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La causa contra Lázaro Báez por liderar una asociación ilícita fiscal no se quedará sin juez. Así lo resolvió la Cámara Federal de Bahía Blanca que rechazó la recusación en contra del magistrado Walter López Da Silva. Se trata de quien a fines de 2019 procesó al empresario patagónico, a su hijo Martín y una decena de empresarios, en una maniobra que habría dañado al fisco en $ 670 millones.
El abogado de Báez buscó apartar al juez luego de que el ex titular de la dirección regional de la AFIP bahiense Manuel Merino declarara que, en 2016, se reunió en privado con él sin dar cuenta a las partes del expediente. Lo hizo el 1 de junio pasado ante el Tribunal Oral en lo Criminal 2 de la Capital Federal, en el juicio oral por la causa Vialidad Nacional.
La defensa de Báez planteó su “temor de parcialidad” contra López Da Silva y calificó de “impertinente” ese encuentro que el juez no negó. “Señaló que la reunión existió y circunscribió el contexto de ella a una razón institucional: la presentación entre ambos organismos para coordinar sus labores en la jurisdicción” explicó la Cámara en la resolución conocida este martes.
López Da Silva recordó que tanto él como Merino hacía poco tiempo que habían asumido en sus cargos y agregó que luego de ese encuentro, se declaró incompetente para seguir interviniendo. Posteriormente el expediente volvió a su juzgado, el federal 1 de Bahía Blanca y debió instruir la causa, iniciada en 2014 durante el interinato de Santiago Ulpiano Martínez.
Cuando el expediente avanzaba y tenia varias medidas de prueba pendientes, Martínez fue reemplazado por Alejo Ramos Padilla, nombrado por la mayoría K en el Consejo de la Magistratura. Durante la subrogancia del actual juez federal de La Plata, la causa apenas avanzó. Su actuación en el expediente aún hoy es objeto de análisis por parte de un fiscal.
Tras la renuncia de Ramos Padilla y la asunción de López Da Silva, la investigación derivó al cabo de dos años en el procesamiento de Lázaro y Martín Báez, un contador, un financista y una decena de empresarios bahienses. Se los acusa de montar una estructura para disimular sobreprecios y obras públicas no realizadas, detrás de la pantalla de varias usinas de facturas apócrifas y empresas fantasma.
La medida aún no se encuentra firme y está siendo revisada por la misma Cámara Federal bahiense. El planteo de recusación de Báez es apenas uno de los siete recursos de apelación presentados ante ese tribunal por los abogados de los procesados, todos sin prisión preventiva
Para rechazarlo, el camarista Pablo Candisano Mera observó antes la audiencia en la que declaró Merino y que fue enviada por el TOCF 2 de la CABA. No consideró necesario citar al contador a declaración, como había opinado el fiscal general subrogante de la Cámara, Horacio Azzolin, tras el pedido del abogado de Báez. El primer letrado del empresario K en Bahía Blanca fue el misterioso Franco Bindi.
“Los supuestos de recusación no deben constituir para las partes un instrumento para separar al juez interviniente del conocimiento de la causa” citó Candisano Mera sobre la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de la garantía del juez natural.
Recordó que “en razón de la trascendencia y gravedad” que lleva consigo la separación de un juez, la recusación debe fundarse en “sospechas objetivamente justificadas”. Para el camarista, este no es el caso y tampoco aplica la acordada que enmarca la obligatoriedad de informar a las partes.
Ese instrumento refiere a conversaciones “con motivo” de una causa en trámite y en la que intervengan “los litigantes” remarca la resolución. “Cabe señalar que la AFIP-DGI, constituida en parte querellante de las actuaciones, es representada en el expediente principal por las doctoras María Antonela Girotti y Araceli Belén Moreschi Cisneros, no así por el contador Merino” cita el camarista.
“No podría siquiera hacerlo desde que no posee título habilitante a tales fines” agrega sobre el ex directivo de la AFIP-DGI. También menciona que en su declaración ante el TOFC 2 porteño, el propio Merino circunscribió la reunión “al aporte de documentación solicitada por el Juzgado, de la que no había participado en su confección… Fue una presentación de ambos, de la AFIP y de la Justicia Federal para tener un intercambio”.
Para Candisano Mera, “aun habiendo acuerdo entre todos en que la reunión existió, el recusante no logró establecer un nexo entre ese evento y la incidencia en la parcialidad de las resoluciones del juez de intervención en la causa”.
Por otro lado, el camarista también rechazó que López Da Silva pudiera tener influencia en decisiones sobre tres causas relacionadas que tramitan en otros juzgados y que fueron citadas por el abogado de Báez en su planteo recusatorio.
Allí habló de un “plan ordenado” contra el empresario amigo de los Kirchner. Dicha maniobra organizada habría sido urdida por tres ex funcionarios de AFIP, citados por López Da Silva en su auto de procesamiento. En ese marco, el contador Merino habría sido un instrumento para su realización, según la defensa de Báez.
Fuente Clarin
