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El constitucionalista Daniel Sabsay enumeró media docena de causales para justificar el pedido de juicio político al presidente Alberto Fernández, entre ellas mentirle a la sociedad por la realización de fiestas en la Quinta de Olivos durante la cuarentena. Recordó que los juicios políticos a los ex presidentes de EE.UU. Richard Nixon y Bill Clinton tuvieron como eje sus mentiras públicas.
Además, el profesor titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UBA y famoso polemizador en las redes sociales, denunció “un plan de impunidad” de la vicepresidenta Cristina Kirchner y criticó duramente a los “jueces miedosos y tiempistas” que anulan procesos o retrasan juicios.
La siguiente es la síntesis de una entrevista con Clarín:
– Ante el escándalo de las fiestas en Olivos, la oposición pidió el juicio político del presidente Alberto Fernández, ¿hay fundamentos jurídicos para una medida tan grave?
– Hay distintas causales de remoción, pero la más utilizada es por el mal desempeño de funciones. Definir que es mal desempeño es algo complejo, pero yo siempre recurro a la noción de German Bidart Campos que decía que el mal desempeño es lo contrario del buen desempeño. ¿Y qué es el buen desempeño? Es lo que espera una sociedad en determinado momento y lugar y que sea digno de su investidura. No es la foto de Olivos en sí misma, el primer gran incumplimiento del Presidente es el incumplimiento del principio de igualdad. Además, del incumplimiento de las propias normativas que él creó a través de los decretos de emergencia sobre las restricciones por el COVID. Violó el principio de igualdad, es decir él y su grupo se consideran que están por encima de la ley y de la Constitución en el sentido de que no estarían obligados a cumplir con las obligaciones que tenemos todos los ciudadanos. No olvidemos que el Presidente de su juramento jura cumplir y hacer cumplir la Constitución. Es el principal compromiso que asumió y rompió.
Esto, independientemente, de que se lo investigue en la Justicia por delitos en el desempeño de sus funciones que ya es un tema más de carácter penal que no es mi especialidad. Se trata de delitos contra la salud. Además, como causal de juicio político está la mentira. Mientras se desarrollaba el cumpleaños, un cable de una agencia de noticias oficial comentaba por primera vez la primera dama iba a hacer un festejo de su cumpleaños en forma virtual. Y luego el Presidente negó que hubiera habido fiestas. Todos los juicios políticos importantes de la historia a presidentes, por ejemplo de los Estados Unidos. El primer caso fue contra Richard Nixon por el Watergate que no se consumó porque el renunció antes. Pero la causal que más se consideró en el Congreso no fue el hecho de haber puesto escuchas en el cuartel central del partido demócrata, sino que dijo que no era cierto. Después le pasó algo parecido a Bill Clinton con el caso de Mónica Lewinski. En este caso también no fue tanto el hecho en sí que tiene que ver con su vida privada, sino que lo había negado. En Israel y Noruega también se jugó a presidentes por mentir.
– Desde el punto de vista político, si eventualmente se remueve al presidente, asumiría la vicepresidenta Cristina Kirchner.
– Si Cristina asumiría la presidencia no cambiarían mucho las cosas porque hace tiempo que en realidad quien tiene el poder es la vicepresidenta inclusive poco después de que asumió la nueva administración en diciembre del 2019. Yo me animé a hablar de vicepresidencialismo de hecho. Se ha producido una suerte de mutación constitucional, a pesar de la Constitución establece que el presidente ocupar el poder ejecutivo. El vicepresidencialismo es una inconstitucionalidad muy grande porque no fue producto de una reforma constitucional, sino de los hechos.
– La Argentina superó los más de 100 mil muertos por el Covid. ¿El vacunatorio VIP fue un delito y el Gobierno por el retraso en conseguir vacunas puede tener una responsabilidad penal por muertes en una pandemia?
– La misión del Presidente es hacer lo que corresponde, además fundado en las circunstancias. No solo él sino todos los funcionarios que actuaron en la negociación con Pfizer y Rusia, como (Carla) Vizzotti y (Cecilia) Nicolini deben ser investigados. Sus declaraciones y de la vicepresidenta demostraron que preferían vacunas provenientes de China y de Rusia por un tema ideológico. Se habló incluso que Pfizer se quería llevar los recursos naturales como los glaciares. Entonces, la falta absoluta de compromiso con la gente para privilegiar exclusivamente una alianza táctica de tipo ideológico, me parece que denota una responsabilidad penal inmensa por omisión e inclusive por acción porque se encuentra debería ser se tardó muchísimo tiempo. Curiosamente ese “imperio tan atroz” (Estados Unidos) que nos quería tomar nuestras reservas naturales, nos ha regalado millones de vacunas. Aplicar vacunas a tiempo hubiera salvado vidas. Es un tema matemático no es una un posicionamiento de tipo político. Los cálculos especialistas estimaron que, por los menos, se podrían haber salvado al menos 10.000 personas si las vacunas hubiesen llegado en marzo.
– Pero la jueza María Eugenia Capuchetti resolvió que en el caso del Vacunatorio VIP que aquellos que recibieron la vacuna en forma privilegiada como Valdés y Verbitsky no cometieron un delito sino una falta moral.
– Primero, en la mayoría de los casos los privilegiados debieron llenar una declaración jurada donde declararon que eran personal de salud o estratégico. Así que incurrieron en el delito de falso testimonio o de omisión maliciosa. La jueza demostró muy poco compromiso en su profesión. Evidentemente es una jueza cautelosa entre comillas. Además lo hizo de un modo muy extraño, porque algunos el caso de Gines Gonzalez García no le levantó la imputación, a Vizzotti sí y al sobrino, no. Es una sentencia tan absolutamente arbitraria.
