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El fiscal Guillermo Marijuan apeló el sobreseimiento de Victoria Donda que había sido investigada por los delitos de administración fraudulenta y malversación de fondos públicos, al ofrecerle un plan social o un cargo en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) a su empleada doméstica, Arminda Banda Oxa. En oposición a la resolución del juez Sebastián Casanello, el representante del Ministerio Público Fiscal indicó que “se encuentra probado que la imputada, abusando de su condición de funcionaria pública privilegió su interés particular”.
La denuncia “por hechos de corrupción” fue presentada por el abogado penalista de Banda Oxa, Fernando Zarabozo, quien planteó que la empleada doméstica trabaja desde el año 2007 con la titular del INADI, quien pretendió echarla una vez iniciada la cuarentena por el coronavirus, “intentando que aquella renunciara por su propia voluntad y de manera unilateral, ofreciéndole en dicha oportunidad, en caso de acceder a ello, la percepción de un subsidio o de un cargo en el INADI, siendo que tales circunstancias la eximirían de pagar la indemnización correspondiente por despido injustificado”, según la denuncia presentada.
La causa quedó radicada en el juzgado federal de Sebastián Casanello, que delegó la investigación en la fiscalía. A comienzos de marzo, el magistrado señaló que si bien se había podido acreditar que “existieron conversaciones privadas en el marco de las cuales Victoria Donda habría formulado un ofrecimiento impropio, faltaban los elementos que indicasen que, tras esos diálogos, había existido un acto administrativo de la funcionaria: una resolución u orden emanada de la titular del INADI, que dispusiese hacer efectivo tal ofrecimiento, mucho menos un contrato estatal que lo perfeccionara”.
En aquel entonces, el caso volvió a la fiscalía que ratificó que, a su juicio, “se encontraba verificado el estado de sospecha” y “deslizó al mismo tiempo que, en caso de que el juzgado no compartiera el criterio, debía reasumir la investigación y realizar las medidas de prueba que considerara pertinentes”.
El fiscal Marijuan había pedido que se llame a la funcionaria a declaración indagatoria “al haberse interesado ilícitamente, por fuera del interés estatal, y abusando de su carácter de Interventora del INADI, en la obtención de un plan social o contrato en el citado organismo en favor de la señora Arminda Banda Oxa, con el objeto de que ésta presentara la renuncia a la relación laboral que la vinculaba como empleada doméstica en su domicilio particular”.
Es que para la fiscalía, tras las pruebas recolectadas, como las declaraciones testimoniales tomadas, había prueba suficiente para sostener que “Donda Pérez abusando de su condición de funcionaria pública, como Interventora del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo –INADI- e insertando su interés particular, ofreció a la Sra. Arminda Banda Oxa un cargo en el citado organismo o un plan social exigiéndole para ello que renunciara al trabajo que desempeñaba como empleada doméstica y evitando con ello, tener que hacer frente a cualquier tipo de reclamo indemnizatorio que le correspondía a título personal”.
Ante tal controversia, la investigación volvió a quedar a cargo del juez Casanello, que ordenó una serie de medidas “que arrojaron resultado negativo”, indicó Casanello para firmar su sobreseimiento.
Detalló en ese aspecto: “el INADI no registra ningún inicio de trámite que tenga como objetivo contratar a ARMINDA BANDA OXA”, en segundo término, “en el Ministerio de Desarrollo Social, en sus diferentes áreas, no constan registros de planes o beneficios sociales a favor de ARMINDA BANDA OXA” y finalmente dijo que “la Procuraduría de Investigaciones Administrativas no ha iniciado ningún expediente disciplinario, vinculado al hecho que se investiga en la presente causa”.
Para el fiscal Marijuan estos fundamentos no son suficientes, y reiteró que encuentra responsable a Victoria Donda de los delitos imputados. En su dictamen, al que accedió Clarín, indicó que lo discutido “fue el mecanismo que ofreció instrumentar la imputada –posibilidad que se encontraba dentro de su ámbito de injerencia- a los fines de neutralizar las acciones que con motivo de la contingencia laboral existente, pudiera la testigo iniciar en su contra”.
Ampliando tal concepto, el fiscal dijo que Donda es responsable penalmente, ya que “su actividad no estuvo dirigida a satisfacer el interés de la administración pública sino aquel particular de la imputada. La motivación de Donda Pérez al ofrecer gestionar un contrato en el organismo a su cargo y/o un plan social en favor de su empleada, fue valerse de recursos públicos para evitar afrontar una deuda que poseía a título personal”.
En tal sentido, concluyó que “no cabe duda a criterio de esta parte, que el ofrecimiento efectuado por la imputada importó el uso abusivo, arbitrario y discrecional de la función pública”.
Por eso, se insistió en que Donda sea llamada a indagatoria y agregó que “se ha incorporado prueba sustancial que demuestra que el interés de la nombrada en obtener un beneficio propio con el ofrecimiento realizado a Arminda Banda Oxa, ha sido probado”:
Cuando el expediente inició, se conoció que en los recibos de sueldo figuran pagos realizados por la funcionaria a Arminda, desde julio de 2016, cuando le pagaba $5.000 mensuales, hasta enero de 2021, cuando también le pagaba $5.000, como si le hubiera pagado a su empleada doméstica el mismo sueldo durante cuatro años y medio, sin ningún tipo de actualización inflacionaria. En ese mismo período los aportes laborales que le hizo fueron subiendo de $176, en agosto de 2016, a $363, en enero de este año, según los recibos aportados por la funcionaria.
Fuente Clarin
