El Gobierno prorrogó por 180 días la intervención del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y ratificó así la continuidad de la ex jueza de Casación María Laura Garrigós, una de las fundadoras de Justicia Legítima.
La medida fue confirmada mediante el Decreto 428/2021, publicado este viernes en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y el ministro de Seguridad, Martín Soria.
Hace más de un año, el 12 de junio de 2020, el Gobierno dispuso la intervención del Servicio Penitenciario tras la renuncia de Emiliano Blanco, quien estuvo al frente de la dirección durante seis años y dejó el cargo luego de un violento motín en el Penal de Devoto.
No obstante, la intervención se dispuso en su momento para “normalizar” el funcionamiento del Servicio Penitenciario que había sido declarado en emergencia en marzo de 2019 debido a la sobrepoblación carcelaria, situación que se ha visto agravada en el contexto de la pandemia de COVID-19.
La intervención del SPF ya había sido prorrogada en diciembre del año pasado mediante el Decreto Nº 1037/20.
En los fundamentos de la medida se admite “la gravedad de la situación relevada en el organismo penitenciario” y la necesidad de “consolidar y profundizar las acciones iniciadas para el reordenamiento integral” del servicio.
Sin embargo a más de un año de la designación de Garrigós como Interventora, la realidad es que los penales nacionales no han experimentado una gran modificación.
Clarín publicó recientemente un informe en el que califica como “crítico” el estado del servicio carcelario, que aloja a 11.490 personas privadas de su libertad.
Con una ocupación del 94,2% y el temor de que se supere esa cifra, el colapso edilicio está cerca. El traslado del Penal de Devoto, el más discutido de todos, continúa sin avanzar.
La intención era trasladar los presos al Penal de Marcos Paz, donde en el gobierno anterior se había iniciado una ampliación de las instalaciones. Pero la obra quedó detenida, y los reclusos continúan en Devoto pese a un habeas corpus interpuesto que prohíbe que se continúen alojando presos allí.
Los primeros diagnósticos oficiales muestran un SPF que aún no colapsó, pero que siempre está al límite y que podría alcanzar la sobrepoblación si no se cumplieran los acuerdos establecidos con la ciudad de Buenos Aires.
El Servicio cuenta con ocho complejos y 27 unidades en trece provincias. En la actualidad tiene 11.490 presos alojados en todas sus dependencias. Su capacidad máxima es para albergar a 12.198. Es decir: le sobran sólo 708 plazas.
GRB
Fuente Clarin
