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El último amparo que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó ante la Corte Suprema de Justicia para garantizar las clases presenciales se suma a una seria de fallos que el máximo tribunal tiene y que pueden complicar la relación entra la Nación y la Ciudad. En sus manos, la Corte tiene otras decisiones claves para la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Se trata de la presentación por la quita de la Coparticipación que decidió el presidente Alberto Fernández, unos terrenos cedidos a CABA por Mauricio Macri por 400 millones de dólares y una presentación que inició el Banco Central por el impuesto que Larreta le puso a las Leliqs tras la quita de fondos
Los plazos juegan en contra de Horacio Rodríguez Larreta. Es que la Corte Suprema no tiene -como otras instancias judiciales- tiempos para pronunciarse. Salvo en el caso de la presencialidad donde la Corte aceptó el caso este lunes y podría fallar esta semana.
El planteo sobre la presencialidad tiene tres ejes: la supuesta violación de la autonomía de la Ciudad, la violación al principio de razonabilidad – ya que consideran que suspensión de las clases presenciales no se encuentra justificada en datos empíricos- y la violación del principio de supremacía federal, según el cual “se declara la supremacía de la Constitución Nacional por sobre todo el orden jurídico argentino”.
Los ministros de la Corte enfrentan un escenario particular. En medio de un marcado enfrentamiento con la Casa Rosada, ya que fueron eje de las últimas críticas del Presidente, tienen también expedientes sobre la vicepresidenta Cristina Kirchner que podrían dejarla muy mal parada en el plano penal.
Un tema que también está en manos del máximo tribunal y que inquieta en el gabinete de Rodríguez Larreta, es el reclamo por la quita de la Coparticipación que anunció hace meses el presidente Alberto Fernández. Es un planteo multimillonario y que afecta a las arcas de la gestión porteña, considerando además, que estamos ante un año electoral. Este miércoles, tendrán un encuentro Nación y Ciudad en la Corte. Es una instancia de mediación que puso el tribunal para intentar destrabar la situación.
Los números oficiales indican que desde el 9 de septiembre que se aplicó lo ordenado por el Jefe de Estado, y hasta el 1 de abril pasado, la Ciudad dejó de percibir en concepto de Coparticipación un total de $ 32.000 millones.
Si el número se desglosa aún más, lo que el jefe de Gobierno porteño dejó de percibir por el mismo concepto son $ 7.000 millones por mes. La gestión porteña asegura, además, que aún vienen recuperándose de las pérdidas financieras del año pasado, “considerando que la pandemia y las restricciones aplicadas, representaron una caída anual del 13% de la recaudación y en abril, mayo, junio del año pasado, fue una caída histórica del 18%”, explicaron fuentes oficiales a Clarín.
La cifra global es aún mayor: la reducción del porcentaje de la Coparticipación representará una pérdida global de $ 65.000 millones. Horacio Rodríguez Larreta espera que la Corte Suprema revierta ese escenario, que en la Ciudad califican de “apremiante” y sobre el cual, sólo realizan una interpretación política, donde a su entender, “el gobierno nacional busca el ahogo financiero”.
Mientras persiste ese reclamo, el Banco Central de la República Argentina, le pidió al máximo tribunal que declare la inconstitucionalidad del flamante impuesto sobre los intereses de las Letras de Liquidez(Leliqus) que el gobierno porteño empezó a aplicar a los bancos que operan en la ciudad tras el recorte de fondos de la coparticipación.
Así, mientras la Ciudad le pide a la Corte que obligue a la Nación a restituir los fondos, el Central le reclama a la Corte que le impida a la Ciudad a cobrar el impuesto con el cual el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta busca compensar la quita sufrida a manos del gobierno nacional.
Como si esos números no fueran poco, otro reclamo derivará en la Corte Suprema en breve. La asesoría letrada de la Ciudad, interpuso un recurso extraordinario ante el fuero Contencioso Administrativo, donde la Agencia de Bienes del Estado (ABBE) de la actual gestión, obtuvo una medida cautelar para que el gobierno porteño no avance en la posesión y venta de un conjunto de terrenos por 400 millones de dólares.
Fuentes allegadas al caso, explicaron que creen que ese recurso extraordinario será rechazado y la decisión para recuperar esos inmuebles, quedará, una vez más, en manos del Máximo Tribunal.
Fuente Clarin
