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Por Bernardo Vázquez
El kirchnerismo duro avanzará esta semana en el Congreso de la Nación en busca de aprobar la ley que reforma el Ministerio Público Fiscal y que tiene como ejes centrales modificar la duración del mandato del procurador y su forma de elección. En caso de lograr dictamen el martes, intentará conseguir quórum para abrir una eventual sesión y, por mayoría simple, aprobar los cambios en la forma de elegir a la máxima autoridad del organismo.
Así, acelera los plazos legislativos para desplazar al actual jefe de los fiscales, Eduardo Casal, que fue designado de manera interina en 2017, y en su lugar promover un nuevo procurador afín, que sea aprobado por mayoría absoluta y no por los dos tercios del Senado, lo que facilitaría su nombramiento.
El viernes por la tarde desde las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales acordaron una convocatoria para este martes a las 19, de manera presencial, en el segundo piso del anexo de Diputados, ya que el protocolo virtual no permite dictaminar en forma remota sin acuerdo de los vicepresidentes de las comisiones, que son de la oposición. Quien reactivó principalmente el proyecto fue Rodolfo Tailhade, diputado del Frente de Todos que responde de manera directa al jefe del bloque, Máximo Kirchner.
El plan oficial es poder conseguir el quórum necesario para abrir la sesión y votarlo a fin de mes, en un contexto de rechazo completo de la oposición, especialmente de todo el arco de Juntos por el Cambio, y de diferentes entidades del Poder Judicial, que vienen denunciando que la búsqueda del Gobierno con la iniciativa es lograr mayor impunidad.
Luego de la media sanción en el Senado, en noviembre del año pasado, el oficialismo fue postergando el debate sobre el tema en Diputados por no contar con los votos necesarios para poder sancionar la ley. Con 117 apoyos seguros dentro del Frente de Todos, se esperaba que por lo menos haría falta recurrir a ocho votos de otros bloques, teniendo en cuenta que la oposición en su conjunto sumaría 115 votos en contra del proyecto.
Sin embargo, a partir de la asunción de Martín Soria como ministro de Justicia empezó a apuntalar negociaciones para poder tratar en el recinto un proyecto con cambios específicos, pero que mantiene sus dos principales mociones: designar un procurador por mayoría absoluta y no por los dos tercios del Senado, y acortar el mandato, que hoy es vitalicio, a cinco años.
Soria fue construyendo cierto consenso en reuniones con representantes del sector judicial y acordó una serie de modificaciones al proyecto original, que aprobó el Senado. Una de ellas, la conformación del tribunal de enjuiciamiento de fiscales tendrá un representante del Ejecutivo, dos legisladores (uno por la mayoría y uno por la minoría), un abogado, un representante del Consejo Universitario Nacional y dos fiscales. Originalmente, el peso de la política era mayor, ya que se incluía a dos legisladores del oficialismo.
Y esta última semana mantuvo un encuentro clave con José Luis Ramón, el diputado mendocino que lidera el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, que aportaría cinco de los seis votos de los legisladores que integran el espacio, con la excepción de Luis Di Giácomo, adversario político de Soria en Río Negro, quien se negaría a aprobar el proyecto. Sumando otros avales de diferentes sectores que suelen apoyarlo en la Cámara baja, el oficialismo lograría los votos necesarios para sacar la ley.
En caso de avanzar en el Congreso con la ley, el kirchnerismo podría designar un procurador por mayoría absoluta, sin necesidad de alcanzar los dos tercios de la Cámara alta, como lo marca la Constitución Nacional.
Así, creen en la oposición, podría prescindir de enviar el pliego de Daniel Rafecas, el candidato para el cargo que promovió Alberto Fernández, y que, según fuentes judiciales, ha dicho a su entorno más cercano que no estaría dispuesto a asumir si se cambian los términos de la designación. En la oposición consideran que de no ser Rafecas, el perfil del nuevo procurador podría ser más militante, y lo comparan con Alejandra Gils Carbó, que dirigió la procuración de 2012 a 2017, teniendo relación estrecha con el kirchnerismo.
