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Cuatro meses después de haber escuchado la sentencia condenatoria que leyó el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), los acusados en el caso conocido como la Ruta del Dinero K, apelaron la decisión de los jueces. La próxima semana todo será remitido a la Cámara de Casación que será la responsable en confirmar o no aquellas condenas.
En Comodoro Py estiman que el procedimiento demandará no menos de un año. Lázaro Báez es el principal procesado con un pedido de 12 años de prisión.
El ex socio comercial de Cristina Kirchner fue el eslabón esencial e indiscutible, para la justicia, de una estructura que durante tres años (2010 – 2013), se dedicó a lavar dinero, 55 millones de dólares en total. Para esas operaciones utilizaron a Austral Construcciones, la firma insignia que en simultáneo recibía obra pública vial, y tejía diversos negocios inmobiliarios con los Kirchner.
Así fue que cuando en febrero se leyó la sentencia en la Ruta del Dinero K, con un voto mayoritario el caso quedó vinculado a la obra pública vial donde se juzga a Cristina Kirchner -ya que se lo consideró el delito precedente-, Lázaro Báez no podría haber lavado dinero de no haber obtenido ese caudal de fondos, es decir, licitaciones que contaban con sobreprecios que promediaron el 65%, según la imputación.
Lázaro Báez en una audiencia del juicio por la Ruta del Dinero K y detrás Daniel Pérez Gadín, su contador.
Todo lo realizado implicó una importante suma de dinero: llevó a los jueces a ordenar el decomiso por 61 millones de dólares y de 4,7 millones de pesos.
El caso tuvo a cuatro personas detenidas en el Penal de Ezeiza, pero a la fecha todos cuentan con arresto domiciliario: Lázaro y su hijo Martín Báez, Daniel Pérez Gadín y Jorge Chueco. Fariña, en tanto, es monitoreado con una tobillera electrónica.
El de la Ruta del Dinero K, se considera el mayor juicio en materia de lavado de dinero realizado en Comodoro Py. En su mayoría, las sentencias acusatorias respondieron a la pena máxima que corresponde al delito de blanqueo de activos.
Leonardo Fariña también apel+ó su condena. Esperaba menos años por ser arrepentido. Foto Luciano Thieberger.
Después de otorgarle la pena máxima a Lázaro Báez (12 años) como solicitó el fiscal del juicio Abel Córdoba, el TOF 4 se refirió a los herederos del ex socio comercial de Cristina Kirchner.
Se condenó a Martín Báez a la pena de nueve años; a Leandro, como parte de la organización que se dedicó a las maniobras de blanqueo, le recayó una pena de cinco años, y la acusación más leve y en suspenso, fue para las hijas del empresario: Melina y Luciana fueron sentenciadas a tres años.
Leandro y Melina Báez en el juicio por la Ruta del Dinero K.
Toda la familia Báez, con diferentes abogados, presentaron sus apelaciones ante el TOF 4 que la semana próxima remitirá el caso a la Sala IV de la Cámara de Casación, para que comience a analizar los planteos. Deberá llamarse a una audiencia, y después decidirá sobre los planteos.
El Máximo tribunal penal, es el que deberá decidir si confirma las condenas ordenadas por el TOF 4 o si modifica esas acusaciones, o si por el contrario, considera que no corresponden. Los plazos en estos casos, en su mayoría son ordenatorios y en Comodoro Py estiman que todo, demandará no menos de un año.
Respecto al único imputado colaborador del caso, Leonardo Fariña, el Tribunal lo condenó a cinco años, con una reducción de tres años por su colaboración como arrepentido, y considerando que sus aportes fueron necesarios para el esclarecimiento del caso. Fariña también, representado por Roberto Herrera (abogado de Leandro Báez), presentó su apelación. Ellos agurdaban una sentencia aún menor.
El financista Federico Elaskar duranteel juicio. Fue condenado y también apeló. Foto David Fernández.
Del entorno de Báez, se condenó a su ex contador Daniel Pérez Gadín como organizador de las maniobras de blanqueo, a la pena de ocho años, lo mismo que recayó sobre el abogado Jorge Chueco. En tanto a Fabián Rossi, señalado como partícipe necesario, se le dictó una condena de cinco años.
En cuanto al financista Federico Elaskar, le adjudicaron una sentencia de cuatro años y medio. Las penas aplicadas, en todos los casos responde a la mayor en la escala del delito de lavado de activos. Las apelaciones terminaron de ingresar el viernes pasado, y ahora la Cámara de Casación tendrá la palabra final sobre las condenas dictadas por el TOF 4 en febrero pasado.
La principal acusación contra el dueño del Grupo Austral fue la de organizar una “banda dedicada a lavar dinero entre 2010 y 2013 agravado por la habitualidad”.
Tal como se había establecido durante la instrucción del caso, a cargo del fiscal Guillermo Marijuan y el juez Sebastián Casanello, el TOF 4 tuvo en cuenta el “atesoramiento de fondos en Suiza” por parte de Báez, y el reingreso de una porción del dinero al país a través de Austral Construcciones.
En este expediente que inició en 2013, se procesó a Báez, a sus cuatro hijos y a otros 22 imputados por haber montado una estructura de “sociedades y cuentas bancarias en el exterior que permitieron el blanqueo de por lo menos unos sesenta millones de dólares”.
Para estas operaciones se utilizaron firmas como Austral Construcciones (adjudicataria de 51 contratos viales por 46.000 millones de pesos), la financiera SGI, la empresa Helvetic entre las principales.
Como las causas de lavado de dinero requieren de un delito precedente, la Ruta del Dinero K quedó vinculada con la causa de la presunta defraudación al Estado por la asignación irregular de obra pública a Báez durante el gobierno kirchnerista. Este punto contó con el reconocimiento de los jueces Néstor Costabel y Adriana Pallioti.
En tanto, la jueza Gabriela López Íñiguez consideró que “no advierte la posibilidad de considerar que todos los bienes de Báez o de ACSA eran ilícitos” y afirmó que “hubo una coexistencia entre actividades lícitas con la comisión de ilícitos”.
El caso de la obra pública, a cargo del TOF 2, juzga a Cristina Kirchner y al dueño del Grupo Austral por asociación ilícita. En el juicio por la Ruta, las irregularidades con esos 51 contratos por $ 46.000 millones, se consideraron como delito precedente de las operaciones de lavado de dinero: sin ese manejo de fondos, el empresario K no podría haber organizado el posterior blanqueo dinero.
Además, se tomó como delito precedente la usina de facturación apócrifa que utilizó Lázaro Báez por más de $ 55 millones.
Fuente Clarin
