La jueza comercial Valeria Pérez Casado firmó este miércoles la resolución que le permitió a Cristóbal López salvar de la liquidación final a Oil Combustibles, su empresa juzgada en el fuero penal por defraudación al no pagar el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) en sumas multimillonarias, según la imputación. En el marco de la quiebra y gracias al consentimiento de la AFIP, su principal acreedor, la petrolera obtuvo el avenimiento, es decir evitó que los 100 millones de dólares retenidos por la justicia sean distribuidos entre los acreedores.
Después de la nueva moratoria fiscal que el gobierno aprobó en el Congreso, Cristóbal López logró un plan de facilidad fiscal a favor de su empresa quebrada desde 2018. A los meses, solicitó la quiebra por avenimiento, un proceso contemplado en la ley de Concursos y de Quiebras, que evita la liquidación final de la compañía al llegar a un acuerdo con todos los acreedores para encontrar otra modalidad de pago.
La AFIP, principal acreedor de la petrolera, dio su conformidad para avanzar en este procedimiento. En el expediente, Oil presentó el OK de un total de 305 acreedores, que representan el 99,96% del pasivo verificado o declarado admisible. Sobre 30 acreedores que no fueron encontrados, la empresa de López depositó y dio en pago mediante una sociedad vinculada al Grupo Indalo los montos necesarios para atender los créditos.
La empresa usada para ese pago de 17.052.447,17 pesos fue Inversora M&S que fue inquilina hasta 2016 de Los Sauces SA, la inmobiliaria de la familia Kirchner, investigada por lavado de dinero. La firma que pertenece Indalo es, a su vez, controlante de Oil Combustibles.
Ante ese escenario, la jueza Pérez Casado decidió conceder la quiebra por avenimiento destacando que para ello fue relevante la conformidad que el organismo recaudador a cargo de Mercedes Marcó del Pont, brindó a favor de Cristóbal López.
En la parte resolutiva del texto judicial, indicó que daba por concluida la quiebra de Oil Combustibles al haber obtenido la conformidad de sus acreedores y así, el avenimiento. Se hizo en el marco de este proceso, una reserva de fondos por 5.275.440.107,27 pesos para juicios laborales, incidentes, honorarios, reservas por impuestos, entre otros.
Fue un proceso en etapas. En plena pandemia, Cristóbal López se acogió a la moratoria fiscal que impulsó Alberto Fernández. Cuando el oficialismo convirtió el proyecto en Ley, la oposición rechazó acompañar la medida, haciendo foco en la deuda de Oil y en que se trata de una empresa con la quiebra dictaminada desde mediados de 2018 y completamente inactiva. “Buscan un plan de facilidades de pago para cancelar la totalidad de sus deudas tributarias verificadas en el concurso (6.739.449.633 pesos), en la quiebra (1.507.702.128 pesos) y pendientes de resolución (3.548.496.183 pesos)”, dijeron entonces.
Esta quiebra por avenimiento que obtuvo López deja sin efecto el pedido que había hecho la AFIP de la gestión macrista, para que la quiebra se extienda al Grupo Indalo y a las personas físicas, es decir sus dueños. De esta manera, fuentes judiciales explicaron a Clarín que no corre riesgo “el grupo de medios que se encontraba vinculado a Oil Combustibles”.
En el fuero federal, donde se juzga por defraudación a los dueños del Grupo Indalo, la anterior gestión de la AFIP había reclamado una deuda de 10.000 millones de pesos. Los números aún no fueron clarificados. Pero después ingresar a la moratoria López avanzó con el avenimiento para así lograr el salvataje de Oil.
La petrolera sumó otro problema: en 2018 la quiebra se dictó con continuidad, y esto generó nuevas deudas por “el incumplimiento de obligaciones impositivas a su cargo, motivadas en la continuidad de la explotación”, señaló la AFIP, que además exige el pago de otros 20 millones de pesos.
Para Cristóbal López, la deuda no supera los 560 millones de pesos. Pero este año un fallo de la Sala D de la Cámara de Apelaciones del fuero Civil y Comercial reiteró sus duros términos y habló de un comportamiento fraudulento.
Al rechazar un planteo del empresario respecto a cuándo comenzar a contabilizar la cesación de pagos, los camaristas indicaron que Oil generó una “dramática realidad” que puso al fisco en una situación de “dificultad para el recupero de sus acreencias”, como “directa consecuencia de una desorbitada deuda fiscal cuya existencia no puede sino explicarse a partir de evidentes complicidades de funcionarios estatales”, en relación a la AFIP de la gestión kirchnerista, conducida por Ricardo Echegaray.
Fuente Clarin
