El recuento de las elecciones presidenciales peruanas del pasado domingo deja a Pedro Castillo, de izquierda, como el candidato más votado. El dato objetivo no basta para aclarar aún quién será el presidente del país y menos para conocer cuándo la corte electoral promulgará al ganador.
Keiko Fujimori, de derecha, solicitó anular cerca de 200.000 votos y clama por un supuesto “fraude en mesa” que nadie, salvo sus simpatizantes acérrimos y sus compañeros de viaje político, ha visto.
Estas son algunas de las claves que explican la situación.
Pedro Castillo es el más votado y se acerca a la presidencia. Foto AFP
1) Votos
Con el 99,935 % de los sufragios escrutados, Castillo saca 49.420 votos de ventaja sobre Fujimori.
El recuento se prolonga ya por una semana, si bien desde el lunes está claro que la ventaja del maestro rural sobre la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) es irremontable.
El voto de los peruanos en el exterior no llegó ni en número ni en la proporción que Fujimori requería para revertir el abrumador respaldo que Castillo obtuvo en el interior rural del país.
Tampoco sirvió el recuento de unas 1.000 actas observadas de oficio por las autoridades electorales y las más de 400 que fueron denunciadas en las mesas de votación por los personeros (interventores) de los partidos.
Fujimori adujo que fueron sus rivales quienes observaron todas las actas (falso) y que allí había 300.000 votos (también falso) que la beneficiaban. Quedan 56 de esas actas por contar.
2) El recuento
El domingo electoral fue una montaña rusa de emociones: Fujimori era ganadora según la encuesta a boca de urna y festejó con su familia como si hubiera obtenido la Presidencia. Al rato, el conteo rápido dio por ganador a Castillo y la alegría dio paso al drama.
Hubo más cambios. Los primeros datos en mesa daban amplia ventaja a Fujimori, y volvió la fiesta. Pero había truco. Ya se sabía en Perú que los primeros datos computados son siempre los de las grandes ciudades, feudos fujimoristas.
Con la llegada del voto rural, Castillo recuperó terreno y superó por varias decenas de miles de votos a Fujimori, quien ya el mismo lunes empezó a sembrar dudas sobre el proceso electoral.
La candidata presidencial derechista Keiko Fujimori se dirige a sus simpatizantes durante una manifestación en Lima (Perú). Foto EFE
3) “Fraude”
Tras una jornada de silencio, Fujimori salió en la noche del lunes a denunciar, sin pruebas fehacientes, la existencia de “un fraude sistemático”.
Ningún organismo de observación electoral internacional, entre ellos el de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha detectado nada.
Sin embargo, para los fujimoristas son muestra del “fraude” cosas como inconsistencias en las firmas de los miembros de las mesas, el hecho de no haber recibido ningún voto en algunas de ellas o que presidentes y vocales en algunos colegios hayan sido parientes.
Dicen que todo forma parte un plan “sistemático” urdido por Perú Libre, el partido de Castillo, para influir en el resultado electoral.
El miércoles, Fujimori dio un paso más y anunció, “para defender el voto”, que pedía anular unas 804 actas “fraudulentas”, equivalentes a 200.000 sufragios concentrados en zonas abrumadoramente favorables a Castillo.
4) Anular votos
Para presentar reclamos de nulidad, Fujimori y Castillo, quien también interpuso algunos pedidos, muchos menos, tenían tan solo hasta el miércoles 9 de junio a las 20 horas.
Horas antes de ese plazo, un “ejército” de abogados de prestigiosos bufetes de Lima se lanzó “ad honorem” a buscar pruebas del “fraude en mesa” y presentar los reclamos.
Anular cada acta implica borrar de un golpe el voto de unos 200 ciudadanos del cómputo general.
Dada la gravedad del paso, la ley exige justificar la medida con pruebas claras y fehacientes de violencia, cohecho, soborno o amenazas.
Casi todos los expertos electorales peruanos coinciden en señalar que una inconsistencia en una firma, o “no haber recibido votos” no constituye prueba suficiente para anular nada.
5) Jurado Nacional
La inmensa mayor parte de los reclamos fujimoristas llegaron, sin embargo, o bien fuera de plazo, o sin haber pagado las tasas correspondientes, o con otros defectos de forma que los hacen inaceptables.
Difieren los cálculos tanto del número de casos admisibles para ser revisados como de quién planteó la demanda, pues Perú Libre también solicitó varias nulidades.
En cualquier caso, no serían menos de 150 ni más de 270 los casos susceptibles de ser valorados a fondo por los Jurados Electorales Especiales (JEE), los organismos regionales que en primera instancia debe juzgar los casos.
En este contexto, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el órgano supremo electoral peruano, protagonizó una extraña maniobra cuando, a pedido de los fujimoristas, decidió alargar 48 horas el plazo para admitir a trámite estos recursos.
“Golpe de Estado” en ciernes, denunció Perú Libre, mientras que miles de ciudadanos expresaban su indignación por una medida que cambiaba las reglas del juego en mitad de la carrera.
Tras un día de tensiones crecientes, el JNE reconsideró su medida ante la comprobación de que ese paso transgredía numerosas normas legales, incluidas varias establecidas por el Tribunal Constitucional.
Opositores a Pedro Castilla en Lima. Foto AFP
6) Los plazos
Con los datos de las actas bajo revisión, cuyo trámite se puede seguir abiertamente en la página web del JNE establecida a tal efecto, solo unos 60.000 votos estarían en juego.
Las primeras resoluciones de los JEE comienzan a señalar que las denuncias fujimoristas no tienen el sustento de prueba necesario como para ser consideradas y por tanto están siendo denegadas.
Según la norma, los JEE tienen tres días para emitir sus resoluciones, pero ese plazo puede ser un poco más laxo.
Luego las partes afectadas podrían recurrir ante el JNE, lo que se da por hecho. El JNE tiene también tres días para emitir resoluciones, pero también es un plazo relativamente laxo en función de la carga de mociones a revisar. Cada caso se tiene que analizar individualmente.
Así, restaría aún un mínimo de cuatro días para tener una posición firme del tribunal sobre las actas, que ya no puede ser apelada. Hay voces que apuntan a un máximo de dos semanas antes de tener una decisión.
Y eso no quita que las partes puedan presentar otras demandas ante las instancias que crean pertinentes.
Agencia EFE
PB
Fuente Clarin
