Buenos Aires-3 de Marzo de 2026-Total News Agency-TNA — La inminente salida del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, abrió una disputa de poder que en la Casa Rosada se lee como algo más que un recambio de nombres: es la batalla por el control del capítulo judicial de la gestión de Javier Milei. En las últimas horas, la secretaria general de la Presidencia y jefa de La Libertad Avanza, Karina Milei, habría dado un paso clave al asegurarse al apoderado del oficialismo, Santiago Viola, como futuro número dos del ministerio. El movimiento implicaría desplazar a Sebastián Amerio, actual viceministro identificado con el asesor presidencial Santiago Caputo.
La jugada no es menor. En el gobierno admiten que el cargo de viceministro funciona como una “cabina de control” del ministerio: coordina el pulso administrativo, articula con el Congreso, opera con el Poder Judicial y, en la práctica, puede marcar el ritmo de la estrategia institucional. Con Viola como vice, Karina Milei sumaría una palanca decisiva para incidir en el diseño de la etapa que viene: nombramientos, concursos, negociaciones y, sobre todo, la intención oficial de construir una “pata propia” en tribunales.
El lugar que quedaría para Sebastián Amerio aparece, por ahora, como una incógnita. En el entorno libertario reconocen que todavía no hay un destino claro para quien hasta aquí fue el segundo del ministerio y un hombre de referencia del esquema de Santiago Caputo. Ese dato, justamente, alimenta la lectura interna de que la pulseada no se limita a un cambio de organigrama: es parte de la reorganización del poder real dentro del triángulo presidencial.
Con el casillero del viceministro encaminado, el segundo frente de discusión pasa a ser el cargo más sensible: el ministro. En la mesa política circulan varios nombres. En el ala que impulsa una salida de perfil político aparece el senador bonaerense y exintendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, señalado como opción por el sector que orbita a Santiago Caputo. Del otro lado, los Menem —Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados— promueven a Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires y titular de la Asociación Internacional de Fiscales.
El apellido Mahiques quedó además envuelto en ruido político por un episodio que se coló en la conversación pública: Carlos Mahiques, padre de Juan Bautista Mahiques y magistrado de la Cámara Federal de Casación Penal, fue mencionado en publicaciones periodísticas por haber celebrado un cumpleaños en una mansión de Pilar atribuida a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA. Poco después, Carlos Mahiques renunció a la subrogancia de una sala que debía resolver cuestiones vinculadas a la competencia en la causa relacionada con esa propiedad. En el oficialismo, donde cada gesto se mide como señal, el tema no pasó inadvertido.
En paralelo, en la lista de alternativas aparecen perfiles judiciales con fuerte peso simbólico: la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, exesposa del fiscal Alberto Nisman, y el fiscal federal Diego Luciani, figura central en la causa Vialidad que terminó con la condena de Cristina Kirchner. En despachos del gobierno sostienen que ambos concentran un “consenso social” relevante y que el propio Javier Milei los considera opciones válidas, aunque nadie asegura que aceptarían un ofrecimiento en un momento de máxima exposición.
También se menciona al fiscal Carlos Stornelli, con antecedentes en la función pública bonaerense. En la Casa Rosada explican que, a diferencia de otros ministerios, Justicia tiene una particularidad: cada nombre tiene efectos inmediatos sobre vínculos con jueces, fiscales, defensores, concursos y la relación política con el sistema.
El trasfondo es el momento legislativo del oficialismo. Con el volumen parlamentario que el gobierno dice haber consolidado tras las elecciones de octubre —y que estrenó con la aprobación de la reforma laboral y la baja de la edad de imputabilidad— en Balcarce 50 proyectan una etapa en la que podrían acercarse a mayorías especiales en ambas cámaras, aislando al kirchnerismo y sumando aliados entre legisladores de gobernadores, incluidos peronistas no K como Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca). Con ese escenario, el Ejecutivo cree que podría impulsar un recambio de magnitud en el sistema: se habla de alrededor de 150 jueces federales, más de 30 fiscales y unos 45 defensores públicos, una porción decisiva del engranaje judicial.
Esa aritmética también es relevante para otro objetivo mayor: cubrir vacantes en la Corte Suprema, luego del intento fallido de avanzar con los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. Y además, avanzar sobre la Procuración General, que permanece a cargo del procurador interino Eduardo Casal desde 2017, tras años sin acuerdo político para nombrar un titular.
En los pasillos oficiales, la urgencia por ordenar el tablero judicial creció desde que se multiplicaron denuncias que rozan al círculo presidencial, incluyendo la causa por el lanzamiento de la cripto $LIBRA y otra investigación por un presunto esquema de sobreprecios que tiene en el centro al exfuncionario Diego Spagnuolo y a un grupo de droguerías. A esa preocupación se suma el fortalecimiento del oficialismo en el Consejo de la Magistratura, clave tanto para la selección de jueces como para procesos disciplinarios. En ese mapa, el ascenso de Santiago Viola aparece como una señal clara: Karina Milei quiere tener la lapicera cerca, no solo para firmar, sino para conducir.
