La Justicia Federal declaró insanablemente nula la investigación por lavado contra Claudio Iglesias y Jorge Oneto al determinar que su origen estuvo contaminado por la presunta maniobra extorsiva atribuida al ex juez Marcelo Bailaque, funcionarios de la AFIP y operadores privados. Un dato demoledor quedó incorporado al fallo: el expediente judicial se registró veinte minutos antes que la denuncia anónima que supuestamente le había dado origen.
Rosario – 30 Agosto 2026 – Total News Agency – TNA – La Justicia Federal de Rosario sobreseyó definitivamente a los empresarios bursátiles Claudio Adrián Iglesias y Jorge Luis Oneto y demolió desde sus cimientos una investigación por lavado de activos que había comenzado en 2019 bajo la conducción del entonces juez federal Marcelo Bailaque, hoy detenido bajo prisión domiciliaria y acusado de haber utilizado estructuras del Estado para montar una extorsión contra los mismos hombres a los que investigaba.
El juez federal Carlos Vera Barros declaró la nulidad absoluta e insanable del decreto del 20 de agosto de 2019 mediante el cual Bailaque había dado curso al expediente y extendió esa decisión a todos los actos posteriores: allanamientos, medidas probatorias, informes, indagatorias, procesamientos y cautelares. Como consecuencia, fueron levantados los embargos y las prohibiciones de salida del país que pesaban sobre Iglesias y Oneto, y el sobreseimiento dejó expresamente establecido que el proceso no afecta su buen nombre y honor.
La resolución contiene un dato que sintetiza la dimensión de las irregularidades: la denuncia contra los empresarios figura recibida en el Juzgado Federal N°4 de Rosario el 14 de agosto de 2019 a las 12.35, pero el escrito anónimo que supuestamente originó esa presentación recién fue registrado formalmente en la entonces AFIP veinte minutos después, a las 12.55.
En términos simples, el expediente judicial aparecía funcionando antes de que existiera administrativamente la denuncia que debía darle sustento.
La investigación posterior sobre Bailaque reconstruyó otro escenario. Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, el entonces magistrado, el ex funcionario de la AFIP Carlos Vaudagna, el financista Fernando Elías Whpei y el escribano Santiago Busaniche habrían coordinado actuaciones administrativas y judiciales dirigidas contra Iglesias y Oneto, particularmente contra el primero, con el propósito de presionarlo y exigirle dinero a cambio de neutralizar las consecuencias de la investigación.
Los fiscales sostienen que se reclamaron 200.000 dólares y que la víctima terminó entregando 160.000 dólares en cinco pagos, realizados entre octubre de 2019 y marzo de 2022. Vaudagna declaró como imputado arrepentido y aportó información sobre el funcionamiento de la trama, mientras Whpei también quedó involucrado en distintos episodios que ampliaron considerablemente la investigación sobre corrupción judicial. El MPF presentó en febrero acusaciones contra Bailaque y estimó que podría corresponderle una pena de 10 años de prisión por delitos que incluyen extorsión, concusión, prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, allanamiento ilegal, falsedad ideológica, recepción de dádivas y lavado de activos.
La fiscalía calificó las conductas atribuidas al ex magistrado como un caso paradigmático de “corrupción estructural en el seno del Poder Judicial”. El planteo sostiene que las facultades judiciales y tributarias habrían sido utilizadas para generar presión sobre particulares mediante investigaciones construidas o direccionadas desde el propio aparato estatal.
La paradoja jurídica terminó siendo imposible de sostener. Los mismos fiscales que habían reunido posteriormente información patrimonial sobre Iglesias y Oneto eran quienes, al mismo tiempo, acusaban a Bailaque de haber iniciado aquel expediente mediante una operación ilegal. Las defensas, ejercidas por Oscar Romera y Juan Ignacio Murray, plantearon que ninguna prueba obtenida a partir de ese origen podía sobrevivir jurídicamente.
Vera Barros aceptó finalmente ese razonamiento. La nulidad alcanza incluso los allanamientos realizados en octubre de 2019 y la prueba obtenida a partir de ellos. El magistrado consideró que la radicación original no respondió al mecanismo regular de asignación de expedientes, sino que estuvo precedida por actividades deliberadamente destinadas a conseguir que el caso quedara en manos de un juzgado determinado.
La decisión tiene además una particularidad: fue el propio Vera Barros quien había procesado anteriormente a Iglesias y Oneto por lavado de activos agravado por habitualidad sobre la base de información patrimonial, inmuebles, vehículos y cuentas en el exterior incorporadas durante la pesquisa. Ahora, la contaminación original terminó arrastrando jurídicamente todo lo actuado.
Mientras ese expediente desaparece procesalmente, la situación de Bailaque se agrava. El pasado 25 de agosto la fiscalía amplió su imputación por 72 hechos de presunta recepción de dádivas y lavado de activos y consiguió que su prisión domiciliaria fuera prorrogada durante otros seis meses. La acusación sostiene que recibió $5.719.194 mediante pagos aparentemente presentados como alquileres de un inmueble suyo en Caleta Olivia, realizados entre 2019 y enero de 2025 a través de una mutual vinculada a Whpei.
El avance hacia el juicio oral por la extorsión, sin embargo, acaba de encontrar un obstáculo procesal. El presidente de la Cámara Federal de Rosario, Aníbal Pineda, resolvió que el trámite no debe continuar hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación determine si corresponde aplicar el antiguo Código Procesal Penal o el nuevo sistema acusatorio. Pineda sostuvo que avanzar sin resolver previamente esa controversia podría provocar posteriormente una nulidad del juicio, aunque su decisión generó fuertes cuestionamientos dentro del ámbito judicial rosarino.
El nombre de Busaniche, señalado por los fiscales como intermediario dentro de las maniobras investigadas, amplió además el radio político y judicial del expediente. Su defensa pidió durante este año citar al ex administrador general de la Corte Suprema Héctor Daniel Marchi, cuyo nombre apareció en declaraciones incorporadas a investigaciones relacionadas con el entramado de corrupción judicial rosarino.
La nulidad pronunciada ahora por Vera Barros deja así una consecuencia excepcional: dos hombres que habían llegado a estar procesados por lavado fueron desligados porque la Justicia terminó concluyendo que el aparato utilizado para investigarlos habría sido convertido previamente en instrumento de extorsión. El expediente que debía probar un delito terminó transformándose en una de las principales piezas de cargo contra el juez que ordenó abrirlo.
Fuentes consultadas: Ministerio Público Fiscal de la Nación – PROCELAC; resoluciones y actuaciones de la Justicia Federal de Rosario; Cámara Federal de Apelaciones de Rosario; antecedentes periodísticos y judiciales del caso Bailaque–Iglesias–Oneto.
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