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Alberto Fernández ha perdido con claridad los primeros rounds de su pelea con Horacio Rodríguez Larreta por el cierre temporario de las escuelas en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según lo indican distintos estudios de opinión pública que han medido las percepciones de la población y analizado los diálogos registrados en las redes sociales.
Sin embargo, es necesario hacer dos salvedades: la primera es que el combate que tiene como protagonistas al presidente de la Nación y al jefe de gobierno porteño está lejos aún de su conclusión. La segunda es que circunscribir el debate a estas dos figuras políticas resultaría incompleto, porque la gran novedad de las jornadas que siguieron al anuncio presidencial sobre las mayores restricciones frente a la pandemia de Covid fue la irrupción y el papel activo de un nuevo actor social. Este sector emergente está conformado por los grupos de padres organizados, que manifiestan su indignación o bronca ante la suspensión de la educación presencial que intenta imponer el gobierno nacional.
La aparición de este nuevo actor social, capaz de asumir el rol de un factor de poder y de influir en la vida política, constituye un dato relevante en el ámbito de la educación, donde los gremios docentes parecieron acaparar el protagonismo durante mucho tiempo. Siempre se consideró que la escuela fue y es no solo el mejor medio para el proceso de enseñanza y aprendizaje, sino también un lugar para la contención de los niños y adolescentes, especialmente de aquellos pertenecientes a los sectores más vulnerables de la sociedad. Paradójicamente, en los últimos días, fueron las organizaciones de padres las que levantaron esa bandera, mientras la mayoría de los sindicatos docentes se apartaron de ella, convocando al paro general de actividades en apoyo a la decisión del Gobierno de avanzar hacia la suspensión de las clases presenciales.
Las últimas encuestas conocidas luego del enfrentamiento entre el gobierno nacional y el porteño por la educación presencial muestran un mayoritario rechazo a la posición manifestada por Alberto Fernández y Axel Kicillof.
El sondeo de opinión pública llevado a cabo por Jorge Giacobbe & Asociados entre 2500 personas a nivel nacional, contactadas a través de dispositivos móviles los días 15 y 16 de abril, señala que solo el 33% está de acuerdo con cerrar las clases presenciales, mientras que el 63,4% se declara en desacuerdo.
Cuando la misma encuestadora pregunta a la población qué sensación le produjo el anuncio de Alberto Fernández de disponer una cuarentena más rígida, el 20,7% manifestó “seguridad”; el 12,3%, “confianza”; el 8,2%, “tristeza”; el 17,5%, “bronca” y el 40,7%, “indignación”. En resumidas cuentas, alrededor del 33% apoya las medidas (sumando a quienes indican seguridad o confianza) y poco más del 58% las rechaza (sumando a quienes declaran bronca o indignación).
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La credibilidad sobre el plazo de 15 días fijado por el Presidente para las restricciones también está por el piso, ya que solo el 7,7% de los encuestados cree que se extenderán por apenas 15 días; el 14,5% estima que durarán un mes; el 34,5% extienden esa proyección a todo el invierno; el 22,9%, a todo el año, y el 19,8% manifiesta que no tiene idea acerca de cuánto se prolongarán las medidas.
Otra encuesta, realizada por Management & Fit y dirigida por Mariel Fornoni, entre el 16 y el 17 de abril entre 1000 personas consultadas en el AMBA a través del relevamiento telefónico IVR, señala que el 53,6% le cree más a Horacio Rodríguez Larreta, en tanto que el 36,5% le cree más a Alberto Fernández, mientras el 9,5% no sabe o no responde, frente a la pregunta que confronta la opinión del alcalde porteño, para quien las clases presenciales no aumentaron el nivel de casos de Covid, con la posición del primer mandatario, quien sostiene lo contrario.
El rechazo a la posición del gobierno nacional también ha crecido en las redes sociales. Así, un monitoreo en redes y en la web sobre la charla y el comportamiento de los argentinos frente al avance del coronavirus y a las medidas del Gobierno, desarrollado por Scidata Argentina y dirigido por Diego Corbalán, revela un crecimiento del malhumor social, mezclado con un aumento de los cuestionamientos políticos al manejo sanitario y una fuerte referencia a los perjuicios para la economía.
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De acuerdo con este estudio, respecto de la charla sobre las restricciones, entre marzo y abril, las menciones negativas treparon un 8%. Apenas terminados los anuncios del presidente Alberto Fernández sobre el endurecimiento de las medidas restrictivas en el AMBA, los usuarios de Twitter y de Google de uno y otro lado de la avenida General Paz activaron una catarata de publicaciones que cuestionaban esas decisiones gubernamentales.
Con los hashtags #ElPeorGobiernoDeLaHistoria y #NoCierrenLasEscuelas, los usuarios críticos del Gobierno alimentaron una cadena de fuerte rechazo a las medidas. Pero si bien los valores de negatividad mostraron picos en Twitter en los últimos días, se trata de números que ya venían creciendo desde hace varias semanas.
Independientemente de la foto que hoy muestran las encuestas y el análisis de los diálogos en las redes sociales, hoy contrarios a la posición del gobierno nacional, no puede obviarse que el debate está lejos de terminar. En tal sentido, habrá que evaluar el futuro resultado de la estrategia del oficialismo que, de la mano de la figura del “estrago jurídico”, apuntará a responsabilizar a Rodríguez Larreta por el probable aumento de los contagios y las muertes por Covid, al margen de que estas consecuencias no puedan relacionarse con el hecho de que estén abiertas las escuelas, que, lejos de ser un foco de contagios, han sido hasta el momento un lugar privilegiado para la detección de posibles casos de coronavirus.
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