En la causa conocida como Ciccone II, que investiga la ruta del dinero que se utilizó para financiar la operación, la Sala I de la Cámara federal porteña, volvió a procesar este jueves por abuso de autoridad al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, quien quedó acusado de encubrir las irregularidades fiscales y de financiar la maniobra que condujo al ex vicepresidente a prisión: la compra de la ex Calcográfica.
Fue un recorrido laberíntico el del expediente. En diciembre de 2018, el juez federal Ariel Lijo procesó al ex titular de la AFIP por su participación en Ciccone II donde se investigó la ruta del dinero que posibilitó que la adquisición de la ex calcográfica con capacidad para imprimir papel moneda.
Los abogados contaban con plazos para presentar sus memorial ante la Cámara de Apelaciones, como producto de su oposición a dicho procesamiento. Al vencerse los plazos, el procesamiento quedó firme, pero fue la Cámara de Casación Penal, la que ordenó que vuelva revisarse la situación y por un tiempo, Ricardo Echegaray ya no se encontraba procesado en este expediente.
Así fue que, la Sala I de la Cámara federal porteña, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens resolvió, procesar nuevamente al ex titular del organismo recaudador que ejerció en dicho puesto, durante el gobierno kirchnerista. Se le atribuyó el delito de abuso de autoridad, al entender que intervino en el “cambio de criterio de AFIP para el levantamiento de la quiebra de Ciccone calcografica sin razones que lo justificaran abusando de su autoridad”.
En la primera parte de la causa, cuya condena para el ex vicepresidente fue confirmada por la Corte Suprema, también había sido condenado el ex jefe de asesores de Echegaray en la AFIP, Rafael Resnick Brenner. Sin embargo, las audiencias dejaron en claro que las maniobras fiscales para beneficiar a Boudou y sus amigos no podían haber ocurrido sin la intervención o al menos el conocimiento del titular del ente recaudador.
En el procesamiento se sostuvo que la ex Ciccone pasó a manos de Núñez Carmona a través de Vandenbroele, propietario de The Old Fund (dueña del 70% de las acciones de la ex calcográfica). Era la única empresa con capacidad para imprimir billetes, y para la Justicia “quedó en manos del entorno del ex vicepresidente”.
El objetivo de la operación era “contratar con el Estado la impresión de billetes y documentación oficial”. No sólo imprimió las boletas electorales en 2011, sino que en abril del 2012, el Gobierno de Cristina contrató a Ciccone para imprimir 160 millones de billetes de cien pesos, por un costo de $ 140 millones.
Para terminar de comprender la maniobra, se inició este expediente Ciccone II, que investigó la ruta del dinero que se aplicó para el salvataje y puesta en funcionamiento de la ex Calcográfica. El juez fijó tres etapas: el levantamiento de la quiebra; el desembarco de los fondos y el gerenciamiento de la firma y la contratación de la Ex Ciccone por parte del Estado.
La causa cobró velocidad tras el giro que se produjo en 2017 con la declaración como “arrepentido” de quien fue el ideólogo del armado de empresas ligadas al ex vice, Alejandro Paul Vandenbroele. El juez Ariel Lijo en aquel momento, dio veracidad a sus dichos. Analizó la documentación y corroboró el circuito de fondos aplicados para la adquisición de la ex calcográfica.
Así, se avalaron las acusaciones donde se señaló que existieron negociaciones previas que permitieron un “acuerdo ilícito” entre Boudou y Núñez Carmona “para el levantamiento de la quiebra, el otorgamiento de un plan de facilidades de pago de la deuda que mantenían (la imprenta) con la AFIP y la contratación del Estado Nacional”.
Entonces, se señaló que Boudou, Núñez Carmona y Vandenbroele intervinieron en un negocio relativo a la reestructuración de la deuda pública de la provincia de Formosa. Esta tarea la realizó The Old Fund (TOF), utilizada posteriormente para la compra de Ciccone, determinó Lijo.
La operatoria tuvo como eslabón clave a la AFIP. El ex titular de la AFIP, quedó ahora procesado por la supuesta ayuda ilegal para que Ciccone -ya en manos de TOF- pudiera conseguir una moratoria excepcional para pagar su deuda millonaria al Estado. Los camaristas sostuvieron que Echegaray era responsable por “haber cambiado su posición respecto del otorgamiento de la conformidad de la AFIP para el levantamiento de la quiebra de Ciccone Calcográfica, en un lapso de dos días sin justificación“.
No se discutió la facultad que tenía el Administrador Federal de otorgar su conformidad de manera condicionada o incondicional, “lo que no podía hacer Echegaray de manera legítima era variar sustancialmente el carácter de la conformidad prestada, en un lapso corto, sin más motivación que una solicitud por parte de la empresa quebrada sin ningún tipo de especificación o detalle respecto de cómo iba a sanear la deuda con el ente recaudador”.
Fuente Clarin
