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Los empresarios y abogados laboralistas que trabajan con compañías quieren dialogar sobre el futuro del empleo con los sindicatos y el Gobierno. “En nuestra planta en San Fernando, hay entre un 20% y 25% de trabajadores que está en uso de licencias (sobre un total de 2000 personas). La actividad está al 70%, y con costos “extra” por protocolos para distintas actividades acordados con los sindicatos y transporte provisto. Hay un problema de ociosidad en las plantas y gente que está fuera del mercado laboral que tenemos que ir normalizando de alguna manera”, explica Javier Madanes Quintanilla, presidente de Aluar.
“Hay una caída de la actividad, combinada con sobrecostos. Hay menos gente convocable, se produce menos y hay que recurrir al pago de horas extras, que son más caras. Tenemos que buscar alguna salida, que no sea coercitiva, en busca de la normalización. Porque ahora tenemos dotación que no es convocable, y a su vez, personal eventual que no se puede formalizar hasta que no haya una solución a esta cuestión”, dice Madanes Quintanilla.
Una resolución del ministerio de Trabajo habilitó a las empresas a convocar a sus trabajadores que tengan una dosis de la vacuna contra el Covid-19, según señala el abogado Julián De Diego, experto en cuestiones laborales. Pero esa convocatoria por parte de las empresas no está alcanzando los resultados, según dicen en varias empresas.
“Sugiero que lo empecemos a charlar con los sindicatos, con el ministerio de Trabajo, para ir normalizando durante el transcurrir de la pandemia. Lamentablemente, y ojalá me equivoque, creo que va a tomar un tiempo (el fin de la pandemia) y mientras tanto creo que tenemos que ir trabajando en estos temas, para no perder oportunidades”, señala el empresario.
La Unión Industrial Argentina (UIA) planteó que a los trabajadores se les debería exigir vacunación frente al COVID-19 para desempeñar sus tareas, algo que rechazaron los sindicatos. “El planteo de la UIA tiene plena justificación, pero no tiene base normativa, porque la vacunación no es obligatoria”, destaca De Diego. “Los que están haciendo esta objeción para no volver a trabajar de manera presencial son gente joven. Y fundamentalmente ocurre en el sector industrial”, observa.
“En la industria la presencialidad es fundamental. Por ejemplo, la industria automotriz no tiene ningún interés en el trabajo remoto”, agrega De Diego.
Madanes cree que determinada población -en uso de licencia laboral, que cobra salarios sin asistir- podría ingresar a algún régimen de jubilación anticipada. “Sigo pensando en un esquema para ordenar esto de una manera no coercitiva, para alentar la concurrencia a la jornada laboral. Es una posibilidad”, menciona.
El ausentismo laboral para población de más de 60 años o con enfermedades que podrían agravarse en caso de Covid representa entre 20% y 30% de las dotaciones. Varía según la industria, la región donde se desempeña y otras variables, observan en empresas.
“Hoy uno puede convocar a los trabajadores, pero no es simple. No queremos que persona lo tome como una actividad forzosa”, destaca Madanes. También sostiene que “para crear nuevos empleos se necesita inversión y es dificil que haya inversiones si las plantas no vuelven a funcionar del todo”, agrega.
A comienzos de la pandemia, el Gobierno avanzó con ayudas en el pago de los salarios a través de un programa específico (ATP), que después fue eliminado por restricciones presupuestarias. Esa clase de ayudas -que también se implementó en Estados Unidos y varios países de la Unión Europea– fue una colaboración.
Las compañías industriales estadounidenses poseen hoy una valuación bursátil promedio superior a la época pre cuarenta. “Las empresas locales no están en valorización en el circuito bursátil. Tenemos que ir mirando el mundo en búsqueda de soluciones. Si no se lograr recuperar la inversión, no habrá empleo ni reactivación”, advierte.
Fuente Clarin
