En el gobierno de la ciudad de Buenos Aires todo es expectativa. Luego de que esta mañana la fiscal ante la Cámara de Apelaciones, Karina Cicero, pidiera hacer lugar a un amparo presentado por un grupo de padres para que las clases presenciales continúen, en la administración porteña aguardan para las próximas horas la resolución de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo.
Según pudo saber LA NACION, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, y su gabinete están en permanente contacto vía Zoom, con el objetivo de preparar la eventual comunicación pública sobre cómo garantizarán las clases, en caso de que el fallo sea favorable.
Al mismo tiempo, evalúan desde lo jurídico qué acción podría tomar el gobierno nacional en miras de mantener la prohibición para que, desde mañana, niños y jóvenes del AMBA solo se eduquen de manera virtual por 15 días.
Al justificar su postura esta mañana, Cicero afirmó: “La Ciudad Autónoma cuenta con potestades exclusivas para organizar el sistema educativo en su jurisdicción, que en caso de omitir tal mandato constitucional, peligra el goce de su propia autonomía (conf. art. 5 CN). Y tan evidente resulta que como derivación de esta potestad la Ciudad -y no la Nación- es competente para decidir sobre Página 24/25 estas cuestiones”.
Otro factor clave para la gestión capitalina de Juntos por el Cambio son los gremios, actores que desde un primer momento se mostraron disconformes con las condiciones en que se daba la presencialidad, principalmente en el ámbito de la Ciudad, y que incluso llevaron adelante jornadas de paro para reclamar por la vuelta a la virtualidad. En la Capital temen que los sindicatos se nieguen a acatar el amparo, si es concedido.
Mientras tanto, Rodríguez Larreta también espera la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deberá tratar el amparo presentado por su administración para declarar inconstitucional el decreto de necesidad y urgencia del presidente Alberto Fernández. El viernes pasado -en una opinión no vinculante para el máximo tribunal- la procuradora fiscal Laura Monti dictaminó que la Corte Suprema debe intervenir en dicha causa. No obstante, no se refirió al fondo de la cuestión discutida, sino solo a la competencia.
“Esta medida es injusta, pero si la Justicia no da marcha atrás, el decreto es norma vigente y hay que cumplirlo”, aseguró en declaraciones radiales hoy la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, quien también contó que su par nacional, Nicolás Trotta, no le contesta el teléfono, luego de la tensión desatada entre ambas jurisdicciones esta semana.
LA NACION
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