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Para un Gobierno que basa su filosofía de gestión en “defender a los que menos tienen”, verse obligado a escuchar de boca de su ministro de Economía la afirmación de que la actual política tarifaria favorece a los que más tienen -”es pro ricos”- no debe haber caído bien. Más, si se la pronuncia al fin de una semana de máxima tensión, resumida en la imposibilidad de un Presidente de desplazar a un subsecretario que se niega a aceptar la política tarifaria que emana de su superior.
La afirmación “pro ricos” está sostenida en números. Y los números, sintéticamente, dicen que en el esquema tarifario actual está diseñado para que los deciles de mayores ingresos de la población se lleven más plata a sus bolsillos.
Se calcula que el modelo de subsidios al consumo de energía eléctrica y gas natural aplicado entre 2007 y 2015, y que hoy defienden los técnicos más afines al Instituto Patria, dio este resultado: El 20% más pobre de la población recibía el 14,4% del total de los subsidios residenciales a la electricidad, mientras que el 20% más rico el 26,1%. En cuanto al gas natural, los más pobres recibían el 9,7%, mientras que los más ricos obtuvieron el 31,7%.
La consultora Ecolatina señala que el perfil “pro-rico” de los subsidios “significa que el monto recibido por los usuarios de menores recursos representa un porcentaje mayor de sus ingresos, en tanto las tarifas tienen un peso mayor en su canasta de consumo. Sin embargo, a la vez, quienes más poder adquisitivo poseen reciben una mayor porción de subsidios totales, en tanto utilizan más gas y electricidad”
A fines de 2015, se calcula que los usuarios de gas y luz pagaban de su bolsillo solo el 15% del costo real de esos servicios. El resto se pagaba con subsidios, es decir con fondos que ponía el Gobierno. Vale recordar que dichos fondos provienen de los impuestos que paga toda la sociedad. Si no alcanzan, se recurre a la emisión monetaria. O a la deuda. Con el Gobierno de Macri los usuarios llegaron a pagar el 65% después de los fuertes aumentos de tarifas del período 2016-2018. Ahora, tras dos años de congelamiento, el usuario paga cerca del 40%.
Estos números los conoce de sobra el ministro Martín Guzmán.
Estos datos irrefutables chocan hoy con una necesidad de hierro: mantener bajas las tarifas al menos hasta que el Gobierno supere el test electoral.
Guzmán cree que no hay margen para seguir subsidiando en los niveles actuales y a todos los consumidores sin discriminar y, eventualmente, gastar más dólares en la importación de combustibles. Considera que la política universal de subsidios no da para más y que se impone avanzar en una segmentación que procure concentrar la ayuda en quienes realmente la necesitan.
La idea que circula en el equipo de Guzmán es tomar como punto de referencia a los beneficiarios actuales de la tarifa social. Es decir, concentrar los subsidios en ese conjunto de usuarios. Y liberar lo más posible los precios para el resto de los consumidores de luz y gas.
El impacto de la eliminación de subsidios podría provocar este efecto, según Ecolatina: “Por llevarlo al extremo, si se eliminaran completamente los subsidios energéticos, podría recortarse en 7 puntos la alícuota del Impuesto al Valor Agregado o más que quintuplicarse la Asignación Universal por Hijo, ya focalizada en las familias de menores recursos.”
Se da la particularidad de que en el llamativo reparto de poder que se estableció dentro del frente gobernante, el ministro de Economía no parece tener chances de imponer su criterio. Por ahora deberá conformarse con aumentos de tarifas bien acotados y un esquema tarifario que favorece a los más ricos.
Fuente Clarin
