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La relación entre el Gobierno y las empresas de salud privada sumó rispideces en los últimos días. Esto ocurrió tras la embestida que retomó el kirchnerismo para reformar el sistema, mientras las prepagas van a la justicia para que los autoricen a aumentar las cuotas. Estas son las siete claves que definen el enfrentamiento:
La embestida de Cristina
El lunes pasado, la vicepresidenta Cristina Kirchner retomó la carga sobre la salud privada que había iniciado hace seis meses. Criticó la actuación que vienen teniendo en la pandemia al decir que “las prepagas no saben dónde colocar a la gente” y terminan yendo “a lo público”. En ese marco planteó la necesidad de “ir a un sistema integrado entre los tres subsistemas: público, obras sociales y privados o prepagas”.
Ayer, la ministra de Salud Carla Vizzotti se refirió al tema al decir: “queremos disminuir la fragmentación (del sistema de salud) y trabajar para que todo sea parte de la Superintendencia y trabajar muy cerca de todos los sectores”.
El plan de La Cámpora
Tras las palabras de Cristina volvió a circular un paper de La Cámpora para integrar los diferentes subsistemas de salud. El presidente Alberto Fernández había intentado en enero bajarle el tono al tema al asegurar que no se avanzaría sobre el sistema privado, pero en las últimas 48 horas el “paper” cobró envión.
Allí también se plantea armar una paritaria nacional para salud, cambiar el sistema de traspaso de las obras sociales y establecer compras masivas de medicamentos por parte de organismos estatales para bajar costos, además de promover que el Estado fabrique drogas claves, como el misoprostol, que se utiliza para la interrupción voluntaria del embarazo.
El recupero de las prestaciones
Uno de los puntos que plantea el paper de La Cámpora es avanzar en la articulación entre lo público y lo privado. Se menciona que “el subsector público obtendrá una remuneración por los servicios prestados (a las obras sociales y a los privados)… con descuentos promedio de hasta un 33% de los valores de mercado (…) a cambio de un sistema de cobro automático de lo facturado”.
La pulseada por las cuotas
Desde 2012 el Gobierno regula los aumentos de las cuotas de las empresas de salud. Y cuando la inflación escala, frena estas subas para quitarle combustible al índice.
Las empresas prepagas vienen reclamando que se les autorice un mayor aumento. Este año hubo una suba del 4,5% en abril y otra de 5,5% en mayo. Pero desde el sector argumentan que los costos se incrementaron mucho más que las cuotas y que haría falta al menos una actualización del 35% para cerrar el desfasaje.
La presentación judicial
Ante la falta de respuestas, la Union Argentina de Salud, presidida por Claudio Belocopitt, se presentó hoy ante la justicia con un amparo para lograr la autorización del aumento de las cuotas. El planteo reclama una medida cautelar autónoma “consistente en que se autorice un aumento del 9,77% sobre el valor actual de las cuotas” que se haría en dos tramos.
El temor a la intervención
El martes, la Unión Argentina de Salud dio una conferencia de prensa para anunciar que iría a la justicia por el tema de las cuotas. Sin embargo, el tema central del discurso de su presidente, Claudio Belocopitt, fue el temor a que el Gobierno busque estatizar a las empresas, algo que podría ocurrir “de hecho o de facto”.
El argumento fue que se podía avanzar sobre los privados a través de una ley, como pasó con las AFJP, o con una estrategia que buscara primero “desfinanciar al sistema de salud, ponerlo al límite de su capacidad operativa y mantenerlo así hasta que colapse”, lo que daría “la excusa perfecta para nacionalizarlo”.
La ampliación del PMO
Las prepagas protestan no solo por el tema de las cuotas sino también porque sus costos suben por encima de la inflación. Aseguran que desde 2012, las cuotas aumentaron 1054%; el costo de vida, 1.450% y los costos de salud, 1950%.
Una de las razones de esta escalada es que año a año el Congreso incluye dentro del Plan Médico Obligatoria (PMO) patologías y tratamientos que son muy caros y las prepagas argumentan no poder solventar. Cuestionan que estas decisiones se tomen sin definir de dónde saldrá el financiamiento para esas nuevas prestaciones. Y reclaman una solución a este tema.
AQ
Fuente Clarin
