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Por Héctor Gambini
La vicepresidenta quiere parar el juicio por el Pacto con Irán como sea.
Hace tres años que la investigación por el encubrimiento a los autores del atentado a la AMIA (1994, 85 muertos) fue elevado a juicio oral. El primer año se consumió sólo en la conformación del tribunal.
Primero fue sorteado uno que terminó siendo disuelto por la Corte porque eran jueces de la justicia ordinaria que iban a intervenir en un caso federal. Entonces el caso pasó al tribunal 8, donde dos de sus miembros se apartaron: uno se excusó de intervenir; otra jueza fue recusada.
Quedó la jueza López Iñíguez, que votó de madrugada a favor de la liberación de Carlos Zannini y de Luis D’Elía cuando fueron detenidos por ese caso.
Más recientemente, esta misma jueza votó a favor de Cristina Kirchner en otra causa: dijo que no está probado que el origen del dinero lavado por Lázaro Báez haya sido la corrupción en la obra pública por la que está procesada Cristina.
En otras palabras: que Báez lavaba dinero pero -aunque era el principal destinatario de la obra pública en la Santa Cruz de Néstor y Cristina- no se sabe de dónde lo obtenía.
Uno de los jueces que llegó al tribunal que juzgará el encubrimiento a los iraníes que volaron la AMIA es Daniel Obligado, el camarista que viene haciendo todo lo que sea necesario para que Boudou, con condena firme en la Corte, siga en su casa y no vuelva a la cárcel.
¿Y por qué Cristina quiere parar este juicio del Pacto con Irán como sea, si se supone que al menos dos de los tres miembros del tribunal le serían favorables?
Porque quiere evitar a toda costa la foto de estar en el banquillo juzgada por encubrir terroristas.
Si el debate comienza, con más de 300 testigos previstos, podría depararle más tragos amargos a la vicepresidenta: el testigo número 56 es Antonio Stiuso, el ya célebre ex espía que Néstor Kirchner empoderó y Cristina terminó echando.
El mismo que declaró ante la justicia sobre la muerte de Nisman: “Quisieron simular un suicidio y les salió mal”.
Cristina no quiere esos títulos en las agencias internacionales y hay pedidos acumulados de ella, de Zannini, de Parrilli, del Cuervo Larroque y del viceministro de Justicia Mena para que el juicio no empiece nunca.
Parar este proceso es la principal obsesión de la vicepresidenta.
Lo que pide Cristina es una audiencia pública -una figura no prevista para estos casos– para plantear la nulidad de todo lo que se hizo y armar un escenario político donde volver a argumentar el lawfare en su contra.
Ya lo hizo en la causa del dólar futuro, pero ahí la audiencia pública sí está permitida porque era ante Casación y no ante un tribunal oral, donde la naturaleza es decir lo que se quiera durante el juicio, que por eso es oral y público.
Esta vez, Cristina pide la audiencia antes del juicio denunciando que los jueces Hornos y Borinsky, de Casación, iban a ver a Macri cuando decidieron reabrir el caso del Pacto con Irán. Los acusa de parcialidad.
Eso todavía debe probarse pero, aún así, no afecta para nada la prueba recolectada en la investigación de encubrimiento a los terroristas, hecha por otro juez y otro fiscal, que fue lo que hizo que el caso llegara a juicio. De todos modos, Cristina o cualquier imputado podría plantear la nulidad y ofrecer sus argumentos en la primera audiencia del debate, un mecanismo que sí está previsto en la ley.
Pero Cristina no quiere eso: el juicio por encubrir terroristas, y sus temidas repercusiones internacionales para su imagen, ya habrían comenzado.
La estrategia pública va paralela a la judicial: en ese terreno tratarán de imponer la opinión de que el Pacto con Irán fue una decisión política no judiciable, pero esto tampoco tiene sustento lógico: no acusan a Cristina y sus coimputados de firmar el tratado con Irán en sí mismo (una decisión política) sino de armar un plan para garantizar la impunidad de los terroristas involucrados (un delito).
Según la acusación que en su momento hizo el fiscal Nisman (hallado muerto cuatro días después de presentarla), el tratado fue sólo un instrumento para llevar adelante el plan criminal, como en su momento sostuvo también el ahora presidente Alberto Fernández.
Haya culpabilidad o absolución, no se juzgará una decisión política sino una imputación penal que puede o no quedar demostrada. Esto es absolutamente judiciable.
Aunque Cristina pidió algo que no existe (no figura en el Código Procesal la posibilidad de que un imputado hable en la audiencia pública de un tribunal oral antes del juicio, justamente porque para eso está el juicio), el fiscal Marcelo Colombo opinó que igual deberían darle esa oportunidad inédita.
Concedió un pedido insólito, algo que no está en la ley.
Sucedió el mismo día en que Israel consideró “inaceptable” que Argentina “ignore el terrorismo de Hamas” votando en la ONU en sintonía con Rusia, Cuba y Venezuela.
