Argentina
España
USA
Israel
El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, afrontó este jueves un revés judicial, porque la Cámara de Casación Penal rechazó los recursos que impulsó su administración para que sea la justicia provincial la que lleve adelante la causa por irregularidades en los centros de aislamiento para pacientes con coronavirus y sus contactos estrechos.
Así lo estableció la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que preside Mariano Borinsky, al considerar “inadmisible” el recurso interpuesto por la Fiscalía de Estado de la provincia de Formosa a principios de febrero pasado.
Borinsky y el otro integrante de la Sala IV, Javier Carbajo, señalaron que “la resolución recurrida, toda vez que dispone la continuación del proceso, no cumple con el requisito de impugnabilidad objetiva al no ser sentencia definitiva ni a ella equiparable en los términos del art. 457 del Código Procesal Penal de la Nación”.
Agregaron que “la fiscal de Estado de la provincia de Formosa no había logrado demostrar que se encuentre implicada en el caso una cuestión de índole federal, o un supuesto de arbitrariedad debidamente fundado, o que la decisión recurrida le ocasione un agravio actual de imposible o tardía reparación ulterior que permita equiparar la decisión adoptada a una cuestión definitiva y habilitar así la jurisdicción revisora de la Cámara Federal de Casación Penal en su calidad de tribunal intermedio”.
Así, desestimaron, la presentación que formalizó el pasado 2 de febrero la Fiscalía de Formosa para impugnar la decisión adoptada durante la feria judicial de declarar la competencia del fuero federal para tramitar el hábeas corpus colectivo presentado por el senador nacional por esa provincia y titular del interbloque de Juntos por el Cambio en la cámara alta, Luis Naidenoff.
Naidenoff remarcó en su planteo que los centros de aislamiento en Formosa no respetan las condiciones de privacidad, intimidad, higiene y salubridad, y a fines de enero, la Sala de Feria de la Cámara Federal de Casación Penal (que integraron Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Daniel Petrone) determinó que esa presentación debía tratarse en la justicia federal.
Ese primer fallo tuvo una votación fue dividida, ya que los jueces Borinsky y Gemignani entendieron que la competencia es de los tribunales federales, mientras el magistrado Petrone, en minoría, compartió el criterio del fiscal Raúl Pleé, quien consideró que debe actuar la justicia provincial de Formosa.
Y días más tarde, el 2 de febrero, fue cuando la Fiscalía de Formosa impugnó ese fallo y elevó un recurso extraordinario federal con el que pretendió que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sea la que defina si era la justicia provincial o la federal la que debía llevar adelante el caso.
Con su reciente pronunciamiento, los camaristas Borinsky y Carbajo convalidaron además el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, provincia de Chaco, con el que se revocó la resolución de la jueza federal de primera instancia de Formosa que había declarado abstracto y desestimado el habeas corpus que promovió Naidenoff.
La definición se tomó “habida cuenta la importancia de los derechos constitucionales que se encuentra en juego y la consecuente necesidad de intensificar los recaudos tendientes a su protección”.
Se recordó también que se debe cumplir con “la solicitud de informes a las autoridades y la inspección ocular en los centros gubernamentales de aislamiento por parte de las propias autoridades judiciales”.
Los jueces Borinsky y Carbajo destacaron que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fecha 25 de febrero de 2021 y en el marco de un incidente de competencia, le solicitó a la provincia de Formosa que informe de manera urgente sobre la situación actual de los centros gubernamentales de aislamiento y la aplicación de protocolos para la protección de los derechos humanos de las personas.
Asimismo, recordaron que, en la misma oportunidad, el Máximo Tribunal exhortó a la provincia de Formosa a “llevar a cabo el control y prevención de la propagación del virus Covid-19 con arreglo a los estándares constitucionales y convencionales concernientes a los derechos humanos”.
DS
Fuente Clarin
