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La defensa de la familia Macri apuesta a frenar el intento de la vicepresidenta Cristina Kirchner de extender la quiebra del Correo al grupo Socma en base a dos denuncias, entre otras medidas. Por un lado, los abogados de SOCMA denunciaron un supuesto complot entre el Procurador del Tesoro Carlos Zannini, la fiscal Gabriel Boquín y el titular de la Inspección General de Justicia, Ricardo Nissen. Mientras apelarán la quiebra del Correo ante la Cámara en lo Comercial.
Desde el punto de vista político, Boquín es una aliada de la ex Procuradora General de la Nación y fundadora de “Justicia Legítima” Alejandra Gils Carbó y del titular de la IGJ y ex apoderado de los Kirchner, Ricardo Nissen. Boquín y Nissen y Gils Carbó integran la fundación FIDAS y comparten su simpatía o militancia con los K. Nissen, ex abogado de los Kirchner, es el mismo que bloqueó la información sobre Hotesur y el Instituto Patria.
El ex presidente dijo que esta y otras causas son parte de un “plan de venganza” de la ex presidenta Cristina Kirchner por su procesamiento y el dos sus hijos Máximo y Florencia en las causas Hotesur y los Sauces.
Sin embargo, esta semana la jueza en lo Comercial Marta Cirulli rechazó suspender medidas tendientes a determinar si fueron cometidas irregularidades o ilícitos en el proceso de quiebra.
La jueza sostuvo que “los argumentos planteados por el presentante del Correo implican disenso rotundo con el temperamento adoptado, más no contienen elementos que autoricen a revocar lo ordenado”.
En su resolución Cirulli recordó que una semana atrás la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial rechazó la intervención del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En esta batalla política y judicial, por su parte, Boquín había alertado sobre “la posible comisión de un delito” por parte de los responsables del Correo Argentino durante la administración del Grupo Macri para evitar la quiebra. Entonces, Cirulli envió oficio a la Cámara Nacional en lo Criminal para que se investigue, lo que abrió otro juicio cruzado más.
Mientras tanto, los abogados de la familia del ex presidente apelaron esta semana la decisión del juez federal Sebastián Casanello de archivar por inexistencia de delito una denuncia de la empresa Socma Americana SA, accionista principal del Correo Argentino.
Es, como se dijo, por un supuesto acuerdo político entre Boquín, Zannini y Nissen para buscar la quiebra del Correo. La apelación la tiene la cámara federal porteña.
Se trata de una respuesta a un fallo de Casanello. “Los hechos objeto de la causa de marras no constituyen delito“, concluyó el juez federal en la resolución.
Los apoderados de Socma entendieron que la conducta de los tres se encuadraba en “los delitos de abuso de autoridad, falsedad ideológica de documento público y alteración de un sistema informático”.
Los abogados a cargo de la defensa, Francisco Castex y Luciano Pauls, denunciaron que la fiscal Boquín actuó con dos varas distintas en los concursos del Correo y Oil Combustibles de los empresarios K Cristóbal López y Fabián De Sousa.
Adjuntaron una sentencia de la Cámara en lo Comercial, en la que se “pone al descubierto una serie de ilegalidades y demás hechos ilícitos cometidos” en la quiebra de Oil que deben 8 mil millones de pesos a la AFIP, cifra sin indexar.
Y preguntaron “si la representante del ministerio público fiscal se ha mostrado tan implacable con los dueños de C5N como lo ha sido en la persecución al Correo y al grupo Socma”. Por ejemplo, les “llama poderosamente la atención que la fiscal adhiere a lo requerido por la fallida (Oil) adoptando una postura sumamente laxa, rayana a la sospecha”.
Los abogados luego compararon su actuación en el proceso concursal de Correo Argentino SA, en el que “recurrió a criterios alejados completamente de la legislación, doctrina y jurisprudencia para aplicar una tasa de interés exorbitante e irreal y emitir dictámenes con contenido falso”.
En un caso Oil Combustibles “se limitó a decir que no había prueba suficiente; y en del Correo, exigió y peleó por su legitimación activa, instó la causa y requirió celeridad procesal”.
Los abogados habían pedido “investigar si Carlos Zannini se desempeñó de manera agresiva y persecutoria con el fin de decretar la quiebra de la mencionada empresa (Oil), tal como sucedió en el caso del Correo”.
Y sumaron un pedido para analizar la actuación de Nissen, solicitando se indague “si emitió actos administrativos contrarios a la ley impidiendo el funcionamiento normal de Oil con el mismo celo y empeño que ha desplegado respecto del caso Correo”.
Sin embargo, Casanello resolvió el archivo en consonancia con un dictamen fiscal que descartó la comisión de delitos. Sostuvo que “el desempeño de los actores involucrados en las cuestiones suscitadas, se dio en el ámbito del ejercicio de sus respectivos roles en el proceso concursal -como ser las peticiones de la Fiscal General y el Procurador del Tesoro de la Nación”.
El debate tiene antecedentes. Macri en su libro “Primer Tiempo” agregó que en febrero de 2017, la fiscal Boquín denunció por “abusivo” un principio de acuerdo entre Correo Argentino SA y el Estado nacional, último acreedor pendiente. El Estado era “uno de los más de 600 que en 2009 habían aceptado ya una propuesta de pago. El acuerdo, firmado siete meses antes, había sido aceptado también por las tres sindicaturas del concurso, en una audiencia en la Cámara Comercial”.
Boquín “tergiversó deliberadamente los términos del acuerdo, usando criterios irracionales, aplicando tasas altísimas, dolarizando deudas en pesos y multiplicando intereses sobre intereses para llegar a una cifra absurda y decir que la empresa quería pagar sólo el 1% de lo que le correspondía”.
“Lanzó al aire un número disparatado que se pegó en todos lados: los supuestos 70.000 millones de pesos por los que mi familia quería perjudicar al Estado. Un rato más tarde Cristina Kirchner celebró el escrito de Boquín en las redes sociales”, añadió Macri.
El abogado experto en quiebras, Daniel Vitolo –de la fundación Fidas de Nissen-, explicó entonces que el cálculo de la deuda indexada del Correo de la fiscal estaba equivocado porque se trataba de una empresa concursada. Zannini habla de 300 millones de dólares.
Vitolo, autor de la ley de quiebras, explicó que como consecuencia de la ley de Convertibilidad de Cavallo-Menem que prohíbe la indexación, las deudas de las concursadas “no se ajustan por inflación”. Cuando un deudor solicita el concurso, como los bienes son insuficientes, explicó “lo que hace la ley es congelar esos pasivos que no generan más intereses, salvo los juicios laborables o hipotecarios”.
Pero Vitolo advirtió que los concursos deberían durar dos años como máximo y no veinte y se quejó que haya sido “un concurso eterno”. Sostuvo que hubo “connivencia” entre distintos gobiernos y la empresa para dilatar el proceso y reclamó transparencia.
Así el debate sobre la deuda del Correo aún sigue abierto.
Fuente Clarin
