Buenos Aires-05 Junio 2026-Total News Agency-TNA– El conflicto por el pliego de María Verónica Michelli dejó de ser una discusión administrativa para convertirse en un problema político e institucional de alto voltaje para la Casa Rosada. Tras la aprobación del acuerdo en el Senado, el nombramiento de la postulante como jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de La Plata quedó a la espera de la última firma: el decreto del Poder Ejecutivo.
En ese escenario, el abogado constitucionalista Jorge Alberto Dieguez advirtió, en una entrevista con Perfil, que la estrategia de congelar el expediente puede terminar abriendo una puerta inesperada para el propio Gobierno: si Javier Milei sale del país y Victoria Villarruel queda a cargo del Poder Ejecutivo, la vicepresidenta podría firmar el nombramiento de Michelli.
“El nombramiento o no de un juez es una decisión discrecional del Poder Ejecutivo, pero es una decisión discrecional, no arbitraria”, sostuvo Dieguez, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Austral. El especialista explicó que la designación de un juez es un “acto complejo” en el que intervienen el Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo, el Senado y nuevamente el Poder Ejecutivo, que completa el trámite con el decreto de nombramiento.
El caso Michelli escaló luego de que el Gobierno intentara retirar su pliego, pese a que ya había avanzado dentro del procedimiento parlamentario. La postulante había sido propuesta para ocupar una vocalía en el tribunal oral federal platense y su expediente fue finalmente aprobado por el Senado junto con otros nombramientos judiciales. La votación terminó con 44 votos afirmativos, 18 negativos y 2 abstenciones.
El punto sensible para Balcarce 50 es que, según el análisis constitucional planteado por Dieguez, mientras no se publique el decreto en el Boletín Oficial, Michelli no tiene todavía un derecho adquirido al cargo, sino un derecho en expectativa. Sin embargo, ya están cumplidas tres de las cuatro etapas del procedimiento: selección, nominación y acuerdo del Senado. Sólo falta el nombramiento formal.
En la entrevista, el constitucionalista señaló que Milei conserva margen para cambiar de opinión, pero no puede hacerlo de cualquier modo. Si el Presidente decide no avanzar con Michelli, debería enviar un nuevo mensaje al Senado y proponer a otra persona dentro de la misma terna. De lo contrario, dejar congelado el trámite expone al Gobierno a una situación incómoda: que el expediente quede vivo y pueda ser firmado por otro presidente en ejercicio.
Ahí aparece la figura de Villarruel, cuya relación política con Milei atraviesa desde hace tiempo una tensión visible. Dieguez recordó que Michelli se reunió con la vicepresidenta en el Senado y lanzó una advertencia directa: si el Presidente viaja y la vicepresidenta queda a cargo del Ejecutivo, podría completar el trámite con su firma. “Creo que el Presidente tiene que definir esto, no lo puede dejar frisado, porque corre ese riesgo”, planteó.
La discusión tiene además un componente político delicado. El intento de frenar el pliego fue atribuido al parentesco de Michelli con el periodista Hugo Alconada Mon, autor de investigaciones críticas sobre el entorno presidencial. Esa explicación abrió cuestionamientos internos y externos al Gobierno, porque la idoneidad de la candidata no fue objetada formalmente dentro del concurso judicial.
Dieguez fue preciso sobre ese punto: una decisión presidencial puede ser discrecional, pero si la negativa se funda en un vínculo familiar sin relación directa con el desempeño del cargo, el acto puede aproximarse al terreno de la arbitrariedad. “Si usted me quiere decir que no va a nombrar a una persona porque es cuñada de un periodista, explíqueme qué conexión tiene con el futuro cargo”, sostuvo.
El expediente también expuso diferencias dentro del propio oficialismo. Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado, se abstuvo en la votación y ya había marcado distancia con la decisión de la Casa Rosada, al invocar una objeción de conciencia frente al intento de bloquear el nombramiento por un vínculo familiar. La escena dejó a la vista que el oficialismo no logró ordenar una posición única en un tema que combina justicia, poder político y libertad de prensa.
Para el Gobierno, el dilema ahora es doble. Si Milei firma el decreto, convalida una designación que intentó frenar. Si no lo firma, sostiene un conflicto abierto con el Senado, arriesga nuevas críticas constitucionales y deja latente la posibilidad de que Villarruel, en ejercicio temporal del Poder Ejecutivo, complete el trámite.
La paradoja es evidente: el intento de bloquear a Michelli puede terminar fortaleciendo a la propia candidata y, al mismo tiempo, dándole a Villarruel una herramienta institucional que la Casa Rosada preferiría evitar. En una administración que suele hacer de la centralización política una marca de gestión, el caso muestra que la arquitectura constitucional todavía conserva mecanismos capaces de incomodar al poder.
