores de cualquier naturaleza, depositados en entidades financieras o sobre cuentas a cobrar, así como la intervención judicial de caja, cuando se trate de contribuyentes o responsables no comprendidos” en las anteriores categorías.
Sobre este último concepto se aclaró que “se podrán solicitar al juez competente las medidas detalladas precedentemente, las que no serán trabadas por el representante del Fisco hasta que haya finalizado el plazo previsto”.
Al margen de la Resolución, se adelantó que se continuará con las “acciones necesarias para recaudar los ingresos tributarios adeudados por aquellos sectores económicos que en la actualidad no se encuentran afectados en forma crítica”.
En tanto, las ejecuciones fiscales se iniciarán sobre grandes y medianas empresas que no desarrollan actividades críticas, que “alcanzan a menos del 1% de todos los contribuyentes del país”.
“La mitad de las deudas que serán reclamadas a grandes y medianas empresas corresponde a fondos que ya fueron cobrados a un tercero”, remarcó la AFIP.
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