En el marco de una causa en la que se pretendía buscar elementos que fueran propiedad de Bernardino Rivadavia, el primer presidente argentino, la Policía Metropolitana realizó dos allanamientos y detuvo a Guillermo Federico Barea, hijo de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño.
Barea trabaja en el Consejo de la Magistratura de CABA desde el 2014 a la fecha como funcionario judicial, revistiendo el cargo de oficial Mayor de Notificaciones. En razón de ello percibe un jugoso sueldo de 287.654 pesos. Además, desempeña actividades en el rubro privado y posee una librería comercial en la calle General Rivas 2665, en Villa del Parque. Su otra propiedad corresponde al departamento en el que vive. Al revisar esos inmuebles, los investigadores hallaron incunables y 450 libros de la colección de 20 mil volúmenes de Bernardino Rivadavia.
Mientras inspeccionaban el departamento en busca de otros elementos que formaban parte de la colección privada del descendiente de la quinta generación de Rivadavia, los investigadores encontraron seis maceteros con plantas de marihuana. Esos plantones fueron encontrados en el primer piso del departamento. A partir de este hallazgo, los policías se comunicaron con el juzgado Federal Nro. 5, que ordenó que el dueño fuese trasladado a una comisaría donde fue fichado y notificado de la formación de una causa penal en su contra por la supuesta infracción a la ley 23.737.
La pista que llevó a los funcionarios judiciales hasta los inmuebles de Villa del Parque fue un testigo que alertó a los herederos de Rivadavia que había visto que en un sitio de internet se ofrecían varios de los libros de un descendiente directo del ex presidente. En internet esas obras eran ofrecidas por un usuario que se identificaba como “Pucherito 2665”, quien resultó ser el hijo de Caamaño.
De este modo, una extraña causa judicial derivó en una detención que sacude a lo más alto del poder político. Respecto a este expediente, fuentes allegadas al ex director de Contrainteligencia, Antonio Stiuso, aseguraron a REALPOLITIK: “Hace algunas horas Caamaño se volvió a presentar ante la jueza Federal María Servini de Cubría porque volvieron a publicar la lista de los ex agentes de la AFI. A la ex fiscal se la tienen jurada y se la van a cobrar dentro de poco tiempo. Ella no es del riñón de CFK, está ahí por movimientos de la izquierda, de hecho, apenas entró limpió a todos los agentes profesionales de carrera, metiendo a lo pavote a zurdos y comunistas”.
El Senado que controla la vicepresidenta Cristina Fernández nunca trató el pliego de Cristina Caamaño como directora General de la AFI, lo que obligó a Alberto Fernández a prorrogar dos veces la intervención del organismo para mantenerla en el cargo. La última prórroga fue el 10 diciembre y por un semestre, lo que no parece tiempo suficiente para cambiar algo: graves errores como permitir el filtrado de sistema Lex 100 de la AFI que develó identidades de espías recluidos en todo el país y el reciente escrache a Alberto Fernández en Chubut, pusieron a Caamaño en el banquillo de los “funcionarios que no funcionan”. Fue en ese marco que el presidente de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Aníbal Fernández, adjudicó las agresiones al presidente en Chubut a “un gran amateurismo en seguridad e inteligencia”, logrando que Caamaño abandonara el ostracismo al que suelen someterse los jefes de espías y lo mandara a “sacar carbón como le enconmendó el presidente”.
Ante este panorama, en el Congreso hablan de sustituirla por “una figura fuerte”, capaz de embarrarse más de la cuenta. Pero como ocurrió cuando quedó vacante el ministerio de Justicia, en las altas esferas prefieren no dar nombres y esperar que el presidente se decida. Por lo pronto, la funcionaria demostró nuevamente caer en el fracaso, pues recordemos que en sus espaldas carga con la mochila de haber sido eyectada, durante su gestión como viceministra de Seguridad de Nilda Garré, por sus inoperantes manejos en la materia a lo largo y ancho del país.
Fuente Realpolitik
