El máximo tribunal anuló la absolución del ex jefe del Ejército de Cristina Kirchner por el presunto encubrimiento de la desaparición del conscripto Alberto Agapito Ledo. Milani había sido absuelto en 2019 y nuevamente favorecido por Casación en 2021. La Corte cuestionó ahora cómo se evaluaron las pruebas y ordenó un nuevo pronunciamiento. El militar llegó a la cúpula del Ejército impulsado por el kirchnerismo pese a objeciones de organismos de derechos humanos y su estructura de Inteligencia volvió posteriormente a quedar bajo la mirada judicial en la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman. Foto: Milani habia festejado en su cumpleanos 68
Buenos Aires – 29 Septiembre 2026 – Total News Agency – TNA – La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto este martes la absolución de César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani, el general elegido por Cristina Fernández de Kirchner para conducir el Ejército, y ordenó que la Cámara Federal de Casación Penal vuelva a analizar su responsabilidad en el presunto encubrimiento de la desaparición del soldado conscripto Alberto Agapito Ledo, ocurrida en junio de 1976 en Tucumán.
El fallo desarma una decisión que lo había beneficiado primero en diciembre de 2019, cuando el Tribunal Oral Federal de Tucumán lo absolvió por aplicación del beneficio de la duda, y posteriormente en diciembre de 2021, cuando la Sala I de Casación confirmó aquella resolución. La Corte entendió ahora, por mayoría, que las instancias anteriores no habían ponderado suficientemente circunstancias relevantes reunidas durante la investigación.
La mayoría quedó integrada por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y el conjuez Juan Ignacio Pérez Curci, quienes hicieron suyos, en lo pertinente, los argumentos del procurador general interino Eduardo Casal. El conjuez Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas votó en igual sentido con fundamentos propios, mientras Carlos Rosenkrantz quedó en disidencia y sostuvo que correspondía mantener la absolución.
Casal había cuestionado que los tribunales inferiores concluyeran que Milani no tenía razones para sospechar que Ledo no había desertado sino que había sido víctima de una operación criminal. También señaló la necesidad de analizar integralmente las circunstancias que rodearon la confección del acta de deserción y la información allí incorporada sobre las pertenencias del conscripto.
Rabbi Baldi fue particularmente crítico con el tratamiento otorgado al papel de Milani y sostuvo que las instancias anteriores habían analizado su actuación “en abstracto”, transformando la confección del documento de deserción en un mero trámite burocrático sin insertarlo suficientemente en el contexto represivo en que desapareció Ledo.
La causa se remonta al 17 de junio de 1976. Alberto Agapito Ledo, estudiante de Historia, militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores y conscripto del Batallón de Ingenieros de Construcciones 141, desapareció mientras se encontraba destinado en Tucumán. El entonces subteniente Milani confeccionó posteriormente el acta donde Ledo aparecía como desertor.
En el mismo juicio fue condenado el entonces capitán Esteban Sanguinetti, superior de Milani, por su participación en la privación ilegítima de la libertad y homicidio de Ledo, delitos considerados de lesa humanidad. Milani llegó acusado de encubrimiento y falsedad ideológica, y la fiscalía había solicitado seis años de prisión.
El nuevo revés judicial devuelve además atención a la estrecha identificación que Milani tuvo con el gobierno que años después lo colocó en la conducción del Ejército. Cristina Kirchner lo designó jefe de la fuerza en 2013 y promovió posteriormente su ascenso a teniente general pese a las objeciones de sectores opositores y de organismos de derechos humanos. El CELS, que durante años había tenido fuerte influencia en la política oficial sobre ascensos militares, objetó expresamente aquel pliego por las denuncias existentes contra el general. El tratamiento debió ser postergado durante varios meses, pero finalmente el kirchnerismo reunió los votos necesarios en el Senado y aprobó su promoción por 39 votos contra 30.
La sintonía política tampoco fue escondida por el propio militar. Al asumir la conducción del Ejército habló públicamente de acompañar el “proyecto nacional” del Gobierno y, posteriormente, en una entrevista realizada por Hebe de Bonafini y difundida por la televisión estatal, volvió a expresar su identificación con el proyecto kirchnerista. Esa exposición produjo cuestionamientos incluso dentro del ámbito castrense por la identificación partidaria de quien ocupaba la jefatura de una de las Fuerzas Armadas.
A ese historial se agregó años más tarde otro capítulo particularmente sensible: la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman. La fiscalía federal de Eduardo Taiano avanzó sobre la actuación de la estructura de Inteligencia del Ejército que estaba bajo la órbita de Milani en enero de 2015 y convocó a decenas de militares y personal civil de inteligencia para reconstruir qué tareas desarrollaban durante los días que rodearon la muerte del titular de la UFI-AMIA. Entre ellos aparece el suboficial mayor retirado Joaquín Conrado Pereyra, conocido como “El Verde”, señalado en la investigación como un nexo entre Inteligencia del Ejército y la entonces SIDE durante 2014 y 2015. La pesquisa también analiza una flota de teléfonos y comunicaciones correspondientes a integrantes de inteligencia militar cuya actividad aumentó durante el domingo 18 de enero y, según información incorporada al expediente, algunos aparatos fueron geolocalizados en las inmediaciones de Puerto Madero.
