La segunda audiencia para el aumento de las tarifas de gas fue diferente de la anterior: las distribuidoras pidieron una recomposición de sus márgenes y las autoridades también marcaron su postura con mayor énfasis. Hubo números concretos sobre las necesidades de las compañías. Metrogas, por ejemplo, reclamó una mejora del 149%, pero está dispuesto a bajarse a 58% para llegar hasta una transición hasta diciembre de 2021. Para tres de cada cuatro hogares, serían $ 308 por mes.
Federico Bernal, interventor del Enargas, encabezó la audiencia, con claros contrastes con la celebrada al día anterior por la secretaría de Energía. Bernal se tomó un largo tiempo para presentar el objeto de la audiencia, dejar una serie de definiciones políticas y el rumbo que quiere darle a la gestión. Rechazó la “mercantilización” de los servicios públicos, y reclamó que se los trate como la educación o la salud, donde la discusión no está centrada en los costos que tiene para el Estado.
“La tarifa de servicios públicos no se debe medir por su impacto en la política de subsidios (presentó este enfoque como ‘fiscalista’)”, expresó Bernal. “En recientes entrevistas, se planteó a las tarifas y la energía como algo puramente económico (…) Lo único que se pone sobre la mesa es su relación o impacto en la balanza comercial, déficit o superávit fiscal, con los niveles de producción de hidrocarburos (…) si ganamos o perdemos capacidad exportadora, con los muchos, nulos o nulos subsidios”, reflexionó Bernal, sobre lo que considera un “abordaje que padecimos en la gestión anterior”.
“En esos análisis, brilla por su ausencia el ser humano. El mismo parámetro que se usa para evaluar la salud, la educación, la previsión social es el el ser humano (…). La salud energética de una nación no es la capacidad energética de exportación, sino por la salud energética de su pueblo”, agregó. “Se llegó a comparar lo que pagaba por un servicio público en determinada cantidad de pizzas. Nadie se pregunta en términos de pizza lo que se paga la cuota de una cooperadora en un colegio público”, criticó.
Otra de las diferencias fue de organización y logística. Primero habló Bernal, luego el gerente general del Enargas, y más tarde los representantes de todas las distribuidoras y transportistas. Cada orador estuvo identificado con nombre y apellido, como si fuera una transmisión televisiva bien armada, fácil de seguir. La audiencia del lunes fue más caótica, con problemas de audio e imagen, donde costaba identificar quién hablaba.
Las tarifas de distribución inciden en cerca de un 25% de las facturas. La producción -el gas en si mismo- talla en un 50%. “Nos corresponde un 128%, estamos solicitando un 51%, el impacto final en la factura sería del 14%”, dijo José Luis Fernández, de Naturgy (Gas BAN). Ese cálculo no incluye el incremento que habrá por el costo del gas, y el transporte, que sí estarán en las facturas. “Llevamos 9 años sin repartir dividendos”, agregó.
Los defensores de los usuarios dijeron que las distribuidoras de gas fueron sobrecompensadas en más de $ 20.000 millones entre mediados de 2016 y 2019. Con críticas a la política económica de la administración anterior, pidieron que no haya aumentos.
“Las tarifas deben generar ingresos suficientes para satisfacer los costos operativos, impuestos amortizaciones y una rentabilidad razonable. El apartamento del marco regulatorio se agrava con la alta inflación”, expresó Rubén De Muria, de TGS. Las tarifas de transporte de gas registraron una suba del 3.397% desde enero de 2002 a diciembre de 2020. En ese período, los precios minoristas subieron un 8.400%. El ejecutivo marcó que se comparaba los incrementos de 2016 a 2019 con otros valores de la economía de esos años, sin reparar en que había un atraso tarifario que venía casi desde 2002, que los aumentos 2016-2019 también buscaron subsanar.
Fuente Clarin
