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Empresarios advirtieron que si el Congreso aprueba la reforma del ministerio público fiscal que impulsa el Frente de Todos se dañará más la seguridad jurídica y habrá menos inversión privada para bajar la pobreza que ya llegó este año a casi el 50 por ciento de la población.
En una videoconferencia, los empresarios destacaron que el economista Ricardo Arriazu estimó que para disminuir la pobreza del 50 al 10 por ciento haría falta una inversión privada sostenida para que el PBI crezca al 4,5 por ciento a anual durante 20 años.
Así coincidieron en expresarlo María Adela Nores, directora de la Sociedad Rural Argentina; Miguel Blanco, director general de Swiss Medical Group y coordinador del Foro de Convergencia Empresarial; y el productor agropecuario y consultor del estudio jurídico JP O´Farrell, Juan Vaquer.
Los empresarios hablaron durante una videoconferencia sobre cómo impacta la reforma de la ley de fiscales en la economía organizada por la Red de Entidades por la Justicia Independiente en Argentina (REJIA).
El Frente de Todos busca tener quórum para aprobar el proyecto de reforma del ministerio público fiscal que impulsa la vicepresidenta Cristina Kirchner.
El proyecto supone elegir el nuevo jefe de los fiscales sin los dos tercios de los votos del senado y que el jury a los fiscales “sea manejado por el gobierno de turno”, explicó el ex procurador porteño Luis Cevasco. En un interín, Martín Casares de Fores, explicó que el oficialismo está “a 4 ó 5 votos” de tener quórum en Diputados y aprobar ese polémico proyecto.
Blanco citó el cálculo de Arriazu y dijo que ese crecimiento al 4,5 por ciento anual “requiere de una justicia independiente” del gobierno de turno. “Sé que el término seguridad jurídica no le gusta al gobernador Axel Kicillof pero si se vota esta reforma ahuyentarán las inversiones”, agregó en la charla moderada por el periodista de Clarín Daniel Santoro.
Puso como ejemplo, la presión del sindicato de Camioneros de Hugo Moyano sobre el nuevo dueño de Walt Mart, Francisco de Narváez, para indemnizar y volver a tomar a los camioneros del supermercado. “El ministerio de Trabajo no quiso intervenir y los fiscales ni siquiera investigaron un bloqueo ilegal a la empresa”, añadió.
Blanco dijo que los empresarios deben influir sobre las políticas públicas para generar trabajo en blanco pero que si siguen “divididos en mil cámaras empresarias” no será posible.
Por su parte, Nores dijo que “el proyecto de reforma es una amenaza directa” a los productores agropecuarios que ya están presionados por regulaciones y cepos cambiarios y a la carne. “Perdimos 75 millones de dólares en exportaciones de carnes y ahora podemos perder a Israel, el segundo comprador de carne argentina después de China”, agregó.
A su turno, Vaquer recordó que en los últimos 40 años “la pobreza pasó del 4 por ciento a casi el 50 por ciento y esta cifra debe escandalizarnos, avergonzarnos como dijo Miguel”. Y esa tendencia se puede quebrar con “un aumento significado de la inversión privada y una inversión de calidad de fondos públicos”.
Pero para “atraer inversiones hace falta crear confianza y para ello hace falta un sistema de resolución de conflictos confiable, es decir una justicia independiente”. “La última protección del empresario frente a un funcionarios arbitrario es la Justicia”, añadió.
“Este proyecto es malo porque atenta clarísimamente contra la independencia de los fiscales. Un país donde un ministerio público está controlado por el gobierno de turno es un país donde los inversiones corren el riesgo de que ese poder sea usado para perseguir a los que piensan distinto”, subrayó Vaquer. “Argentina no se puede dar el lujo de ahuyentar inversiones. Hoy ni siquiera tenemos capital para amortizar por ejemplo la maquinaria desgastada”, añadió.
Vaquer dijo que con “malas instituciones vamos a tener como inversiones a los amigos del poder y a los que se manejan bien en la ciénaga del poder”. “Si esta ley es aprobada será muy difícil que los fiscales investiguen la corrupción y los contratos del estado no serán ganados por la mejor oferta”, finalizó Vaquer.
La videoconferencia fue cerrada por el constitucionalista Daniel Sabsay quien, además, pidió que la Corte disponga que el Consejo de la Magistratura vuelva a su composición anterior antes de la reforma que aplicó Cristina Kirchner como senadora en el 2005. Es decir, con menos representación política y más del sistema judicial.
REJIA está integrada por una pluralidad de organizaciones independientes, apartidarias y sin fines de lucro, de la sociedad civil. Ellas son: Acción Conjunta Republicana, Fundación CADAL, Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Contadores Forenses, fundación Directorio Legislativo, FORES (Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia), Instituto de Altos Estudios de Derecho de la Provincia de Mendoza, Jubi-Jueces, Justa Causa ONG, Profesores Republicanos, Asociación Civil Río Paraná, de la Provincia de Santa Fe, Será Justicia Asociación Civil y Usina de Justicia.
Fuente Clarin
