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Mientras el presidente Alberto Fernández mueve fichas para demandar a su antecesor Mauricio Macri, al ex ministro Nicolás Dujovne y al resto del equipo económico por irregularidades en el préstamo del FMI a la Argentina, el Gobierno analiza plantear la experiencia del mayor desembolso de la historia del organismo multilateral en Naciones Unidas.
El marco posible no es una elección argentina. Responde a la agenda que impulsan desde el año pasado el secretario general de la ONU, el portugués Antonio Guterres, el Primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y su par de de Jamaica, Andrew Holness, para analizar el impacto de la pandemia de coronavirus en la deuda de los países más pobres.
La invitación ya está marcada en el calendario de la Cancillería y del ministerio de Economía: será el 29 de marzo, entre las 10 y 12.30 (de Nueva York). La Misión Permanente ante las Naciones Unidas ya recibió el pedido de una “reserva de fecha” para una reunión de Jefes de Estado y de Gobierno sobre la Arquitectura Internacional de Deuda y Liquidez, en el marco del proceso de Financiamiento para el Desarrollo en época de COVID-19 y posterior. Sin embargo, en el Palacio San Martín aseguran que la cumbre no será de jefes de Estado.
En el ministerio de Relaciones Exteriores consideran que es una buena oportunidad y exploran la posibilidad de pedirle a Guterres lugar para exponer el caso argentino. El canciller Felipe Solá le hizo llegar la semana pasada el ofrecimiento al ministro de Economía Martín Guzmán, máximo responsable de la dilatada negociación con el FMI.
El jefe de la Cartera económica ya expuso la situación argentina en otros foros internacionales. La última vez fue el 26 de febrero, en una reunión de ministros de Economía del G-20. Guzmán reclamó allí que el Fondo Monetario modifique los recargos que aplica en sus créditos y la extensión de la asignación de derechos especiales de giro para respaldar la reactivación de los países de ingresos medios y bajos.
Guzmán se siente más cómodo con las discusiones técnicas que en el barro de la política doméstica. El ministro demoró en plegarse a la estrategia presidencial de señalar las complicidades del FMI y la supuesta violación de su estatuto en la que habría incurrido el directorio del organismo con sede en Washington para aprobar los préstamos a la Argentina.
La reunió virtual de la ONU en la que el país podría exponer su caso-testigo encajaría perfecto en el calendario. Se produciría antes de las cumbres del Banco Mundial y del FMI que se desarrollarán entre el 9 y el 11 de abril.
Cerca de Solá son realistas en cuanto al impacto político que podría tener un pronunciamiento de Naciones Unidas en la negociación de la deuda. “La ONU sirve para acumular, hasta cierto punto, legitimidad. También sirve para visibilizar un tema cuando tiende a caerse, pero no determina nada. La ONU suele ser justa; el planeta, no”, razonan.
Consultados por Clarín, cerca del Presidente señalaron que por ahora Fernández no tiene previsto referirse en un foro internacional de esa magnitud al respecto. Sin embargo, dentro del oficialismo hay funcionarios que reclaman llevar la negociación argentina a la ONU.
Uno de ellos es Claudio Lozano. “Además de Macri, el otro actor protagónico de este desastre es el Fondo Monetario. Puso en marcha un acuerdo irregular que violó el estatuto del organismo. Hay declaraciones del delegado de Donald Trump en las que explica que las condiciones del crédito son fuera de toda convención. Por lo tanto debiera llevarse el caso argentino a Naciones Unidas. La lógica serviría para tener una discusión con el mayor consenso posible”, dijo a este diario el ahora director del Banco Nación, autor de la primera denuncia penal contra Macri y Dujovne. Lozano planteó su posición en privado al Presidente en reiteradas ocasiones.
Existe un antecedente similar cercano en el tiempo. La Argentina logró que Naciones Unidas se expidiera en contra de los fondos buitre. La ONU emitió una declaración en 2015 con nueve principios marco para los procesos de reestructuración de deuda. “Ha sido un triunfo muy importante. Estos principios son los que deben regir el tratamiento y la resolución cuando se decide renegociar la deuda externa”, sostuvo ese año la entonces presidenta Cristina Kirchner frente a la Asamblea General de Naciones Unidas.
Esa resolución, que sugería que los acreedores minoritarios debían plegarse a los acuerdos de la mayoría de los tenedores de deuda, no tuvo el impacto esperado y el gobierno de Macri terminó acordando con los holdouts el pago de US$ 12.500 millones para salir del default.
Fuente Clarin
