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Nueve organizaciones de la sociedad civil solicitaron a la Justicia el fin de la “persecución judicial” contra el periodista de Clarín Daniel Santoro y advirtieron sobre el efecto de autocensura que provocan este tipo de medidas sobre la prensa.
El comunicado está firmado por Cadal (presidida por Sybil Rhodes), Contadores Forenses (Alfredo Popritkin), Directorio Legislativo (María Baron), Fores (Alfredo Vítolo), Jubi jueces (Luis Herrero), Profesores Republicanos (Guillermo Mizraji), el colegio de abogados de la ciudad de Buenos Aires (Alberto Garay) y Será Justicia (Raúl Aguirre Saravia y María Eugenia Talerico). Estas entidades están agrupadas en REJIA (Red de Entidades por la Justicia Independiente en la Argentina).
El mes pasado, el juez federal Luis Rodríguez procesó sin pruebas a Santoro como supuesto partícipe necesario de un intento de extorsión de Marcelo D’Alessio al despachante de aduana Gabriel Santoro.
Los abogados de Santoro, Mauricio De Nuñez y Guido Sciarreta, apelaron la medida a la cámara federal porteña que en las próximas semanas deberá decidir al respecto. La apelación advierte sobre la violación de derechos constitucionales de Santoro como, por ejemplo, el secreto profesional periodístico.
El procesamiento ya fue repudiado por el Comité de Protección de Periodistas de Nueva York, la Academia de Periodismo, ADEPA y FOPEA, entre otras organizaciones defensoras de la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.
En un comunicado, las organizaciones recordaron que “cuando los delitos son perpetrados por quienes ejercen el poder, investigarlos es una tarea titánica y de riesgo”.
“La libertad de expresión de todos y la de los periodistas de investigación en particular, se ve amenazada cuando la matriz de corrupción tiene como posibles autores, a personas que se encuentran en el ejercicio del poder, agregaron.
Subrayaron que “muchas de las investigaciones periodísticas realizadas por Daniel Santoro revelan hechos que molestan a los funcionarios públicos porque ponen en descubierto estructuras y acciones de corrupción entre funcionarios y privados”.
“Ello le ha generado múltiples complicaciones y un gran perjuicio a la ciudadanía que cada vez tiene más obstáculos para informarse, y, el procesamiento de Santoro pretende lograr el objetivo de disuadir a sus colegas que no investiguen al poder en razón del lógico temor que generan tales hostigamiento, lo que impedirá que se develen hechos de interés general de toda la sociedad”, añadieron.
En algunos casos las publicaciones de Santoro en Clarín “fueron el puntapié inicial de investigaciones complejas que pusieron al descubierto hechos que hubieran permanecido en las sombras sin esa alerta periodística”.
Es por esa razón que, “REJIA cuyo objetivo esencial es defender la independencia judicial y bregar por la salud de las instituciones democráticas, hace pública su preocupación por la persecución a la que está siendo sometido el mencionado profesional”.
“No se trata de una defensa personal, sino que defendemos lo que “el periodista” significa: libertad de expresión, de investigación, de trabajo y el derecho de los ciudadanos de estar informados” subrayaron.
El procesamiento dictado por “el cuestionado Juez Rodríguez no sólo reedita el que previamente dictara el Dr. Ramos Padilla en el conocido caso “Dolores” y que fue revocado con duros términos por la Cámara Federal de Mar del Plata, sino que califica como delictiva la buena técnica periodística de consultar a la persona cuyo nombre habrá de publicarse, para conocer su versión o si tiene algún descargo que realizar frente a los hechos que saldrán a la luz”.
“Sin periodismo libre para que pueda publicarse lo que sucede sin importar quienes resulten involucrados, no hay posibilidad alguna de preservar la salud de la república, siendo junto a la necesidad de una Justicia independiente, los pilares fundamentales para contribuir al desarrollo íntegro de una República” finalizaron los miembros de REJIA en el comunicado.
Fuente Clarin
