Luego de fracasar la negociación para sumar nuevos inversores, los directivos del Grupo Garbarino salieron a plantear que si el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta le devuelve $438 millones de “multas indebidas” podrían pagar los sueldos atrasados de sus 3.800 empleados.
En cambio, fuentes del gobierno de la ciudad responsabilizaron a la actual gestión del Grupo Garbarino por esas deudas, que también incluye a Compumundo, por las “retenciones indebidas” que debían pagar a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) porteña.
Mientras tanto, este viernes se profundizó la crisis en Garbarino, con decenas de sucursales cerradas, otras tomadas por los empleados y protestas en todo el país en uno de los mayores conflictos gremiales que afronta el gobierno de Alberto Fernández.
“Las dos líneas de trabajo que tenemos ahora son lograr destrabar esa deuda, para afrontar y regularizar deudas con empleados; y buscar inversión para salir de esta situación y retomar el camino de recuperación de la compañía que se venía trabajando”, aseguró a Clarín una fuente oficial de Garbarino.
Según planteó esa fuente empresarial, el gobierno de la ciudad le debe a Garbarino $438 millones en concepto de “retenciones indebidas aplicadas sobre Ingresos Brutos, no liquidadas antes de que Rosales comprara el año pasado la compañía”.
“Esos $438 millones es el saldo restante de un total cercano a $800 millones, cuya diferencia ya le liquidó el gobierno porteño a Garbarino, pero le adeuda ese monto”, sostuvo la fuente empresarial. Y agregó que ese monto “es prácticamente el equivalente a dos meses de pago de sueldos de los empleados. Por eso, se están retomando negociaciones para intentar acelerar esa liquidación”.
Fuentes de la Ciudad explicaron a Clarín que “durante los últimos meses, las empresas Garbarino y Compumundo, en su carácter de agentes de retención, retuvieron fondos de terceros y no los depositaron ante el fisco de la Ciudad”.
Esas fuentes destacaron que las retenciones por parte de ambas empresas llevaron a que acumularan deudas impositivas ante la AGIP, por lo que fueron declaradas en la máxima situación de riesgo fiscal.
El mes pasado, Garbarino y Compumundo “comenzaron a regularizar su situación fiscal, por lo que la AGIP inició el proceso de devolución de los saldos a favor. Ya se les reintegró el 50% del total de estos saldos, los cuales resguardaban el crédito fiscal, producto de los fondos indebidamente retenidos. El resto se encuentra actualmente en una etapa de verificación por parte de la AGIP, para continuar con el proceso de devolución”, aclararon desde la Ciudad.
Fuentes gremiales aseguraron a Clarín que los 3.800 empleados todavía no cobraron el sueldo de mayo y muchos tampoco la última quincena de abril; y los que arreglaron su desvinculación, que serían poco más de 500 empleados, no cobraron nada o sólo les pagaron la primera cuota de su acuerdo de retiro voluntario.
Desde la empresa dijeron que “es correcto que hay demora en el pago de sueldos”. Pero es falso que no hayan cobrado los últimos dos meses. “El cobro es dispar. Lamentablemente, hubo unas caídas en ventas del 60% en abril y del 75% en mayo, que complicaron el flujo de caja. Producto de la crisis y restricciones de presencialidad y circulación de la pandemia, la situación de remontada que venía llevándose a cabo desde junio de 2020 en Garbarino, se frenó”, añadieron fuentes oficiales de Garbarino.
Además, durante los últimos dos meses se cortó la cadena de pagos. Es que Garbarino no pagó 944 cheques de diferentes proveedores, por $1.652 millones, con los que arrastra una deuda impaga total de $3.739 millones.
“Con semejante deuda, está claro que los problemas no pasan por la devolución de impuestos de la AGIP”, se lamentó un proveedor de Garbarino, al que le adeudan varios millones de pesos.
El empresario y dirigente deportivo Carlos Rosales compró la cadena de electrodomésticos en junio del año pasado a la familia Garbarino, que además incluye Compumundo, Garbarino Viajes y la ensambladora de celulares en Tierra del Fuego, que está tomada por los trabajadores fueguinos.
Ante la profundización de la crisis, Rosales pretende reducir su participación a una tenencia minoritaria, sin vender toda la compañía. La principal negociación era con el propietario de Supercanal, Facundo Prado, pero esta semana se frustró.
Habrá que ver si aparecen nuevos inversores interesados en adquirir una parte de Garbarino, en una carrera contrarreloj, donde el Gobierno nacional parece no querer involucrarse, pese a que la semana pasada Alberto Fernández prorrogó hasta fin de año el DNU que prohíbe las suspensiones y los despidos.
Fuente Clarin