– Tras la anulación del juicio del caso del Dólar Futuro, la vicepresidenta ¿logrará cerrar los siete procesamientos que aún le quedan?
– En su Batalla Final, como dice usted, yo espero que no logre su impunidad. Todo depende de si el oficialismo consigue o no quórum propio en la cámara de Diputados en las elecciones de noviembre. Muchos de los experimentos legislativos más temerarios de la vicepresidenta están ahí parados. El plan de impunidad ha logrado por lo menos de detener varios juicios como Cuadernos, Vialidad y Hotesur y Los Sauces. Inclusive no se le dan, desde la Corte Suprema, a esos tribunales federales, los medios suficientes para empezar los juicios. Es preocupante. Y en el caso Dólar Futuro y Pacto con Irán se ha dado algo que no tiene precedentes. Estos los tribunales federales han legislado en materia de procedimiento creando una “audiencia previa” al juicio oral, una instancia novedosa que viola el principio de legalidad. Hay jueces que han legislado y tomado funciones del Congreso. El código de procedimientos es una facultad del Congreso como así también la organización de la justicia. El tribunal oral federal 8 integrado por (José) Michilini, (Gabriela) López Iñiguez y (Daniel) Obligado no actuó conforme a la ley.
No quiero involucrar a los jueces de todos los fueros porque serían muy injusto. Pero estos son jueces acomodaticios, tiempistas y están asustados. Imagínense, en qué país una vicepresidenta acusada se permite insultar como lo hizo en otra oportunidad otro tribunal federal. Inclusive amenazar a los jueces de manera totalmente grosera durante más de hora y prenda un auditorio que se le permitió que entrase para lanzar una arenga política y no pasa nada, eso es una causal de juicio. Lo peor es los jueces que son premiados son los que colaboran con el poder.
– Elisa Carrió afirmó que Cristina Kirchner será condenada en dos o tres años y que sufrirá prisión domiciliaria, ¿comparte esta estimación?
– Todo depende de lo que va a pasar en las elecciones. Estos mismos jueces si ven que se terminó el tiempo político de este gobierno se van a dar vuelta. Son jueces calculadores porque piensan exclusivamente en su futuro. El atributo fundamental que debe tener un juez es el coraje para hacer cumplir la ley.
– El juez electoral de Mendoza Walter Bento está procesado y sigue organizando las elecciones, ¿debería pedir licencia hasta que se resuelva su situación procesal?
– Las acusaciones contra Bento son de una gravedad excepcional. Ya debería estar acusado y suspendido. El hecho de que desde el Consejo la Magistratura ni siquiera se lo haya acusado habla las claras de la enorme complicidad que hay. Por otra parte, la jueza electoral de la Capital logró nombrar a su hijo en la Magistratura y el oficialismo impulsó a Alejo Ramos Padilla, que usted lo conoce bien, al juzgado electoral de la provincia. No son confiables y controlan las elecciones en tres distritos electorales importantes.
– El Consejo de la Magistratura impulsó los concursos de los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia pero no de otros 37 jueces que también fueron trasladados, como dijo la Corte. ¿Falla la Magistratura?
– El Consejo de la Magistratura es una muy poco feliz incorporación a la Constitución desde un modelo del parlamentarismo europeo. Europa tiene una historia de monarquías. En cambio, nuestra constitución tomó el modelo presidencialista de los Estados Unidos. Es una cuña y, si me permite el término, contra natura. Pero lo peor fue todo fue el modo como se lo legisló. Es el único Consejo de la Magistratura que tiene miembros que son políticos. Esto no existe en ningún lado. Además, cuál es el sentido de poner políticos, en definitiva lo que hace la designación de magistrados, lo que hace el concepto la Magistratura es una actuación previa a la intervención de los dos organismos políticos (el gobierno y el Congreso) que son los que finalmente nombres es decir, seleccionan a partir de posición y de concurso a tres jueces que van a integrar la terna, el Poder Ejecutivo va a nombrar a uno y el senado va a prestar en acuerdo con lo cual, la participación crucial sigue siendo los órganos políticos del sentido de poner adentro también a representantes políticos.
Pero lo peor de todo es que esos representantes políticos, a pesar de que el artículo 114 de la Constitución dice que tiene que haber un equilibrio entre los representantes políticos y de la justicia. El problema se agravó con el ley que planeó la señora de Kirchner cuando era presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado en 2006. Disminuyó el número de miembros a 13, pero los cinco representantes del oficialismo y 2 legisladores de la oposición. En definitiva, más del 52% son políticos. Esta ley fue declarada inconstitucional hace ya cinco años por una excelente sentencia de la Cámara en lo Administrativo Federal y hace más de cinco años que una apelación del gobierno de Cristina está durmiendo en la Corte Suprema lo cual desde ya es sorprendente. Creo que gravísimo decir si la Corte Suprema hubiera confirmado esa inconstitucionalidad esta historia sería otra, sería la ley anterior también exagerada.
– Frente a Cristina Kirchner que entiende la justicia como un juego de poder ¿qué puede hacer la sociedad civil?
– Muchísimo y de hecho yo me cansado de decirlo que como nunca los banderazos han frenado en parte ese plan de impunidad o participando en entidades como REJIA. Hay que usar todas las herramientas de la democracia para impedir la impunidad y para abrazar a la República.
Fuente Clarin
