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Buenos Aires, 22 de enero de 2026-Total News Agency-TNA-El titular de la Unidad de Información Financiera, Paul Starc, presentó este jueves su renuncia al cargo, apenas un año después de haber asumido, en una salida que se produce en un contexto de fuertes tensiones internas dentro del Gobierno por la adecuación del marco antilavado y, en particular, por la demora en la promulgación y reglamentación de la denominada ley de inocencia fiscal, considerada clave por el Poder Ejecutivo.
Starc había llegado a la UIF en enero de 2025 impulsado por el asesor presidencial Santiago Caputo, tras el desplazamiento de Ignacio Yacobucci, quien fue removido por presuntas irregularidades administrativas y gastos excesivos en el organismo. Su salida se convirtió en la segunda renuncia de alto nivel en menos de 24 horas dentro del Gobierno nacional, luego de la dimisión del secretario de Transporte, Luis Pierrini, también atribuida a razones personales.
De acuerdo con un comunicado oficial del Ministerio de Justicia, Starc presentó su renuncia “por razones personales”, la cual fue aceptada por las autoridades competentes. El texto agrega que el exfuncionario “continuará colaborando con el Gobierno Nacional en nuevas responsabilidades vinculadas a tareas de gestión, desarrollo financiero y consolidación institucional”, aunque no se precisaron funciones concretas.
Sin embargo, fuentes oficiales y del propio organismo indicaron que la salida de Starc estuvo atravesada por un conflicto de fondo con el equipo económico y con el Banco Central de la República Argentina, que lo acusaban de dilatar la adecuación de las resoluciones antilavado necesarias para la aplicación plena de la ley de inocencia fiscal, una norma que el Gobierno considera estratégica para incentivar la exteriorización de ahorros no declarados.
Desde la UIF, en cambio, la postura era que dicha ley colisiona con la normativa vigente de lavado de activos y con los compromisos internacionales asumidos por la Argentina, en particular frente al Grupo de Acción Financiera Internacional. Según fuentes del organismo, Starc se resistía a modificar resoluciones internas por considerar que la UIF no tiene potestad legal para regular en sentido contrario a la ley de lavado y que hacerlo podría incluso resultar inconstitucional, exponiendo al país a sanciones y observaciones internacionales.
“La ley de lavado choca con la inocencia fiscal y no le da facultades a la UIF para emitir normativa en ese sentido. Sacar resoluciones contrarias implicaba jugarse la cabeza y dejar a la Argentina bajo la lupa del GAFI”, señalaron fuentes internas, al explicar la posición del ahora exfuncionario.
En uno de sus últimos movimientos al frente de la UIF, Starc había mantenido reuniones en Washington con autoridades del Gobierno de los Estados Unidos para intercambiar información vinculada a investigaciones financieras sensibles, entre ellas la causa relacionada con la Asociación del Fútbol Argentino, lo que había sido interpretado como una señal de alineamiento con estándares internacionales de control.
Tras la renuncia, el Gobierno designó como nuevo titular de la UIF a Ernesto Gaspari, ex secretario de Coordinación y Planificación Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores. Desde el Ministerio de Justicia destacaron que Gaspari cuenta con una “sólida trayectoria en gestión pública y privada, finanzas y administración”, y que su misión será fortalecer los mecanismos de prevención y control, optimizar el uso de la información financiera y profundizar la cooperación con organismos nacionales e internacionales.
La salida de Starc no fue un hecho aislado. Junto a él también presentaron su renuncia varios integrantes clave de su equipo, entre ellos el subdirector de Litigios Penales, el director de Coordinación Internacional, el director de Análisis y responsables de áreas administrativas y de despacho, lo que implica un recambio profundo en la estructura del organismo.
Con este movimiento, el Gobierno busca destrabar el conflicto entre la agenda económica orientada a la liberalización financiera y las exigencias del sistema antilavado internacional, en una pulseada que quedó expuesta con la salida de Starc y que ahora quedará bajo la responsabilidad de la nueva conducción de la UIF.
