La negociación de la deuda bonaerense abrió un nuevo capítulo en EE.UU. con reminiscencias del conflicto que enfrentó Axel Kicillof en 2014 con los fondos buitres cuando era ministro de Economía de Cristina Kirchner. Sin acuerdo a la vista, una nueva demanda será presentada a partir de la semana próxima, esta vez en representación de la totalidad de los tenedores de US$7.200 millones en bonos de la Provincia.
El reclamo correrá a cargo del US Bank National Association, una filial del US Bancorp – el quinto más grande de EE.UU- que actuará como el fiduciario designado para litigar por los bonos en default y cuya intervención fue confirmada la semana pasada al juez de la Corte de Nueva York, Edgardo Ramos, la misma que integró el fallecido Thomas Griesa.
En marzo, ya se habían presentado los primeros 40 fondos en tres litigios con una tenencia de uS$2.100 millones, el 29% del total, y reclamos por el pago de US$366 millones por intereses atrasados y vencidos. “Ahora es peor porque si antes era el 29% litigando, esto es el 100%. No importa si los bonistas no quieren litigar, el fiduciario va a presentar un juicio en representación de todos”, explicó Sebastián Maril, director de Latam Advisors.
El litigio tomó impulso antes de que se conociera extensión del canje de deuda anunciada este lunes por el gobierno encabezado por Kicillof, que ahora se prorrogó hasta el 2 de julio. Según fuentes de la Provincia, los funcionarios y algunos de los principales acreedores “continúan trabajando para arribar a una solución definitiva al problema de sostenibilidad de deuda”.
Del otro lado, el comité ad hoc de bonistas (Coalition of Argentine Provincial Bondholders) rechazó la prórroga y las versiones de una supuesta oferta informal. “La provincia de Buenos Aires extendió su fallida oferta de canje por 19 vez. Mientras tanto, no hay ninguna discusión con los acreedores”, señalaron en un tuit acompañado de un meme en el que el extenista John McEnroe protesta en un partido: “No podés hablar en serio“.
Ese sector ya había acusado a Kicillof semanas atrás de ser un “oportunista” por no aceptar la última propuesta presentada el 4 de junio. La misma era muy parecida a la oferta de la Provincia del 28 de mayo, con la emisión de cuatro nuevos bonos en reemplazo de los 11 actuales que empezarían a pagar intereses desde 2021 con tasas de 2,5% a 6,75% hasta 2037 y pagos de capital semestrales desde 2024, lo que implica un período de gracia de casi tres años.
La principal diferencia es que el grupo ad hoc pide un pago en efectivo desde la firma del acuerdo por los intereses vencidos y no pagados desde el 2020 del 7,2%, aceptando el 92,5% restante en bonos. Un monto que sumado al pago de vencimientos asciende a unos US$630 millones en 2021, más de lo que la Provincia busca recibir este año por créditos de organismos multilaterales para infraestructura y asistencia social.
En ese marco, el fondo de cobertura Amia Capital Macro Master Fund Limited impulsó la nueva demanda en Nueva York, que ahora estará a cargo de la filial del US Bancorp. El “hedge fund” operado por Amia Capital Llp, una compañía con sede en Londres, desafío el año pasado junto a BlackRock a Martín Guzmán previo al cierre de la reestructuración con los acreedores privados. Su CEO es Igor Hordiyevych, exdirectivo del banco UBS y el BTG Pactual.
A fines de mayo, los acreedores y la Provincia firmaron un acuerdo de confidencialidad, lo que fue interpretado en el mercado como una señal de acercamiento. Vencido dicho entendimiento y reveladas las aparentes similitudes entre ambas propuestas, los bonistas concluyeron que la negativa a cerrar el canje es por motivos “políticos”. Dicho de otro modo, sospechan que Kicillof podría estar apostando a replicar la estrategia del 2014.
En 2012, el juez Griesa falló a favor de los fondos buitre y ordenó a la Argentina pagar la totalidad de lo reclamado por los holdouts. La causa llegó a la Corte Suprema de EE.UU, donde se dejó firma la sentencia del tribunal de Nueva York. Pese a que en 2014 Argentina cumplió con pagos a los acreedores de bonos reestructurados, Griesa los retuvo y el país entró en default selectivo. Hasta que finalmente Macri pagó US$9.300 millones en 2016.
Sin la posibilidad de un embargo como entonces, la Provincia busca evitar los acuerdos cerrados por varias provincias, como Jujuy y Neuquén, que incluyen pagos importantes de amortizaciones en los primeros años, además de los intereses. “Kicillof estaría viendo que litigar y juntar intereses al 9% tal vez quizás sería más barato que pagar hoy en términos similares a los de otras provincias”, señaló Maril.
Fuente Clarin
