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Con un déficit fiscal del 0,5% del producto bruto, el primer trimestre del año marca un ajuste en las cuentas públicas, que lo lleva a exhibir el mejor resultado en los últimos seis a años.
El déficit fiscal acumulado al primer trimestre fue de $ 184.408 millones. Este resultado incluye el pago de los intereses de la deuda. Si se mira solo el déficit público, sin la deuda, el saldo negativo equivale a 0,18% del producto, por debajo del resultado del año pasado, cuando el gasto estuvo “engordado” por el arranque de la cuarentena.
Los datos surgen del informe fiscal de marzo que presentó el ministerio de Economía. Pese a los avances del trimestre, el rojo de las cuentas públicas creció fuerte en marzo y llegó a $ 74.446 millones. Así multiplicó por cuatro el resultado de febrero, cuando el déficit había sido de $ 18.757 millones.
Con relación a febrero, los gastos subieron en marzo en $ 91.000 millones, mientras que los ingresos lo hicieron en $ 37.000 millones. Entre un mes y otro las partidas para prestaciones sociales saltaron $ 68.000 millones.
El economista Nadín Argañaraz detalló que en el primer trimestre los ingresos totales crecieron un 10,5% real respecto a igual periodo de 2020, mientras que el gasto primario se ubicó casi al mismo nivel en pesos constantes, ya que aumentó solamente un 0,7%. El gasto total, con los intereses incluidos, cayó un 5,7% real por el efecto de la reestructuración de la deuda.
De este modo, el trimestre permite ver como el Gobierno fue aplicando un ajuste del gasto. De hecho, Argañaraz detalla que el gasto corriente primario, sin contar los pagos de la deuda, bajó alrededor del 6% en rubros relevantes como los salarios y las prestaciones sociales.
En cambio hubo subas en los subsidios a la energía y el transporte, un alza del 23,6% y del 19,3% en términos reales, respectivamente. Los dos rubros ganaron así participación en la estructura del gasto público nacional.
“En el primer trimestre de 2021 se lleva acumulado un resultado primario que resulta deficitario por el equivalente a un 0,18% del PIB. Es mucho menor a lo que ocurrió el año pasado, y se encuentra más en línea con el déficit primario acumulado en 2018, por ejemplo”, marca Argañaraz.
Más gasto Covid
De cara a las restricciones que ya se aplicaron por la segunda ola de Covid y a las que podrían sumarse, Argañaraz plantea que “la segunda ola del COVID-19 abre un interrogante principalmente por el lado del gasto. El presupuesto 2021 no tiene contemplado un gasto Covid“.
Hasta ahora el “gasto Covid” de esta segunda ola contempla el pago de un bono de $ 15.000 a casi 1 millón de beneficiarios del AMBA entre titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y monotributistas A y B. Esto ya implica un gasto de casi $ 15.000 millones.
Además, el Gobierno extendió las ayudas del REPRO para las empresas del sector privado en dificultades, principalmente en el rubro gastronómico. Esto supondría un gasto adicional de $ 1.400 millones.
Pero los economistas advierten que si las restricciones a la actividad se profundizan esto impactará en la recaudación y los ingresos fiscales, lo que llevaría a un alza del déficit. Para este año el rojo previsto es de 4,5% del producto bruto.
El mes pasado, los ingresos totales del sector público llegaron a $ 560.576 millones, un aumento del 64,1% contra marzo de 2020. Y los gastos sumaron $ 635.042 millones.
En marzo, el gasto de capital fue el principal impulsor del gasto primario, con una suba de $ 23.639 millones, un salto del 142,4%. Esta dinámica se explica por el incremento de la inversión de empresas públicas, además de mayores transferencias de capital a las provincias.
En este rubro se destacan la asistencia para obras de saneamiento hídrico ( $ 2.961 millones), las transferencias para el sector Educación ($1.745 millones) y partidas para el desarrollo de viviendas por $ 1.603 millones.
También hubo un salto en las transferencias corrientes que se incrementaron $ 53.328 millones. En este universo resaltan las erogaciones del Ministerio de Desarrollo Social en concepto de los programas Potenciar Trabajo (con $ 14.532 millones, un alza de 21%) y Políticas Alimentarias ($ 3.648 millones, un aumento de 48,7%), y la asistencia en materia de subsidios energéticos a CAMMESA; ($ 9.000 millones; un alza de 42,9%).
El informe consigna también que en marzo se destinaron $ 6.240 millones a la adquisición de vacunas.
AQ
Fuente Clarin
