El fiscal federal Guillermo Marijuan citó a declarar como testigo a la ministra de Salud Carla Vizzotti, en el marco de la investigación por la supuesta malversación de caudales públicos a través del contrato que el gobierno firmó con el laboratorio anglosueco AstraZeneca para la provisión de vacunas. Vizzotti fue convocada para el 7 de mayo, pero puede responder por escrito.
La causa por supuestas irregularidades en el contrato por la compra de 22,4 millones de vacunas a AstraZeneca -del cual se pagó un 60 por ciento del presupuesto acordado en 89,6 millones de dólares- comenzó con una denuncia contra Alberto Fernández, el ex ministro Ginés González García, su sucesora Vizzotti y otros dos funcionarios del ministerio de Salud, por supuesto abuso de autoridad, malversación de fondos públicos y negociaciones incompatibles con la función pública.
El caso cayó el manos del juez Julián Ercolini, quien derivó la investigación en el fiscal Marijuan. El viernes pasado, el fiscal ordenó la presentación de información y documentos sobre el cuestionado contrato por parte del ministerio de Salud y también del laboratorio argentino mAbxience, del empresario farmacéutico Hugo Sigman.
El rol de Sigman está bajo la lupa, pues funcionó como nexo entre el gobierno y AstraZeneca, a la que prestaría servicios en el marco de este contrato. Las sospechas se multiplicaron por el histórico vínculo de Sigman con el kirchnerismo, y la presencia de la funcionaria Sonia Tarragona: “las negociaciones con el laboratorio Pfizer -que quedaron truncas- fueron delegadas por el ex ministro González García en Sonia Tarragona, una funcionaria que antes había trabajado para Hugo Sigman, vinculado a su vez a AstraZeneca. Es decir, un competidor directo, lo cual podría implicar una violación a la ley de Ética en la función pública”, dice la denuncia judicial firmada por Josefina de Elizalde, en representación del “espacio ciudadano apartidario” Acción Conjunta Republicana.
Pero no sería ese el camino de las primeras hipótesis que maneja la justicia. “Por ahora investigamos si el Estado pudo haber sido víctima de una negociación con AstraZeneca que no tuvo el resultado deseado. Esto no quiere decir que luego pueda haber otros aspectos que deban ser analizados respecto del comportamiento de los funcionarios”, advirtió a Clarín una fuente vinculada a la investigación.
Es decir que esta semana la causa tomó un rumbo diferente al que había sido planteado en la denuncia que le dio inicio. Aunque en la fiscalía de Marijuan no descartan avanzar sobre las posibles responsabilidades del presidente y sus funcionarios en el controvertido contrato para la compra de vacunas y el rol de Sigman en el negocio -¿socio? ¿proveedor? ¿lobbista?– por ahora los cañones sólo apuntan hacia los directivos internacionales del consorcio que fabrica las dosis investigadas en la universidad inglesa de Oxford.
Fuente Clarin