La atención sobre ese aparato no surgió únicamente de las citaciones recientes. Desde los primeros años de la causa se habían detectado comunicaciones inusuales durante las horas anteriores al hallazgo del cuerpo de Nisman entre figuras de los servicios de inteligencia y funcionarios del kirchnerismo. Los registros incluyeron conversaciones que involucraban al propio Milani, a Fernando Pocino, entonces director de Reunión Interior de la SIDE, y a otros integrantes de la comunidad de inteligencia. La ex fiscal Viviana Fein había considerado llamativa esa actividad telefónica y posteriormente la investigación federal profundizó la reconstrucción de aquellas comunicaciones.
La pesquisa sobre Nisman también volvió a poner bajo examen la expansión que tuvo la Inteligencia del Ejército durante la jefatura de Milani. Entre 2010 y 2014 sus partidas presupuestarias crecieron fuertemente, mientras distintas investigaciones periodísticas y denuncias judiciales describieron la incorporación de personal y equipos tecnológicos destinados a incrementar las capacidades de inteligencia militar. En 2025 y 2026, la fiscalía de Taiano comenzó a citar a decenas de integrantes de aquel aparato para determinar si miembros de la estructura realizaron inteligencia interna y por qué algunos de sus teléfonos aparecen vinculados territorialmente al entorno de Le Parc durante aquel fin de semana.
Otro hombre históricamente próximo a Milani fue el coronel mayor retirado Marcelo Oscar Granitto, considerado durante años uno de sus colaboradores más estrechos en el área de inteligencia. Granitto había sido asistente personal del ex jefe del Ejército y estuvo ligado a la estructura de Inteligencia que este construyó durante su ascenso en la fuerza. Su nombre apareció posteriormente en denuncias políticas sobre supuestas estructuras paralelas de inteligencia, aunque ese antecedente debe distinguirse de la línea específica que actualmente investiga Taiano por la muerte de Nisman.
Por ahora ninguna de estas líneas significa que la Justicia haya establecido que Milani, Pereyra, Granitto o integrantes de Inteligencia del Ejército hayan participado en el homicidio de Nisman. Sí revela que la estructura de inteligencia militar que funcionaba durante su jefatura permanece bajo examen judicial y que los investigadores intentan determinar qué hacían determinados agentes durante las horas críticas previas y posteriores a la muerte del fiscal.
Ese respaldo político coexistió durante años con otros expedientes judiciales de alto impacto. Además del caso Ledo, Milani fue investigado por los secuestros y torturas de Pedro y Ramón Olivera en La Rioja, expediente en el que fue absuelto en 2019, y enfrentó una causa por enriquecimiento ilícito originada en la compra de una vivienda en La Horqueta que no podía ser explicada inicialmente con sus ingresos declarados.
En esa última investigación también obtuvo una absolución en 2022 por beneficio de la duda. Casación la anuló al año siguiente al considerar insuficiente la valoración de la prueba y la Corte rechazó en abril de 2024 un planteo de Milani contra esa decisión. Sin embargo, en 2025 el expediente terminó cerrado por prescripción, consolidando otro desenlace favorable para el ex jefe militar sin una condena penal firme.
La resolución conocida este martes vuelve ahora sobre uno de los expedientes más antiguos y políticamente sensibles que rodearon a quien fue uno de los militares de mayor confianza del último gobierno de Cristina Kirchner. La Corte no reemplazó a Casación ni declaró culpable a Milani: estableció que la absolución debía ser revisada porque la valoración que permitió sostener el beneficio de la duda no respondió adecuadamente, según la mayoría, a aspectos relevantes señalados por la acusación.
La causa regresará por eso a Casación, que deberá intervenir con una nueva integración y dictar otra sentencia. Más de medio siglo después de la desaparición de Ledo, el expediente vuelve a abrirse mientras otras investigaciones mantienen bajo observación una estructura de inteligencia que alcanzó un poder inusual durante el kirchnerismo y cuyo funcionamiento en los días de la muerte de Nisman todavía continúa siendo reconstruido por la Justicia.
Fuentes consultadas: Corte Suprema de Justicia de la Nación; Procuración General de la Nación; Cámara Federal de Casación Penal; Tribunal Oral Federal de Tucumán; Fiscalía Federal a cargo de Eduardo Taiano; Senado de la Nación; CELS; documentación judicial de los casos Alberto Agapito Ledo y Alberto Nisman.
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