A cuatro años y medio del crimen de Diego Roda, detuvieron a dos policías

Pasaron 1.667 días y cuatro cumpleaños que Pedro pasó sin su papá. A Diego Roda (39) lo mataron el 12 de septiembre de 2016 en la puerta de la casa de sus suegros, en Ituzaingó. Estaba junto a Virginia Tueso (34) y a su hijo, de apenas 12 días. Lo mataron de un disparo en el pecho y con la misma bala hirieron a su mujer en una mano.

Primero acusaron a tres ladrones que escapaban después de haber robado una camioneta en Caseros. Sin embargo, en 2019 descubrieron que a Diego lo mató una bala policial.

Este martes, cuatro años y medio después del crimen y dos años después de que descubrieran que sus asesinos habían sido policías, detuvieron a Aníbal Fernando Grané (31) -el autor del disparo- y a su compañero, Gerardo Gabriel San Miguel (35) -por el encubrimiento-.

Fue este martes después de una pericia de reconstrucción en la escena del crimen, que había sido postergada en varias oportunidades. Ahora pedirán su arresto formal y podrían ordenarles la prisión preventiva hasta que la causa llegue a juicio.

Además, imputaron a los oficiales Maximiliano Gastón Ramos (39) y Camila Pasos (30), que también participaron del operativo y del encubrimiento del hecho.

La misma suerte correrán los peritos y otros miembros de la comisaría de Villa Elisa que participaron de la maniobra.

“Estoy contenta, sentí como un alivio en el corazón… y agradecimiento porque después de tanto luchar, de tanto golpear puertas y de pelear por cada cosa que había que hacer: al menos hoy están presos, están en la cárcel gracias a Dios y a Diego. También siento tristeza por la burocracia de esta Justicia que tenemos”, dice María del Carmen Peche (65), la mamá de Diego Roda, a Clarín.

Durante el primer tramo de la investigación se dijo que a Diego lo habían matado dos ladrones que robaron una camioneta en Caseros. La Policía -declararon los que participaron del operativo- los persiguió por Tres de Febrero y San Martín, hasta llegar a Ituzaingó.

La camioneta Peugeot Partner en la que escapaban se detuvo cuando pincharon una rueda, cerca del lugar en el que Diego, su esposa y su hijo, salían de cenar.

En esa huida a la carrera -mintieron los policías- intentaron robar el Volkswagen Vento de Diego para seguir escapando. Y ahí, dijeron, lo mataron.

Por ese hecho detuvieron a los ladrones y los acusaron por el homicidio. Sin embargo, ni su declaración ni la de Virginia, pareja de Diego, coincidían.

Esa versión duró dos años, unos 500 días. Todo ese tiempo tardaron en peritar la bala que habían encontrado entre la chapa de la puerta y el panel del auto.

Esa bala, la que había matado a Diego, la que había impactado en una mano de Virginia mientras intentaba bajar para sacar a su bebé, había salido del arma de Aníbal Fernando Grané, que fue cesanteado de la Bonaerense y se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria, pero no por el homicidio de Diego, si no por usar su pistola reglamentaria para balear a otro joven en una discusión de tránsito en 2017.

A San Miguel, Ramos y Pazos también los echaron de la fuerza apenas se conocieron las pruebas de que habían participado del crimen, algo que no ocurrió en la investigación judicial.

En 2019 y después de que se conociera el resultado de las pericias, los abogados de la familia Roda pidieron a la fiscalía general que interviniera porque ni el comisario de Villa Elisa ni los peritos que habían falseado los resultados para encubrir a los policías respondían a las cédulas de notificación ni se presentaban a declarar.

La investigación pasó a manos de Gendarmería y Policía Federal y los tuvieron que trasladar por “la fuerza pública” para que finalmente dieran su testimonio en sede judicial.

“Dos años después de todo eso, de ver que no pasaba nada, que no ordenaban la reconstrucción que había pedido la fiscalía general, decidimos hacer marchas y concentraciones para pedir que avance la investigación. Y recién dieron fecha para ahora. Todo este tiempo pasó”, lamenta María del Carmen, que se paró firme para controlar que el procedimiento se realizara con transparencia. 

La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) denunció: “La maquinaria de la impunidad se puso una vez más en marcha aquella noche y todo el despliegue policial, lejos de esclarecer el hecho, se encargó de enturbiarlo, distorsionarlo y encubrirlo”.

“Con los jefes policiales de entonces a la cabeza, la tarea fue encubrir el accionar policial. Levantaron las vainas halladas en el lugar pero las guardaron en una caja literalmente sepultada en la oficina de la Policía Científica de Morón. Por años, nunca se supo nada de ellas ni de las armas reglamentarias utilizadas en la cacería”. 

En la reconstrucción, María del Carmen escuchó las contradicciones entre los relatos de los policías y las imprecisiones entre la versión que quisieron instalar y lo que manifestaron el resto de los testigos. Se enteró a través de su abogado que el fiscal Tavolaro pidió la detención.

“Nos abrazamos y fue una alegría, un agradecimiento. Como nos dijo uno de los abogados, es el inicio del camino para tener un poco de paz y así lo siento”, cerró la mujer.

EMJ

Fuente Clarin