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El reclamo de echar, indemnizar y volver a contratar a 500 empleados es insostenible jurídicamente, pero el Sindicato de Camioneros logró aplicarlo en varias empresas desde 1998. La polémica exigencia tiene puntos de contacto con el “robo” de afiliados de otros gremios.
El conflicto entre Walmart y el Sindicato de Camioneros puso al desnudo nuevamente una de las modalidades extorsivas de los Moyano para aumentar su poder, en donde no importa la legalidad en la que se basan los reclamos que lleva adelante sino su capacidad de presión y su grado de influencia sobre el gobierno de turno para obtener una “legalidad” a su medida.
Así puede explicarse con más claridad cómo Hugo Moyano le exige hoy a la cadena de supermercados que el Grupo De Narváez adquirió el año pasado en la Argentina algo que no está contemplado en la legislación, pero que Camioneros viene consiguiendo desde 1998 sobre la base de su poder de fuego: que una empresa que ganó una concesión de servicios o que cambió de accionistas despida al personal, lo indemnice y lo vuelva a contratar. “Insostenible”, coinciden los abogados, pero no se trata de un tema jurídico sino vinculado con lo que en el mundo empresarial se conoce como “la ley Moyano”.
En Walmart, el sindicato de los Moyano, le exigió a los nuevos dueños de la empresa, apenas asumieron, es cumplir con su propia ley: echar a 500 de los 718 empleados del Centro de Distribución, pagarles la doble indemnización y volver a emplearlos. Para Camioneros, la empresa es otra distinta y por eso consideran válida la propuesta de “una transferencia de contratos de trabajo”. Desde la firma de Francisco de Narváez se niegan de manera terminante porque sólo hubo cambio de accionistas, con el mismo CUIT, y “no podemos negociar algo que no está previsto en la ley”.
El primer planteo fue hecho por delegados regionales del sindicato y el segundo, por el propio Pablo Moyano. En ambos casos, la respuesta empresarial fue negativa. Por eso comenzaron las asambleas, el trabajo a reglamento y “medidas de fuerza encubiertas”, que, según denunció la empresa, “derivaron en una caída del 75 por ciento en la distribución de alimentos básicos y en un desabastecimiento de productos esenciales a más de 1.000.000 de familias en todo el país”.
Para el gremio de los Moyano, el tipo de reclamo efectuado a Walmart “comenzó en 1998 con Manliba y desde entonces se aplicó en empresas de recolección de residuos, logística, correos y aguas gaseosas, y el último antecedente fue una distribuidora de bebidas en Formosa, siempre con los acuerdos homologados en el Ministerio de Trabajo”.
Recordemos el caso de una protesta extorsiva contra una compañía de Marcos Galperín, el empresario demonizado por el kirchnerismo, llevada adelante por el sindicalista al que Alberto Fernández había calificado de “dirigente ejemplar”. Aunque el Presidente se mostró tibio ante su aliado gremial (“No es hora de conflictos”, dijo), todo terminó en una mesa de diálogo impulsada por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, que permitió el levantamiento de los bloqueos y en donde el Gobierno excluyó a Pablo Moyano por su perfil tan intransigente.
Hoy, ese reclamo moyanista parece inexorablemente perdido: Camioneros recurrió a la Justicia, Trabajo dictaminó en favor del sindicato de Vila y ya hay 12 delegados elegidos que pertenecen al sindicato de Carga y Descarga. Muchos hablan de un pedido del Presidente al jefe de Camioneros para que desactivara un conflicto que era visualizado por los hombres de negocios como una preocupante señal de hostilidad hacia el empresariado tolerada y hasta auspiciada por algunos sectores del oficialismo.
Fuente Agencia Nova
