La consideración del Gobierno de que hubo lawfare durante la administración de Mauricio Macri se intensificó luego de que El Destape publicara que el camarista de Casación Mariano Borinsky visitó la Quinta de Olivos 15 veces, entre abril de 2016 y septiembre de 2019. En esa línea, el ministro de Justicia, Martín Soria, habló de “persecución política” y dijo que los encuentros -que según allegados al magistrado fueron para practicar deportes y por la reforma del Código Penal- “constituyen una obscena prueba de la vulneración del estado de derecho” y dejan “al descubierto vínculos non-santos o espurios entre sectores de la Justicia y el gobierno de Macri”.
Consultado en Radio 10 sobre si desde el Ejecutivo pensaban tomar cartas en el asunto, el ministro que reemplazó a Marcela Losardo y que, desde su llegada, expone un perfil público más alto que su predecesora en el cargo, comentó: “Ya hay denuncias, seguramente serán ampliadas por quienes correspondan. No corresponde a mi rol institucional andar persiguiendo jueces, eso lo hacía cuando era diputado”.
En su tarea como legislador -a la que debió renunciar para ser ministro- Soria se había encargado de exponer lo que llama la “mesa judicial macrista” y fue quien llevó a la Justicia la denuncia contra otro camarista de la Casación,Gustavo Hornos, por haber visitado la Casa Rosada y la Quinta de Olivos durante la administración de Cambiemos.
“Ellos sabían perfectamente de la afectación o la injerencia que estaban realizando al Poder Judicial de la Nación”, sostuvo Soria y agregó: “No quedan dudas a estas alturas de la manera en que el gobierno de Macri manipuló al Poder Judicial y tampoco quedan dudas de esa maquinaria de persecución política que montaron, en la cual también participaron estos jueces y fiscales”.
Sin embargo, no abarcó a todos los magistrados en dicha consideración, a pesar de comentar que existen “muchos” involucrados: “Hay que ser prudentes porque no todos son lo mismo y no todos se atrevieron a hacer semejante barbaridad, son un puñado de jueces y fiscales, que por lo general obtienen el reproche de todos sus pares”.
También, sostuvo que la ciudadanía debe comprender lo que pasó “porque gran parte de los problemas que enfrentamos hoy tienen relación directa con este delictual entramado que mezcló al poder político y a sectores de la Justicia”.
La “crisis” del Poder Judicial y el intento de reforma
Ferviente crítico del funcionamiento del Poder Judicial y alineándose con la intención que tiene el presidente Alberto Fernández de modificar el mismo, con proyectos estancados en la Cámara de Diputados, Soria indicó: “Quizás también hay una defensa un tanto corporativa, por eso es tan difícil penetrar, depurar y devolverle el prestigio que nunca debió haber perdido este poder del Estado. El Presidente y nuestro gobierno planteó desde el primer día una agenda de reformas muy concretas, ahí están los proyectos presentados en el Congreso, tenemos que seguir trabajando en eso”.
El ministro recordó cuando en 2019, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz dijo que “un Poder Judicial sin legitimidad pierde su razón de ser” y comentó: “Al abrir el año judicial, el propio Rosenkrantz decía que el Poder Judicial afrontaba una profunda crisis de legitimidad. No lo digo yo, ni Alberto, ni Cristina [Kirchner], lo dicen desde la cúpula del Poder Judicial y tiene que ver con las estadísticas: más del 85% de los ciudadanos descree del Poder Judicial y ahí es donde tenemos que actuar en consecuencia”.
Sobre esto último, señaló que “la Justicia que tarda no es justicia” y añadió: “Por eso tenemos que trabajar estas reformas, no solamente para erradicar estas vinculaciones espurias que fue lo que pasó con el gobierno de Macri, sino para acelerar la justicia, los plazos, los tiempos”.
Por último, se refirió a que aún analizan la iniciativa de crear un tribunal intermedio que intervendría en los casos de corrupción y achacó contra la Corte. “Tenemos un promedio de 20.000 causas ingresando hoy a la Corte Suprema y el promedio es de 200 fallos fundados, es decir, que los jueces escriben sus votos”, expresó y sostuvo: “La respuesta que obtenemos del máximo tribunal deja mucho que desear”.
LA NACION
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