El proyecto se reactivó tras la llegada de Soria al Ministerio de Justicia.
Como en los últimos días, el sábado desde la oposición volvieron a marcar su postura crítica ante la posibilidad de que se sancione la ley. Vía Twitter, los referentes del PRO, Patricia Bullrich, Fernando Iglesias y Waldo Wolff, publicaron un video en rechazo al proyecto, junto al radical Luis Brandoni. “No vamos a permitir el copamiento de la Justicia, es la última línea de defensa de la República. El Gobierno quiere cambiar la ley del Ministerio Público Fiscal para darle impunidad a Cristina Kirchner y todos sus funcionarios con causas” tuiteó la presidenta del PRO.
Cómo votarían los indecisos
A diferencia de lo que sucedió en el Senado, donde el oficialismo cuenta con mayoría propia, la aprobación en Diputados del proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal necesita de apoyos de bloques legislativos de menor representatividad, pero que resultan vitales para dar quórum y habilitar la sesión y, posteriormente, para confirmar la ley.
El Frente de Todos, en conjunto, suma 117 votos propios, ya que el presidente de la Cámara baja Sergio Massa solo vota en caso de desempate y José de Mendiguren se encuentra de licencia desde que asumió como titular del BICE. Así, en caso de sacar dictamen el martes, el kirchnerismo pondrá fecha para aprobar la ley de acá a fin de mayo.
El quórum será clave, pero en el oficialismo están confiados en que lo lograrán. Si bien hay casos específicos en los que se rechazará la iniciativa oficial, podrían habilitar el tratamiento de la misma asistiendo a la convocatoria. Uno de ellos es Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda. También seguiría el mismo camino Juan Carlos Giordano, del bloque izquierda socialista.
Hay quienes dudan sobre qué hará Graciela Camaño, de Consenso Federal, quien podría dar el presente, pero luego votaría en rechazo de la iniciativa, al igual que sus compañeros de espacio, Alejandro “Topo” Rodríguez y Jorge Sarghini.
El diputado mendocino José Luis Ramón, que suele acompañar al oficialismo en las votaciones.
En lo que tiene que ver con el poroteo de votos, hay cerca de una decena que podrían apoyar al Frente de Todos en su proyecto, todos fuera del espacio opositor de Juntos por el Cambio. El ya mencionado Ramón, su compañero de bloque Pablo Ansaloni, y tres adhesiones que llegarían del Frente de la Concordia de Misiones: Ricardo Wellbach, Diego Sartori y Flavia Morales. El sexto hombre del mendocino en el interbloque no apoyará la medida, pero también podría dar quórum. Se trata de Luis Di Giacomo, diputado rionegrino enfrentado con Soria.
Otros respaldos que tendría garantizados el kirchnerismo serían los del ex intendente de Bolívar Eduardo “Bali” Bucca y el salteño Andrés Zottos, del bloque justicialista, que ya aportaron votos clave en la discusión por la reforma jubilatoria de finales del año pasado.
En el interbloque Federal, que preside Bucca precisamente, las opiniones son dispares, ya que rechazan la iniciativa los tres diputados de Consenso Federal y también los cuatro que forman parte de Córdoba Federal y responden al gobernador cordobés Juan Schiaretti.
Sin embargo, como Bucca y Zottos, podrían respaldar la ley Luis Contigiani y Enrique Estévez, que forman parte de ese mismo interbloque. También se sumaría el posible voto de Beatriz Ávila, que antes integraba el interbloque de Ramón y ahora integra su monobloque, por el Partido por la Justicia Social.
“El Gobierno puso todo lo que había que poner para conseguir los votos”, soltó una fuente del oficialismo consultada por Clarín respecto a las altas posibilidades de que se concrete la ley de reforma del Ministerio Público Fiscal.
Fuente Clarin
