El juez federal ordenó indagar a los propietarios de Suizo Argentina y dispuso la inhibición patrimonial de 36 acusados por presunta cartelización, sobreprecios y corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. La investigación lleva más de un año y todavía se desconoce si los involucrados realizaron transferencias de bienes antes de las medidas judiciales.
Buenos Aires – 22 Octubre 2026 – Total News Agency – TNA. El juez federal Ariel Lijo citó a declaración indagatoria a Jonathan y Emmanuel Kovalivker, presidente y vicepresidente de la droguería Suizo Argentina, y ordenó la inhibición general de bienes de 36 imputados en la causa que investiga un presunto entramado de corrupción, cartelización empresarial y sobreprecios en las contrataciones de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) durante el gobierno de Javier Milei.
La resolución llegó menos de 24 horas después del requerimiento presentado por los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), quienes solicitaron 43 declaraciones indagatorias y describieron un mecanismo mediante el cual Suizo Argentina habría logrado controlar decisiones administrativas, direccionar compras de medicamentos y coordinar precios con otras 14 droguerías.
Según la acusación, la empresa familiar habría conseguido “cooptar” la ANDIS entre mayo de 2024 y agosto de 2025, obteniendo órdenes de compra por aproximadamente 137.118 millones de pesos durante ese período. Los investigadores sostienen que determinadas contrataciones se efectuaban mediante compulsas reducidas, con información anticipada y precios considerablemente superiores a los registrados en procedimientos ordinarios.
Uno de los casos examinados corresponde a un medicamento destinado al tratamiento de la esclerosis múltiple, cuyo costo inicial rondaba los 92.000 pesos por unidad, mientras que la ANDIS habría pagado entre 3,8 y 4 millones de pesos, según la reconstrucción fiscal. Las diferencias superaban el 4.000% y forman parte de las pruebas utilizadas para sostener la hipótesis de sobreprecios sistemáticos.
Las primeras indagatorias se realizarán el jueves 29 de octubre, cuando deberán presentarse los hermanos Kovalivker y Diego Viner, director de Compras de Suizo Argentina. El 3 de noviembre será el turno de otros directivos de la compañía, entre ellos Sebastián Nuner Uner, Gonzalo Zarbo y Fernando Domínguez.
Las audiencias continuarán hasta el 26 de noviembre. Entre los citados figuran Pablo Atchabahian, señalado como presunto operador de la droguería dentro del organismo, y Miguel Ángel Calvete, investigado por su participación en el entramado y por presuntos pagos indebidos al exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, quien también deberá ampliar su declaración.
La investigación ya registra procesamientos de exfuncionarios y particulares. El pasado 16 de octubre, Lijo amplió resoluciones contra varios acusados y estableció que las diferencias de precios detectadas hasta ese momento en medicamentos e insumos médicos superaban los 7.833 millones de pesos, cifra provisional que no comprende necesariamente todas las operaciones bajo investigación.
Sin embargo, uno de los aspectos más sensibles de la nueva decisión judicial es su oportunidad.
La causa comenzó en agosto de 2025, pero las inhibiciones patrimoniales contra los Kovalivker y otros empresarios fueron ordenadas recién ahora, más de un año después. Durante ese intervalo, los investigados pudieron haber realizado operaciones sobre bienes registrables, transferencias societarias o movimientos patrimoniales que deberían ser examinados para determinar si existieron maniobras destinadas a preservar activos frente a eventuales medidas judiciales.
Hasta el momento, no se ha informado públicamente si la Justicia efectuó un relevamiento patrimonial retrospectivo ni si detectó transferencias de bienes realizadas antes de las inhibiciones. La cuestión adquiere particular importancia porque las restricciones actuales no impiden, por sí mismas, que hayan existido operaciones anteriores.
El propio Lijo justificó las medidas al advertir sobre la necesidad de preservar bienes susceptibles de un futuro decomiso, reparación económica o responsabilidad pecuniaria. Para ello ordenó comunicar las inhibiciones a los registros de la Propiedad Inmueble, Automotor, Aeronaves y Buques, además del Jockey Club Argentino.
La decisión abre así otro interrogante judicial: si existía riesgo de dispersión patrimonial, corresponde establecer qué controles se realizaron durante los meses anteriores y si las medidas cautelares llegaron a tiempo para asegurar una eventual recuperación de los fondos públicos investigados.
El expediente adquiere especial gravedad porque las operaciones cuestionadas afectaban recursos destinados a medicamentos e insumos de alto costo para personas con discapacidad y beneficiarios del programa Incluir Salud, precisamente una población cuya atención depende de la correcta administración de fondos estatales.
Fuentes consultadas: La Nación, Ámbito, TN, Tiempo Argentino, Revista Quórum y antecedentes judiciales de la causa ANDIS.
No dejes que el algoritmo oculte las noticias. Si confías en este sitio para obtener información confiable, por favor dedica un momento a seleccionarnos como tu fuente preferida en Google: haz clic aquí y marca el casillero o pulsa el botón de TotalNewsAgency.com para ver siempre nuestras noticias verificadas en tus preferencias.
Total News Agency combate las fake news, siempre te brindaremos fuentes e información confiable verificada
